CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde hace 13 años Erick y Verónica Razo Casales viven en “una película de terror” de la que no han podido librarse desde que fueron detenidos ilegalmente y torturados (ella de manera sexual) para fabricarles secuestros que nunca cometieron. 

Los autores de las agresiones son agentes adscritos a la extinta Policía Federal, que entonces dirigía personal cercano a Genaro García Luna - jefe de la policía de Felipe Calderón-, hechos validados por funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 

Pese a que fueron absueltos de los delitos que se les imputaron, Erick Razo en mayo de 2022 y Verónica en enero de 2024, mantienen su lucha en busca de que sus agresores, agentes de la PF, ministerios públicos y médicos legistas, rindan cuentas ante la justicia. 

Las dos detenciones arbitrarias que sufrió Erick en una semana en la Ciudad de México, atribuidas a agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia la CDMX, en colaboración con su homóloga del Estado de México, fue para fabricarle delitos que no cometió: portación de arma prohibida, narcomenudeo y cohecho, señalamientos hechos por la fiscalía capitalina; la autoridad en el Estado de México lo procesó por secuestro. 

No sólo eso: en una de sus detenciones Erick fue torturado y amenazado con represalias contra su madre y hermana si no se desiste de la denuncia por las torturas de 2011, asunto en el que los hermanos están siendo representados por la asesoría jurídica federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La noche del 27 de junio último, Erick se encontraba con su asesora jurídica en su automóvil, estacionado en la esquina de la calle Casas Grandes y Xola, en la Ciudad de México, para diseñar la estrategia jurídica para la audiencia que sostendrían el lunes 1 de julio pasado, en la que se interrogaría a una perito que modificó su dictamen sobre la tortura que sufrió Razo Casales en 2011. 

“De repente llegó un sujeto vestido de civil, vestía pantalón obscuro y sudadera gris, abrió la puerta trasera de mi vehículo, la cerró, y luego me abrió la puerta a mí... me preguntó que qué había hecho por la mañana, que me preguntaba por las buenas que después no iba a ser así”, cuenta Razo Casales en entrevista. 

Pese a que Erick abrió la cajuela de su automóvil y se mostró colaborativo, fue esposado por la espalda y subido a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país. Su asesora jurídica fue sometida por una mujer policía mientras exigía que su defendido fuera liberado ante la evidente arbitrariedad de la detención. 

De acuerdo con Erick, metros más adelante, sobre Casas Grandes, fue cambiado a una patrulla negra también de la SSC, donde fue subido a la parte trasera con dos personas que lo torturaron. 

“Me comienzan a golpear con un tubo como de playo (plástico para embalar) , y con ese plástico me envolvieron la cabeza para asfixiarme; después de cortar el plástico con ese mismo tubo me golpearon la rodilla izquierda varias veces; rompieron el plástico a la altura de la boca para que pudiera respirar y luego me volvieron a envolver la cabeza con más playo”, relata Erick. Esa dinámica se repitió tres veces mientras le preguntaban qué había hecho por la mañana, todo antes de ser llevado a la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes (FIAR). 

“Había dos hombres vestidos de civil que me dijeron que eran policías del Estado de México, y que si no retiraba las denuncias contra el MP y de los aprehensores, me iban a ‘cuajar por secuestro’ y que seguían mi hermana  y mi mamá. Esos dos me amenazaron dentro de las instalaciones de la agencia de Asuntos Relevantes, tenían a las autoridades alrededor de ellos y no les dijeron nada, estaban escuchando las amenazas, todos los de la SSC que estaban ahí ‘cuidándome’ estaban escuchando”, apunta Erick, quien debido a las torturas de 2011 perdió la audición en un oído y la vista de un ojo.

Durante la tortura, Erick empezó a hiperventilar, le dijo a su captores que le dolía el pecho y tenía entumecidas las manos, lo que contuvo las agresiones. En cuanto ingresó a la FIAR para que le certificaran su situación física, la médico legista instruyó llevar al detenido a un hospital, pero sólo se permitió que paramédicos del ERUM le tomaran la presión y le revisaran la rodilla, para después ser llevado a los separos.

