CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La mañana de este jueves, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia habitual, familiares de las víctimas del caso News Divine colocaron en la plancha del Zócalo, afuera del Palacio Nacional, un anti monumento al cumplirse 11 años de la tragedia en la que perdieron la vida 12 jóvenes y 16 más resultaron lesionados. Ante la mirada de los pocos transeúntes que pasaban por el lugar a esa hora, un grupo de mujeres colocaron el número 12 en rojo y colocaron una decena de coronas de flores para exigir a las autoridades capitalinas y federales justicia en el caso que para ellas aún no está cerrado, pues ninguno de los servidores implicados en el fallido desalojo de la discoteca ubicada en la delegación Gustavo A. Madero fue sancionado. El único imputado fue el administrador del antro. Uno de los funcionarios relacionado con el caso es el actual gobernante en esa alcaldía, Francisco Chiguil, a quien los familiares de las víctimas acusan de ser el responsable de la reapertura de la discoteca a pesar de no cumplir con la normatividad para operar. El 20 de junio de 2008, en respuesta a una queja vecinal sobre la venta de droga en el establecimiento y la presencia de menores de edad, la entonces jefatura delegacional encabezada por el propio Chiguil llevó a cabo un operativo que terminó en la muerte por asfixia de 12 jovencitos, después de que los elementos policiacos que intervinieron decidieron cerrar el sitio, provocando que el pánico invadiera a los que se encontraban dentro y murieran aplastados contra la puerta que se mantuvo cerrada por los policías. En un principio, las autoridades capitalinas fincaron responsabilidades a algunos mandos medios y policías que intervinieron en el operativo, pero con el paso del tiempo fueron exculpados y recuperaron su libertad. El pasado martes 25, el Consejo de la Judicatura capitalina removió al juez del Sistema Procesal Acusatorio, Ángel Aarón Cámara Atristáin, quien el 26 de febrero pasado ordenó ampliar la investigación, a fin de ofrecer justicia a las víctimas del caso que, a decir de los familiares, llevarán hasta la Corte Interamericana de Justicia (CIDH).