Habituada a atender a mujeres indígenas víctimas de violencia de género, Noemí Prisciliano Fernández, coordinadora del Centro Comunitario Casa de Saberes Gúwa Kúma de Ayutla, Guerrero, asumió un caso de discriminación y racismo contra una indígena en la Ciudad de México, entonces gobernada por Claudia Sheinbaum Pardo.

El 13 de noviembre de 2024 Florencia Feliciano Espinoza, mujer me’ pháa, originaria de Rancho Nuevo, del municipio de Ayutla, llegó a Gúwa Kúma para denunciar que en la llamada “ciudad de los derechos” servidores públicos le quitaron a su bebé cuando éste tenía seis meses, mientras a ella la mantuvieron prácticamente en cautiverio en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) de Coruña y de Villa Mujeres. 

Inaugurado hace tres años como parte de las medidas de no repetición en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por la tortura sexual contra Inés Fernández Ortega, cometida por militares en 2002, Gúwa Kúma cuenta con profesionistas que atienden en diferentes lenguas indígenas a mujeres violentadas. 

“Florencia llegó desesperada, muy triste y ansiosa por saber de su bebé; llevaba en la mano un papel y al revisarlo vimos que era un citatorio con un número de carpeta de investigación en su contra por violencia familiar.

“Se sentía culpable; lo primero que hicimos fue atenderla psicológicamente en su lengua, que entendiera que ella y su hijo eran víctimas de discriminación, de separación familiar, y que tenía derecho a recuperarlo”, recuerda Prisciliano Fernández, quien buscó la colaboración del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representó a su mamá ante la Co IDH, y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), con sede en la Ciudad de México.

Pequeñita, Florencia llegó a la Ciudad de México en noviembre 2022, huyendo de…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.