CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El caso de Erick y Verónica Razo Casales es uno de los miles que enmarcan las deficiencias que tenía el sistema de justicia penal mixto, que dejó de estar vigente desde 2016 y en el cual la tortura, la fabricación de delitos y violaciones a los derechos humanos eran el común denominador.

Los hermanos Razo fueron detenidos hace 12 años por elementos de la hoy extinta Policía Federal vestidos de civil y quienes no portaban órdenes de aprehensión ni se identificaron.

Ambos fueron torturados y obligados a declararse culpables de secuestro. Verónica fue condenada a 25 años de prisión mientras que Erick fue absuelto y liberado luego de haber pasado 11 años en prisión preventiva.

El pasado 4 de enero este capítulo de la vida de ambos y de sus familias terminó con la liberación y absolución definitiva de Verónica, cuyos defensores acreditaron que fue víctima no sólo de tortura sino de abuso sexual y que, derivado de ello, firmó una confesión falsa. Además, las víctimas que la identificaron fueron manipuladas.

“Se observaban claramente vicios en la evidencia incriminatoria como consecuencia de la indebida y arbitraria de los elementos aprehensores al actuar, sin mandato expreso y, por parte del Ministerio Público, al presentarlos sin formalidad alguna ante sus potenciales acusadores, direccionando el resultado de dicha prueba. Lo que resulta inadmisible en un estado democrático de Derecho, pues la probabilidad de ocasionar una identificación errónea e irreparable en contra de los implicados estaba latente desde ese momento”, señaló el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito que determinó absolver a Verónica.

En su fallo, los magistrados eliminaron todas las pruebas derivadas de las violaciones graves a derechos de las que Verónica fue víctima y determinaron que no existen pruebas suficientes para considerarla responsable del delito de secuestro.

Ahora Verónica y su familia enfrentan el reto mucho de reconstruir la vida que le truncaron aquel 9 de junio de 2011, cuando fue detenida con lujo de violencia en calles de la colonia Doctores en la Ciudad de México.

La pesadilla

Erick Razo Casales fue detenido en la alcaldía Iztacalco. Horas más tarde los policías aprehendieron a su hermana mientras caminaba en compañía de su madre hacia la escuela de sus hijos.

“Frena un carro y se bajan con armas largas, obviamente con groserías, me tiran al piso y me esposan sin que hubiera una explicación o un por qué, nada”, recuerda Verónica en entrevista.

“Le apuntaron a mis vecinos, que vieron todo, –prosigue–. A mí me apuntaron en la cabeza y me subieron a un carro. Un hombre se subió al lado mío y me agachó entre el asiento de enfrente y sus piernas, me tapó con una chamarra. Me iban pegando en la cabeza y me preguntaban por gente que yo no conocía. Me preguntaban si yo era otra persona, porque me daban otros nombres… Pensé que me estaban secuestrando, que me iban a asaltar, nunca jamás me imaginé la magnitud de lo que iba a suceder (…) Mis hijos me esperaron en la escuela y no llegué”.

Aquella tarde Verónica fue trasladada a las oficinas de la Policía Federal Ministerial. Ella no lo sabía, pero tiene presentes las instalaciones y el trato que le dieron:

“El lugar era como un estacionamiento grande, incluso se escuchaba eco, me parece que era el sótano o no sé, pero ahí me bajaron de los cabellos. Y ahí empezó la tortura física, psicológica y todo lo demás. Me tuvieron todo el día ahí y me sacaron al día siguiente a las tres de la tarde. Fui torturada, abusada sexualmente, me gritaban qué tenía que hacer o qué decir.

“Me vendaron los ojos, me dieron descargas, golpes. Yo no sabía que ahí mismo estaba mi hermano hasta que quisieron obligarme a grabar un video para autoincriminarme de secuestro y, como estaba llorando y no quería hacerlo más, me golpeaban y me dijeron: ‘¿No quieres por la buena?’. Me destaparon los ojos y vi a mi hermano vendado, esposado y le estaban apuntando con una pistola. Dijeron que si yo no hacía y decía lo que ellos querían, lo iban a matar”.

Verónica afirma que ella no conoce a las personas cuyos secuestros le fueron fincados por el Ministerio Público, pero cree que, como los policías no tenían pista de los verdaderos culpables, los detuvieron a ella y su hermano para justificar el trabajo que no estaban realizando.