En el tiempo que estuvo retenido en la FIAR fue amenazado al menos en tres ocasiones más por los agentes que se identificaron como del Estado de México y quienes después condujeron a Erick a la Cámara de Gesell sin defensa legal y sin explicación de que se trataba.

Horas después fue llevado al Reclusorio Sur, donde el juez de control le concedió la duplicidad del término constitucional y seguir el proceso en libertad. 

Ocho días después, el 5 de julio, minutos antes de ingresar a una audiencia ante un juez de control del Reclusorio Sur, para abordar la detención del 27de junio, Erick fue detenido con violencia una vez más, a las 10 horas, sin que sus acompañantes, representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) pudieran evitarlo. Sólo alcanzaron a escuchar que estaba acusado por secuestro agravado, sin mostrar orden de aprehensión. 

“Me chinearon (aplicaron una llave china), me jalaron, me ahorcaron, me subieron por la fuerza a una patrulla de la Policía de Investigación, me cambiaron de carro y avanzaron, y ahora sí me leyeron mis derechos”, dice. Razo Casales fue conducido primero a la fiscalía de Xochimilco para reconocimiento médico, para luego ser entregado a agentes del Estado de México, quienes lo llevaron al penal de Barrientos en Tlalnepantla, donde permaneció una semana, hasta que el juez de control el concedió seguir su caso en libertad bajo fianza. 

Reparación del daño ignorada

“¿Cómo es que se me acusa? Por el reconocimiento ilegal que me hicieron en Asuntos Relevantes de la CDMX; del secuestro lo que se sabe es que es una persona masculina, identidad reservada, sólo sé las iniciales de su nombre. Es muy obvia la fabricación del delito porque esta persona fue privada de su libertad el 24 de febrero,  de febrero a la fecha no había ninguna prueba que apuntara que yo le había hecho algo, lo único que hay es el reconocimiento ilegal, todo fabricado por la Fiscalía del Edomex”. 

El entuerto en el que Erick Razo se encuentra ha obstaculizado el seguimiento del proceso que él y su hermana llevan por la tortura que sufrieron hace 13 años, cuando fueron detenidos, agredidos y arraigados, abusos que fueron confirmados en la recomendación 12/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en la opinión 14/2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en ésta última se urgió al gobierno mexicano a ponerlos “inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo de una indemnización y otros tipos de reparación del daño, de conformidad con el derecho internacional”, así como llevar a cabo “una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno de la privatización arbitraria de libertad de los señores Razo Casales y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.

Pese a que las primeras agresiones ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón, y atribuidos a personal cercano al defenestrado Genaro García Luna, y a agentes ministeriales de la Unidad Especializada en Investigación  de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, comandados por Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente procesado por tortura en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no atendió la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, sino que fue hasta que la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos  del IFDP logró la absolución de los Razo Casales. 

En la investigación por la tortura y la detención arbitraria, los hermanos están siendo asistidos por la Asesoría Jurídica Federal en busca de sanciones para al menos 13 exfuncionarios públicos, de los cuales nueve agentes aprehensores estaban adscritos a la desaparecida Policía Federal, y cuatro agentes del ministerio público adscritos a la SEIDO, tres de ellos firmaron la consignación de los hermanos y uno más estuvo presente en las torturas, pero no firmó documentos, sólo es descrito por los hermanos. 

Hasta ahora, sólo un expolicía está siendo procesado en prisión preventiva, presuntamente involucrado en otro caso de tortura sexual.  Se trata de un exagente del Ministerio Público de la SEIDO, a quien los hermanos atribuyen la fabricación de los delitos en su contra, fue ubicado como integrante de la Fiscalía de la Ciudad de México, y otro exagente está relacionado con el caso Ayotzinapa, en la desaparición del video del Palacio de Justicia de Iguala, frente al que ocurrió el mayor número de detenciones de estudiantes que siguen desaparecidos. 

 “Esos aprehensores están en otras carpetas de investigación, como el caso Ayotzinapa y desaparecidos en Ciudad Juárez, era un grupo que se dedicaba a fabricar pruebas ilegales a desaparecer pruebas y demás, ellos están vinculados a otras carpetas por hechos ilegales, no somos los únicos, pero nuestra carpeta es la más pronta a ejecutar en contra de ellos”, sostiene Verónica Razo en entrevista por separado.

