El conflicto por las decisiones de su director general, José Antonio Romero Tellaeche, mantiene al CIDE paralizado y endeudado. La crisis derivada de la desaparición de su fideicomiso y la imposibilidad de utilizar sus ahorros por restricciones de la Secretaría de Hacienda frenaron proyectos, prestaciones y hasta el pago a los académicos del centro de estudios, quienes estudian la posibilidad de ir a huelga, interponer una demanda colectiva, ampararse o entablar un litigio laboral.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) enfrenta una crisis financiera. Adeuda más de 17 millones de pesos a sus profesores y, aunque tiene ahorrados alrededor de 300 millones, no puede disponer de ellos porque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le tienen las manos atadas y dejan en vilo su operación para los siguientes meses.

Dicha situación no sólo ha mermado el desempeño de los académicos, también afecta la producción de proyectos de investigación, cursos y diplomados, así como el intercambio educativo con organismos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial y la Unión Europea, lo que podría repercutir en su reputación. De paso, tiene en la incertidumbre a estudiantes y trabajadores de sus sedes Santa Fe y Aguascalientes.

Por si fuera poco, el CIDE padece la toma de decisiones que violan su estatuto y abonan al descontento de la comunidad cideíta, que existe desde noviembre de 2021, cuando José Antonio Romero Tellaeche fue nombrado director general por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en un proceso irregular, del cual aún no se ha hecho pública el acta de nombramiento.

“Cada año el CIDE tenía que buscar recursos adicionales propios para cubrir sus gastos y lo lográbamos porque el fideicomiso nos daba flexibilidad, pero ahora no nos dejan hacer proyectos ni tomar dinero de los ahorros. Si esto no se resuelve pronto, podría llevarnos al emplazamiento a huelga o a interponer litigios laborales”, alerta Javier Aparicio, secretario general del Sindicato del Personal Académico del CIDE (Sipacide).

En entrevista explica que hasta octubre de 2020 el CIDE tenía dos formas de obtener recursos para su operación: el presupuesto anual federal como parte del Conacyt y la generación de recursos propios por proyectos de investigación, programas de educación continua y convenios internacionales.

Sin embargo, con la cancelación del Fideicomiso del CIDE –uno de los 109 afectados con la aprobación en el Senado de la iniciativa del gobierno federal el 21 de octubre de 2020–, los 300 millones que había en el fideicomiso hasta esa fecha fueron asegurados en una cuenta bancaria que no puede tocar, según Lorena Ruano, exsecretaria del Sipacide.

La razón: el Conacyt no ha emitido las reglas de operación correspondientes y éstas aún deben ser aprobadas por la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O.

Así se fue atrasando el pago de salarios y estímulos a profesores por los conceptos de “impacto académico”, “investigación”, “desempeño institucional” y “participación en proyectos financiados con recursos externos” contenidos en su contrato colectivo de trabajo, su estatuto académico y los lineamientos del propio Conacyt.

Sólo en el rubro de participación en proyectos, el CIDE debe entre 16 y 17 millones de pesos a unos 120 académicos, calcula Aparicio.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2378 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.