Aunque los golpes que sufrió eran evidentes y ella le dijo al médico legista que la revisó en la agencia del Ministerio Público que había sido víctima de violación, el funcionario le ordenó callar y firmar diversos documentos que ni siquiera pudo leer.

Austreberta Casales, madre de Verónica denunció el secuestro de su hija, del que fue testigo. Después de buscarla en distintas dependencias supo que estaba detenida.

“Me eché a correr a la delegación que está atrás de donde nosotros vivíamos. ‘Acaban de secuestrar a mi hija, por favor présteme una patrulla para seguirlos’, les dije, ‘No, señora, tiene que traer testigos, no porque usted venga y declare eso le vamos a prestar una patrulla’, me decían ellos”, explica la señora Casales.

En medio de esta búsqueda, la mujer descubrió que su hijo también había sido detenido y remitido a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Para entonces Verónica tuvo que ser hospitalizada debido a los golpes y abusos que sufrió durante las primeras horas de su detención.

“Cuando supe que estaba en SEIDO –rememora la madre de las víctimas– no me dejaron verla. Ahí me topé con Iván. Yo no sabía que él estaba ya detenido. Me acerqué y me dijo: ‘Mamá, no veas por mí, ve por mi hermana, se la llevaron en una ambulancia... No me preguntes porque no sé nada’. Mi hijo estaba muy maltratado, muy golpeado, a mi hija no me dejaron verla, no me dijeron a qué hospital se la llevaron. Me sacaron de SEIDO cargando. Pude ver a Verónica hasta que estaba en arraigos”.

Verónica permaneció arraigada 80 días, durante los cuales las torturas continuaron.

Mientras tanto, la PGR armó el caso por por delitos supuestamente cometidos en el Estado de México, pese a lo cual la averiguación previa fue consignada ante un juez federal de Mexicali, Baja California, adonde Verónica fue trasladada y permaneció en un penal local durante tres años.

“Sin saberlo, cuando llegué a Mexicali tenía que pasar tres meses sin visitas ni llamadas. Vivíamos en condiciones infrahumanas, lo peor que te puedas imaginar. Si existe un infierno creo que es esa cárcel de Mexicali”, dice.

Cuando fue detenida sus hijos tenían seis y 12 años y mientras estuvo en Mexicali no pudo verlos. Actualmente son adultos y la mitad de sus vidas convivieron con su mamá vestida de beige y con la incertidumbre de cuándo volverían a abrazarla como una mujer libre.

“Desde el primer momento me di cuenta de que mi mamá estaba en la cárcel –recuerda Luna, su hija de 19 años–. Fui a verla en casa de arraigo: todo era gris, había rejas y policías, nos hacían revisiones exhaustivas pero también invasivas, desde ese momento yo me di cuenta que era una cárcel o algo parecido”.

“A los nueve años, cuando por fin la volví a ver, me explicaron que mi mamá había sido detenida injustamente, que ella era inocente. ¿Pero cómo le explicas eso a un niño? Viajé muchas horas para ir a verla en Tepic, Nayarit, y el reencuentro fue bastante emotivo porque cuando la vi en casa de arraigo tenía dos o tres días de que la habían torturado y violado, tenía golpes en todo el cuerpo y muchas marcas, no podía abrazarla por las descargas eléctricas que le habían dado, y cuando la volví a ver en Tepic se me removió ese momento”.

A causa de la tortura, Verónica desarrolló hipertiroidismo y no fue atendida a tiempo mientras permaneció presa, lo que fue documentado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) que cuatro años después de su detención logró que le dieran la atención médica.

Los médicos recomendaron colocarle un marcapasos, posteriormente recibió radiación para “matar” su tiroides, por lo que deberá tomar de por vida medicamentos que le ayuden a sustituir las funciones de esa glándula.

Antes de ser detenida, Verónica tenía planes de embarazarse otra vez. Su proceso penal le impidió cumplirlos y acabó con la relación que tenía con el padre de sus hijos.

Y aunque hoy está agradecida de volver a abrazar a sus hijos como una mujer libre, le angustia que sus antecedentes le impidan normalizar su vida:

“Por el simple hecho de haber estado allá en la cárcel tantos años, sin saber lo que en realidad pasó, la sociedad me ve como una delincuente. Tengo 45 años, sin experiencia laboral... Explícame, ahora que ya salí, ¿de qué voy a vivir después de 12 años y medio en ese lugar? Mi hija quiere estudiar medicina. ¿Cómo le voy a hacer?”