Verónica, quien por la tortura sufrió un colapso en la tiroides, su madre y su hija decidieron salir de su domicilio al sentirse amenazadas tras la detención de Erick, que para ella no cabe duda fue “ordenada por los aprehensores y los (agentes) del Ministerio Público que en su momento fueron responsables de nuestra tortura, porque ya están por girarse órdenes de aprehensión en contra de ellos y siguen fungiendo como servidores públicos”. 

Sin protección institucional, por la desconfianza que la familia tiene en las policías, Razo Casales asegura que su familia ha estado “a salto de mata, con miedo” de las represalias que puedan sufrir por continuar en la búsqueda de justicia. 

Peor aún, la familia se siente desprotegida porque, debido a que la asesora jurídica  de lCEAV rindió declaración en favor de Erick por la detención ilegal del 27 de junio, la institución le abrió un acta administrativa, y la separó de la representación de los hermanos Razo Casales por considerar que existe un conflicto de interés, lo que para Verónica ha venido a entorpecer los procesos por tortura, al tener que esperar un nuevo asesor que se empape de su caso.

Todo esto que está pasando es peor que película de terror, es demasiado el acoso, es demasiado lo que pasamos todos en todos estos años. ¿Cuánto tiempo más vamos a sufrir por delitos que no cometimos?

El 5 de julio ultimo, el IFDP emitió un comunicado en el que sostiene que la detención de Erick Razo Casales, las torturas y amenazas sufridas “están enmarcados en una estrategia de intimidación y criminalización a Erick y Verónica Razo por las denuncias de tortura y malos tratos que padecieron durante los procesos penales de los que ya fueron absueltos”. 

Jacqueline Sáenz Andujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos analiza las ilegalidades en que se ha incurrido en las últimas detenciones de Erick Razo Casales, y lamenta que, pese a los avances institucionales en la administración y procuración de justicia, hay obstáculos que subsisten desde hace más de 25 años.

Exintegrante del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que litigó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH) el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera -detenidos y torturados por miembros del Ejército en 1999 en Guerrero, y liberados en 2001- Saénz Andujo no oculta su indignación.   

Es como si hubiéramos retrocedido 25 años, es igual al caso de Rodolfo y Teodoro, cómo los detienen, cómo los incomunican, cómo fabrican las pruebas, es brutal cómo vuelven a operar estas estructuras.

Entre las inconsistencias detectadas por la defensora resaltan que luego de12 horas después de la detención del 27 de junio, la Fiscalía de la Ciudad de México “seguía sin reportarla en el Registro Nacional de Detenciones”; los abogados del IFDP no tuvieron  acceso inmediato a Erick ni a su carpeta de investigación, en la que se asienta que, de acuerdo con el Informe Policial Homologado, “los golpes que presenta fueron porque él opuso resistencia, después de varios días pudimos obtener los videos y obviamente coincidían con el relato de Erick de que él no había opuesto resistencia”. 

Al señalar que el IFDP pugna porque se declare la “nulidad de las pruebas en la carpeta por secuestro, por la violación a cualquier forma en la que tendrían que hacerse los reconocimientos”, Sáenz apunta que en este caso se registran “mecanismos de colaboración entre Estado de México y Ciudad de México que están actuando en una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal, más tirando hacia la ilegalidad,  para realizar la detención del 5 de julio”.

Explica que “el oficio de colaboración que tenemos está firmado a las once de la mañana del viernes 5 de julio último, y la detención se hace a las 10:10 horas; además, abogados del Instituto llegaron por la tarde a Barrientos y les dijeron que no había nadie con el nombre de Erick, no les permitieron el ingreso, y después vemos en los informes que lo pusieron a disposición desde las tres de la tarde”. 

Sáenz Andujo denuncia que “hay muchísima obstrucción en términos de poder tener una defensa adecuada, porque como abogados se nos ha dificultado muchísimo la comunicación.  

Por las últimas detenciones de Erick la familia Razo Casales interpuso además quejas ante las comisiones de derechos humanos de la Ciudad de México y del Estado de México.