CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) multó a Banco Actinver por solicitar que Loretta Ortiz Ahlf fuera declarada impedida para conocer de los litigios en los que la institución fue demandada por Rafael Zaga Tawil.

Por unanimidad de votos el Pleno de la Corte avaló la propuesta de la ministra Lenia Batres Guadarrama de desechar el impedimento planteado contra Ortiz Ahlf y declarar improcedentes los que también planteó con los ahora ministros en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Asimismo, los ministros avalaron imponer una multa a Banco Actinver por 300 Unidad de Medida y Actualización (UMAs) equivalentes a 33 mil 942 pesos, por considerar que los impedimentos planteados tenían como objetivo retrasar el procedimiento de manera injustificada.

“Se desprende de la falta de elementos de prueba objetivos y suficientes para demostrar las afirmaciones de la promovente, así como la vaguedad e imprecisión de sus manifestaciones que no dejan lugar a dudas sobre la falta de necesidad del presente incidente”, indica el fallo aprobado por el Pleno.

Grupo Financiero Actinver fue demandado por Zaga Tawil por incumplimiento de contrato de fideicomiso y responsabilidad civil.

La institución fue condenada a pagar mil millones de pesos por concepto de daños y perjuicios y 100 millones de pesos por concepto de daño punitivo.

Al impugnar la decisión, el banco afirmó que Abel Chávez Salinas, abogado de Rafael Zaga Tawil es yerno de Ortiz Ahlf y que la ministra tiene una investigación en su contra ante la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos por supuesto tráfico de influencias y corrupción, en la que estaría implicado Chávez Salinas.

La ministra respondió que aunque Chávez Salinas sí es su yerno, no existe ninguna prueba de que fuera abogado de Zaga Tawil.

En su intervención, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz señaló que el banco únicamente exhibió como pruebas notas periodísticas sobre una posible investigación contra Ortiz Ahlf.

“En el proyecto se señala que existe una investigación en Estados Unidos, sin embargo, yo, al revisar el expediente advierto que sólo son notas periodísticas, no hay una prueba de que efectivamente exista tal procedimiento”, indicó.

“Una característica de la recusación es que, el que recusa está obligado a probar, y nosotros no podemos dar por sentado porque no hay datos en el expediente que, efectivamente, haya una investigación, lo que viene en el expediente son ligas para páginas de medios de comunicación que hacen esta afirmación”.