Señala que el procedimiento para tener acceso a una reparación del daño pinta para otro proceso largo y burocrático, durante el cual nadie ni nada le garantiza medios para sobrevivir.

Las irregularidades

Desde la primera vez que Verónica compareció en Mexicali, la jueza reconoció que la mujer debía quedar en libertad, pero dijo que ella estaba atada de manos y sólo tenía la obligación de firmar el auto de formal prisión para que continuara su proceso.

Durante tres años la interna vivió en condiciones de hacinamiento y su proceso permaneció estancado debido a que los testigos, víctimas y autoridades que la detuvieron estaban en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que ella y su expediente estaban en Mexicali.

Esto dificultó al defensor de oficio que le fue asignado al principio darle un seguimiento puntual a su caso y cumplir con los plazos legales que se establecían para presentar pruebas de descargo.

“No avanzaba nada en absoluto el proceso penal, no nos decían nada. Cuando pude hablar con mi mamá, me dijo que tenía que esperar, que no se podía llevar bien el asunto porque todo era foráneo. Nunca conocí a mi defensor, nunca tuve una defensa real”, reprocha.

Con apelaciones y amparos, el IFDP logró el traslado de Verónica a Tepic, Nayarit, donde su proceso avanzó lentamente, hasta el punto en el que le practicaron el Protocolo de Estambul para reunir pruebas de la tortura que sufrió.

En diciembre de 2020 la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH) del IFDP tomó el caso, pero en 2022 Verónica fue condenada a pasar 25 años en prisión por secuestro, y su hermano absuelto de todos los cargos.

El IFDP tramitó un recurso de apelación y posteriormente obtuvo un amparo directo en el que se ordenó dictar una nueva sentencia en la que se analizaran todas las pruebas sobre las vejaciones de las que fue víctima para firmar declaraciones autoincriminatorias.

En cumplimiento a esa sentencia de amparo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en el Estado de México dictó la resolución con la que se declaró a Verónica Razo Casales inocente de todos los cargos. El Ministerio Público no acreditó su responsabilidad en el delito de secuestro que le fue imputado.

“El punto toral de la condena que hay en su contra tiene que ver con el señalamiento que hace un testigo y sobre el hecho de que ella se había autoincriminado y, a partir de toda la revisión que hace la justicia federal, se determina que esta prueba tendría que excluirse y con ello, pues no hay sustento porque en sí lo que tiene que acreditarse es la culpabilidad, la fiscalía tiene la responsabilidad de demostrar la acusación, no las personas de probar su inocencia. La presunción de inocencia está contemplada constitucionalmente”, explicó Ruth Zenteno, de la ULEDH.

Para José Luis Espejel Hernández, defensor público que logró la liberación de Verónica, el caso de ella y su hermano indica que los casos que permanecen empantanados o en los que se cometieron injusticias y violaciones graves a derechos humanos con el sistema penal anterior, todavía pueden ser resueltos.

“Esto abre la puerta a la esperanza y sobre todo la probabilidad, tal cual ya consumada con el caso de los Razo, de que los juicios anteriores también pueden ser susceptibles de una libertad”, dice el abogado.

Ruth Zenteno precisa que en el caso de los Razo existe un patrón de las investigaciones que dependían de confesiones y testimonios, la cual era una mala práctica sin controles ni sanciones internas, y que el arraigo no tenía en aquel entonces (2011) suficientes controles judiciales:

“Se volvía una situación propicia para generar que en estos contextos la tortura fuera utilizada como un método de investigación, en lugar de recurrir a la investigación científica, profesional e imparcial que se estaría esperando en cualquier proceso”.

Por ese motivo, añade Zenteno, la defensoría buscará que el Estado Mexicano repare el daño ocasionado a Verónica, quien está reconocida por la CNDH y registrada por la CEAV como víctima de tortura.

“La reparación del daño es más que únicamente una indemnización, porque también llevan medidas más estructurales, como la garantía de no repetición que nos regresa a esta necesidad de fortalecer los mecanismos que hay para la investigación.

“Igualmente --destaca– veríamos con ella si existe la posibilidad de alguna restitución de derechos, si hay alguna otra alternativa posibilidad que pudiéramos ir explorando para que ella pueda reconstruir el proyecto de vida que tenga para sí misma, para su familia y un futuro próximo”.