CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las contrataciones de la empresa Broxel han quedado bajo la lupa de diversas instancias, luego de que su historial de adjudicaciones directas y contratos millonarios con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y gobiernos estatales de extracción panista, generaran sospechas por presuntas irregularidades.

De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Hacienda, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera y el Congreso de la Unión han recibido diversas denuncias para indagar “los nexos (comunicaciones/transferencias/reuniones) entre los gobiernos panistas y personal de la compañía constituida por Gustavo Gutiérrez Galindo”.

Uno de los puntos de mayor interés es la relación de la empresa con el Infonavit desde la gestión de David Penchyna, cuando en 2016 comenzó a recibir contratos del organismo. De acuerdo a un seguimiento realizado por Proceso, entre 2016 y 2024, Broxel acumuló 10 contratos con el Instituto por más de 701 millones de pesos, de los cuales ocho fueron asignados por adjudicación directa.

De acuerdo con información consultada en Compranet, el acuerdo inicial entre el Infonavit y Broxel, en 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue por más de 62 millones de pesos para la emisión, administración y operación de las tarjetas correspondientes al programa Mejoravit.

Las denuncias señalan que este antecedente fue empleado para justificar la entrega de un nuevo contrato en junio de 2024, bajo el argumento de dar continuidad al programa Mejoravit, cuando en realidad se trata de la administración de recursos en ConstruYO, una iniciativa distinta. En este contexto, las instancias mencionadas se disponen a investigar por qué se utilizó ese antecedente como justificación para la asignación sin licitación.

Mientras que el Infonavit ha justificado la continua contratación de Broxel por su “desempeño”, hay evidencias de que al menos un usuario se quejó a través de transparencia por cargos indebidos a través del programa ConstruYo.

El tema ha cobrado mayor relevancia debido a que el nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó en conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum diversas irregularidades detectadas en la gestión del Instituto, algunas vinculadas a esquemas de contratación.

Adjudicaciones en estados panistas

El alcance de Broxel en los gobiernos estatales también ha llamado la atención por un común denominador: los gobiernos emanados del PAN son los únicos que contratan a dicha empresa.

Entre 2021 y 2024, la firma obtuvo contratos en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, cuando estos estados estaban bajo gobiernos panistas. El monto de los acuerdos supera los 800 millones de pesos, aunque en algunos casos no se especifica el valor total de los convenios.

De los 36 contratos localizados, 19 fueron por adjudicación directa, a pesar de que las leyes de adquisiciones y obras públicas establecen criterios específicos para recurrir a esta modalidad, como la falta de proveedores alternativos o situaciones de emergencia. Ante este escenario, las denuncias ante las diferentes instancias exigen que se revisen los nexos entre funcionarios estatales y la empresa de Gustavo Gutiérrez Galindo, director general de Broxel.

Arrastra sanciones

A la suma de contratos con el Infonavit y los gobiernos estatales, se agregan 250 convenios federales por más de 3 mil 169 millones de pesos. De estos, 101 fueron adjudicaciones directas y 25, invitaciones restringidas.

Sin embargo, junto con los ingresos millonarios, también han surgido señalamientos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En enero de 2020, la CNBV amonestó a Broxel Transfer por incumplir con disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, luego de no entregar a la Secretaría de Hacienda su reporte de operaciones relevantes del tercer trimestre de 2018 en tiempo y forma. Dos años después, en 2022, la Financiera Broxel recibió otra sanción por proporcionar información falsa o incompleta.

Además, en la fiscalización de la cuenta pública 2020, la ASF incluyó a Servicios Broxel en un listado de empresas con recursos no justificados por Liconsa.