CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La inconformidad estudiantil recorrió las inmediaciones del Centro Histórico capitalino, del Palacio de Bellas Artes a las puertas de Palacio Nacional. Su demanda: “educación digna y ciencia libre”.

Protagonistas de la marcha, estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuya comunidad se opone a la dirección identificada con el actual gobierno, así como a las políticas seguidas desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al que señala recortes, reivindicaron sus exigencias de libertad de cátedra, garantías a la autonomía universitaria, reconocimiento a la organización estudiantil y presupuestos justos.

Y es que, en la protesta, participaron también alumnos de dos de destacadas universidades públicas fuera de la Ciudad de México, entre estas, la Universidad de Guadalajara, la de Las Américas de Puebla y otras con contingentes menores que, en concreto, solicitaron una audiencia con el presidente López Obrador y la destitución inmediata de la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

Durante la actual administración, las políticas de austeridad han impactado a las instituciones de educación superior, destacadamente por reducciones presupuestales y extinción de fideicomisos. Además, un conflictivo proceso de renovación de la dirección en el CIDE, ha mantenido encendida la inconformidad de académicos y estudiantes por considerar que la nueva dirección, encabezada por el director, José Antonio Romero Tellaeche, fue impuesto por el gobierno de la República.

La demanda del contingente que marchó hoy a Palacio Nacional, es que el mandatario federal conceda una audiencia a los colectivos estudiantiles, a fin de “reflexionar” y construir “una ruta de Estado” con carácter transexenal en materia educativa y científica.

En particular, los representantes universitarios demandaron recursos justos y concensuados con las comunidad académica y científica para actividades docentes pero también de investigación.

Los señalamientos incluyeron críticas a la supuesta partidización de las operaciones en las universidades, destacando en su pronunciamiento “las acusaciones sin pruebas que se hacen desde el poder público” a la comunidad académica “que incomoda al hablar con la verdad”; la imposición de directivos en institutos superiores; la asfixias presupuestal de la Universidad de Guadalajara, y “el intento de captura de la Universidad de las Américas Puebla”.

Además, enunciaron disminución en proyectos de investigación; retraso y condicionamiento injustificado de becas estudiantiles; complicidad entre la Fiscalía General de la República y el Conacyt, e inclusive, una persecución de la organización estudiantil.