CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Guerrero, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) pidió justicia por la masacre de 10 de sus compañeros, perpetrada en la zona rural del municipio de Chilapa el 17 enero de 2020 y que dejó a ocho mujeres viudas y 23 niños en la orfandad. 

Desde 2015, grupos narco–paramilitares han asesinado a 63 personas y desaparecido otras 22, integrantes del CIPOG-EZ y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), indican en un comunicado. 

“Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado recorren nuestro estado y hablan de seguridad y justicia les decimos: ‘¿Cómo pueden hablar de justicia cuando no han resuelto ninguna de las injusticias que hemos sufrido?’” 

“Más bien, han permitido que el terror y la violencia se expandan en nuestro Estado”. 

En el documento, el CIPOG-EZ recuerda que hace cinco años, 10 de sus compañeros y compañeras fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en la comunidad de Mexcalzingo. 

Indica que las víctimas de la comunidad de Alcozacán se dirigían al pueblo de Tlayelpan para tocar como parte del grupo musical “Sensación”. 

Entre las víctimas, asegura, se encontraba un menor de 15 años. “Eran personas con sueños, hijos, padres, esposos, amigos”: 

1. José Julio Fiscaleño Hilario, 37 años, agricultor, papá de una niña. 

2. Cándido Fiscaleño Hilario, 20 años, agricultor, papá de una niña. 

3. Crescenciano Migueleño, 37 años, chofer, con dos hijos. 

4. Israel Tolentino Ahuelican, 24 años, chofer, policía comunitario de la CRAC-PF. 

5. Israel Mendoza Pasado, 15 años, estudiante, hijo único. 

6. Regino Fiscaleño Chautla, 27 años, agricultor. 

7. Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, iba a ser papá. 

8. Florentino Linares Jiménez, 32 años. 

9. Juan Joaquín Ahuejote, 42 años, ingeniero de audio, con cuatro hijos. 

10. Marcos Fiscaleño Baltazar, 36 años, agricultor, con seis hijos. 

El ataque, indica, fue un acto diseñado para sembrar terror. 

“Para que dejáramos de organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia, y nuestro proyecto de autonomía, para que pudieran saquear nuestros territorios y despojarnos de lo que nuestros antepasados lucharon por preservar”. 

La organización insiste que la masacre no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de violencia y exterminio sistemático que los pueblos indígenas de Guerrero han sufrido a manos de estos grupos narco-paramilitares que están coludidos y protegidos por autoridades locales y estatales. 

Estos grupos, señala el CIPOG-EZ, tienen controlados a policías municipales, ministeriales, estatales, Ejército, Marina y Guardia Nacional. 

“Cinco años después, seguimos sin justicia. La Fiscalía del Estado no ha investigado adecuadamente este crimen ni ha detenido a los responsables”. 

Mencionan además que los pueblos de los municipios de San Luis Acatlán, Acapulco, Pinotepa Nacional y Marquelia, en la región Costa Chica, sufren diariamente extorsiones, desapariciones, asesinatos y asaltos perpetrados por otros grupos narco-paramilitares. 

“Los crímenes son constantes y las autoridades municipales los encubren. Ya no es seguro transitar por la carretera. La presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en la zona es pura simulación, ya que los narco-paramilitares siguen operando, controlando el territorio. Todo esto lo sabemos bien en los pueblos de Guerrero”. 

En otra parte del documento, la organización indígena, se dirige a la jefa del ejecutivo, Claudia Sheinbaum: 

“Usted presidenta va y viene. Nosotros seguimos atrapados en esta pesadilla”.   

“No olvidamos ni una sola vida. Exigimos justicia para nuestros compañeros asesinados en Mexcalcingo y para todas las víctimas de la violencia en nuestro estado”. 

Y exigen a la Fiscalía de Guerrero que cumpla con su responsabilidad y procese a los culpables materiales e intelectuales del crimen. 

“Si las autoridades no pueden cumplir con su deber, que renuncien, ya no toleramos más la complicidad y la impunidad”. 

Advierten que si el gobierno se niega a realizar su trabajo tomarán acciones para buscar justicia y paz para los pueblos. 

“Hacemos directamente responsable a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado por cualquier atentado contra los integrantes de las comunidades que conforman el CIPOG-EZ y la CRAC-PF y por toda la violencia que está pasando en Guerrero ya que se niegan a tener un diálogo con nuestros pueblos y ocultan la inseguridad que vivimos”, concluye.