CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó la posibilidad de que el Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) revise la situación de México y la ponga a consideración de la Asamblea General, a través de su secretario general, Antonio Guterres.  

Tras la conclusión del 29 periodo ordinario de sesiones del CED en Ginebra, en el que se revisó en sesión cerrada el caso de México como parte de la aplicación del artículo 34, que faculta a ese órgano de tratado establecer si un escenario con más de 133 mil personas desaparecidas forman parte de una situación generalizada y sistemática, la CNDH presidida por Rosario Piedra Ibarra emitió un comunicado para repudiar “la idea de que la respuesta a los problemas de México sea la intervención de organismos extranjeros”.  

En el documento, que hace referencia al informe sombra que familiares de víctimas de desaparición, organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas entregaron al CED, el organismo señaló que la ONU atraviesa por problemas “enormes en materia de financiamiento, de atención al cambio climático y de conflictos armaos y construcción e paz, como lo ha demostrado la imposibilidad de las potencias mundiales para poner un alto al genocidio en contra del pueblo palestino en Gaza”, como para dirigir sus esfuerzos en las desapariciones en México.  

“Si la comunidad internacional y en particular la ONU, van a ocupar su atención, no debería ser para apuntar el caso de un país soberano que en los últimos años ha demostrado que puede, con el apoyo democrático de la mayoría del pueblo, ir trazando su propio camino hacia una sociedad más igualitaria, más justa y derechos para todos, no para unos cuantos”, declaró la CNDH.  

En el documento, el organismo minimiza la conclusión a la que llegarán los diez integrantes del CED, expertos seleccionados por representantes de los estados firmantes el tratado contra las desapariciones forzadas y que forman parte de la ONU sobre la situación de desapariciones en México, al señalar que “su opinión no representa lo que pueda opinar la comunidad internacional, y puede ser sujeta a debate y contraargumentos”.  

En lo que calificó como una explicación para que “el pueblo cuente con mayor claridad” de lo que significa la activación del artículo 34 del reglamento del CED, el organismo presidido por Piedra Ibarra señaló que esa medida, anunciada en abril de este año, “puede acarrear presión política para nuestro país desde perspectivas internacionales que no empaten con la realidad ni las necesidades nacionales”.  

Según la CNDH los argumentos de la CED para declarar el inicio del procedimiento “están relacionados con hechos y acciones gubernamentales previas a 2019”, en específico sobre “políticas de seguridad inadecuadas que imperaba durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, cuya gestión estuvo marcada por la mal llamada ‘guerra contra las drogas’, que fue el contexto facilitador del alza sin precedentes de las desapariciones en México en los últimos años”. 

Al omitir que la política de militarización de la seguridad pública llevada a cabo por Calderón se acentuó con Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Claudia Sheinbaum, la CNDH apuntó que la situación de estados como Veracruz, Colima y Nayarit, mencionados como emblemáticos en el informe sombra entregado a la CED, “están fuertemente vinculados a los gobiernos estatales de personas priistas con dañada reputación política, algunos de ellos sentenciados por delitos graves”. 

Al quejarse de que en el CED no mencione el trabajo de la CNDH, el organismo salió en defensa de los gobiernos de la Cuarta Transformación al sostener que “las desapariciones forzadas no son consecuencia de una política de Estado como sí ocurría en el pasado, durante la llamada ‘guerra contra el narco’ y durante el periodo de violencia política conoció como ‘guerra sucia’”.  

El organismo informó que entre 2009 y 2025, registró 396 expedientes de queja por desaparición forzada o involuntaria de personas, acumulándose el 69.6% de los casos, 272 expedientes, entre 2009 a 2011, de los cuales 102 corresponden a 2011. 

Según la CNDH entre 2020 y 2025, durante los gobiernos de la 4T, “se han registrado 46 expedientes, esto es 11.6% de todas las quejas entre 2009 y 2025”. 

El organismo cuestionó que “esta tendencia a la baja no es ni siquiera considerada por el CED”, información que es consultable en la página web de la CNDH, en la que se advierte que “de los 396 expedientes mencionaos, 56.8% se abrieron por hechos ocurridos en cinco entidades: Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y Coahuila”, y que la mayoría de los casos ocurrieron entre 2009 y 2012, “en plena estrategia de seguridad fallida durante el calderonismo”.  

Al señalar que durante la gestión Rosario Piedra Ibarra se emitieron 21 recomendaciones por desaparición forzada “de casos actuales y de otros que estaban archivados y no se atendieron”, el organismo omitió mencionar que de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 133 mil 773 personas desaparecidas y no localizadas al 2 de octubre, y una crisis forense de más de 72 cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías. 

En su comunicado, la CNDH de Rosario Piedra insiste en rechazar el escrutinio internacional. 

“Desde la Comisión Nacional diferimos categóricamente de las posturas mediáticas que ignoran el trabajo de diversas instancias del Estado mexicano en los últimos años, y que creen que la intervención de agentes extranjeros es la ruta adecuada. Esta Comisión Nacional tiene claro que nos toca a todas y todos en México identificar los problemas nacionales, trazar rutas entre autoridades, instancias protectoras de derechos humanos y el Pueblo”, sentencia el comunicado.