CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En su intención por ser ratificada en el cargo por otros cuatro años, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, reconoció ante el Consejo Judicial Ciudadano que apenas se lleva entre “35% o 40%” de avance en la transición de la Procuraduría a la Fiscalías que comenzó en 2020 y excusó esa lentitud, en parte, por la pandemia de covid-19.

Ante los 11 integrantes del organismo presidido por Jorge Nader que la entrevistaron en el salón “Heberto Castillo” del Congreso de la Ciudad de México, como parte del proceso para decidir si la ratifican o no en el cargo, reconoció:

“Si a mí me dijeran ‘da un porcentaje’, yo me atrevería a decir que estamos en 35 o 40% de avance en la transición”.

Recordó que, tras un proceso amplio de consulta, integrantes de la sociedad civil elaboraron un modelo de Fiscalías y agregó: “si logramos llegar a ese modelo algún día, será una cosa extraordinaria en todo el mundo…hay temas y puntos que tienen que ser bajados a la realidad; yo siempre digo: me dejaron un modelo a 10 mil metros de altura, pero es un modelo, una ruta de navegación”.

En una sesión de más de cuatro horas de preguntas ausentes de crítica, casi a modo, de la mayoría de los consejeros, Godoy Ramos aseguró que este proceso de ratificación es “el más complejo del país” y que debería aplicarse no solo en las fiscalías de otras entidades, sino en otros organismos públicos.

Luego dijo que quería “presumir” los principales “logros” de la institución bajo su mando, como el aumento --según sus cifras-- de 29% a 38% en la confianza en el Ministerio Público y una mejor percepción en la procuración de justicia.

La funcionaria mencionó en repetidas ocasiones su ya conocido discurso de que en todo el trabajo se “pone a las víctimas del delito en el centro de la atención”.

Otra de las acciones que destacó la fiscal fue la creación del Banco de ADN, que cuenta con 25 genetistas con capacidad de procesar seis mil perfiles genéticos al mes. Tal es su especialización, dijo, que ya colabora con la Secretaría de Gobernación para estudiar perfiles genéticos de cuerpos hallados en Guerrero. Además, se ha logrado detener a cuatro “violadores seriales” que tenían pendientes agresiones desde 2010.

La fiscal reconoció que aún hay desconfianza de la ciudadanía en el Ministerio Público para interponer denuncias, lo que genera delitos con una “gran cifra negra altísima”, como el robo a transeúnte. “Ese es un tema que, mirando al futuro, necesito trabajar… el modelo de atención temprana, no lo tengo en todas las fiscalías”, dijo.

De paso, informó que 238 servidores públicos de la FGJ local han sido sancionados por el área de Asuntos Internos; 125 han sido imputados por distintos delitos, 100 han sido sancionados con separación del cargo o llevados a procesos penales y están en prisión.

“Deuda histórica con mujeres”

Cuestionada por varios consejeros sobre el combate al feminicidio, Godoy Ramos reconoció que hay una “deuda histórica de la Fiscalías con las mujeres”, pero destacó que en lo que va de su administración se han reclasificado como feminicidio 20 casos que, cuando ocurrieron, en pasadas administraciones, habían sido catalogados como muertes por accidente o suicidio.

En este año, dijo, se han presentado 44 casos de feminicidio, pero se tienen más de 90 vinculaciones a proceso por otros casos atrasados en los que se detiene a los agresores “y nos los traemos desde donde anden”, dijo.

También manifestó su “respeto absoluto a las colectivas porque son red de apoyo a las víctimas, es una manera de comunicación con la autoridad”.

Sobre la declaratoria de la Alerta por Violencia de Género en la CDMX, aseguró que la capital “es la única entidad que, motu proprio decidió decretarla”, cuando la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum “dijo ‘hay violencia, hay que decretarla’”.

La fiscal Godoy omitió decir que, antes de la declaratoria hecha el 25 de noviembre del 2019, la mandataria local negó en varias ocasiones ante la prensa que la Alerta por Violencia de Género fuera necesaria, pues su gobierno ya había aplicado varias medidas para combatirla.

