CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Colectivos defensores de derechos humanos solicitaron formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realice una audiencia pública para debatir el tema de prisión preventiva oficiosa que dejó pendiente la anterior integración del Máximo Tribunal.

La petición cuenta con la firma de más de 600 personas, organizaciones y otros colectivos y fue presentada esta mañana ante la Oficialía de Partes Común de la Corte por integrantes de los colectivos Pena sin Culpa y Red Solidaria Década contra la Impunidad, representantes respectivamente de los casos García Rodríguez y Tzomplaxte Tecpile contra México.

La solicitud fue presentada antes de que la SCJN discuta cómo México cumplirá las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en los casos Tzomplaxte Tecpile y García Rodríguez en los que el Estado mexicano fue condenado por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

En sus sentencias, la CorteIDH declaró que ambas figuras son violatorias de derechos humanos y, por tanto, inconvencionales, por lo que el Estado mexicano debía dejar de aplicarlas.

“La solicitud busca que la promesa de apertura de la actual Suprema Corte se materialice en un foro amplio de discusión e información en el que las más de 40 mil personas bajo prisión preventiva oficiosa y sus familiares sean escuchadas, con la participación de universidades, clínicas universitarias, colegios y barras de abogados y personas expertas antes de resolver el cumplimiento de las sentencias internacionales que obligan al Estado a eliminar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo”, añadió el Colectivo.

Específicamente en el caso de la prisión preventiva oficiosa, la CorteIDH declaró que el Estado debía dejar de aplicarla de manera automática únicamente tomando en consideración el delito por el que está acusada una persona y sin tomar en cuenta las particularidades de cada caso.

Este tema fue uno de los que la anterior integración de la Corte dejó pendientes aunque el ahora ministro en retiro, Juan Luis González Alcántara Carrancá ya tenía listo su proyecto para ordenar inaplicar la prisión preventiva oficiosa de manera automática, como indicó el organismo Interamericano.

En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y servidores públicos allegados a él, como la ahora ministra María Estela Ríos González, se pronunciaron en contra de la postura tanto de la Corte Interamericana como de la propuesta de González Alcántara Carrancá.

El Colectivo Pena sin Culpa intentó que Ríos González no participe en el debate pues ella es la encargada de elaborar el proyecto de sentencia que González Alcántara Carrancá no alcanzó a presentar en el anterior Pleno.

Sin embargo, en febrero pasado la nueva integración de la Corte declaró, por unanimidad y sin debate público, que la ministra no está impedida para intervenir en el caso.