Luego presumió la capacitación en perspectiva de género y derechos humanos de 100% del personal de la Fiscalía.

La funcionaria reconoció que el delito de violencia familiar “ha ido en aumento” al grado de que se abren 80 carpetas de investigación diarias, pero destacó las medidas que junto con la Secretaría de las Mujeres se han puesto en marcha para prevenir agresiones mayores.

De hecho, dijo que en lo que va de 2023 se ha logrado salvar a cinco mujeres de algún riesgo feminicida.

El feminicidio de cuatro mujeres y el homicidio de un periodista, crimen conocido como “El Caso Narvarte” y ocurrido hace ocho años, no mereció ningún guiño de la fiscal.

Línea 12 y despojo

La funcionaria destacó que en su gestión se ha dado prevalencia a la justicia alternativa y puso como ejemplo los acuerdos reparatorios logrados con 11 víctimas del colapso de una trabe del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021.

“Hay acuerdos reparatorios del daño para 111 víctimas y hay 10 personas vinculadas a proceso”, recordó, en referencia a lo firmado entre esas víctimas y la empresa constructora de Grupo Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, así como a los exfuncionarios del Proyecto Metro, respectivamente.

“Es mejor que estén reparando la Línea 12, que estar en largos procesos para las víctimas, que es lo que están promoviendo asesores jurídicos para 11 personas”, en referencia indirecta al abogado Teófilo Benítez.

En la entrevista, no se mencionó el nombre de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, acusada por la defensa de los exfuncionarios imputados por la presunta ausencia de mantenimiento en la llamada Línea Dorada.

Al ser cuestionada sobre el delito de despojo, la fiscal Godoy se tornó un tanto nerviosa y reconoció que, lo que hace años se concentraba en el centro de la capital, hoy ya se da en “varias partes de la ciudad”.

Según dijo, en su administración se tiene una agencia especializada en esos casos y ha aumentado el número de inmuebles asegurados y devueltos a sus propietarios.

“Autónoma” y sin litigio político

Ante la pregunta de un consejero, Godoy Ramos defendió la “autonomía” de la FGJCDMX y el mejoramiento de su trabajo, aun cuando he tenido reducción de presupuesto”. Y dio un ejemplo de la aplicación de la austeridad: “no puede faltar ni un litro de gasolina para las patrullas de la Policía de Investigación”.

La fiscal negó que en la Fiscalías se hagan investigaciones contra funcionarios de la oposición, aunque, dijo, “a veces coincide” con tiempos políticos. Y sin mencionar a la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX, cuyos integrantes se han opuesto a su ratificación, recordó que fue por una explosión en un edificio de la alcaldía Benito Juárez como comenzó la investigación sobre la red de corrupción inmobiliaria en esa demarcación.

“En la investigación van saliendo cosas que nos han dado lo que todo mundo conoce, que no voy a repetir porque tengo amparo mordaza. Fue en un tiempo político, pero es lo que dio la investigación y no podíamos dejar de hacerlo, eso podía ocasionar lo que están ahorita en mi contra, pero no importa, tenemos la convicción de no dejar pasar la corrupción, de que no podemos cerrar los ojos ante la corrupción interna de la Fiscalías y hacia afuera.”

Y alardeó: “Por eso hay exservidores públicos de todos los colores; tengo diputados a los que desaforé, otro que anda huido y espero que regrese”, en referencia a Mauricio Toledo, del PRD, que huyó a Chile.

Al final de la entrevista, Godoy Ramos agradeció al Consejo Judicial Ciudadano “porque, cualquiera que sea el resultado, fue un proceso serio, público, abierto, que hayan impulsado la participación de la ciudad”.

Cuando el micrófono aún estaba abierto y la fiscal comenzó a despedirse, les dijo: “Estoy en sus manos”.

Antes del 17 de octubre, el Consejo deberá hacer pública su opinión de ratificar o no a Godoy. Luego deberá enviar su veredicto al jefe de Gobierno Martí Batres y éste, a su vez, deberá enviarlo al Congreso de la CDMX, donde la decisión deberá ser votada en el pleno por mayoría de dos tercios, es decir, con 44 de los 66 votos de los diputados locales.