CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que si el sistema de justicia penal en el país no se fortalece, la pacificación no llegará. “El nuevo gobierno tiene como una de sus prioridades centrales la determinación de la paz en el país, pero más allá del impulso democrático y más allá de la alegría, el mundo del derecho es un mundo técnico, no es un mundo de entusiasmos exclusivamente”, expresó. Empezar con idas generales es complicado y peligroso, afirmó Cossío Díaz al participar en la presentación del seguimiento de evaluación del sistema de justicia penal acusatorio “Hallazgos 2017“, realizado por la organización México Evalúa. “Lo que se tiene que hacer paralelamente es entender que todo el proceso de pacificación en una sociedad como la nuestra tiene que pasar por la imposición de las normas jurídicas. Si quien delinque es investigado, llevado a proceso, sentenciado, encarcelado, se van generando incentivos muy poderosos para que otras personas se den cuenta que no es un ‘buen negocio’ delinquir”, abundó. De acuerdo con el ministro, no puede haber proceso de paz si no se tiene un sistema penal eficiente, porque si no “aquello que termine en paz o perdón volverá a recaer y no tendrá ningún sentido y las víctimas quedarán profundamente ofendidas, profundamente lastimadas y no va haber un proceso de paz posible de generar”. En su oportunidad, Edna Jaime, directora general del centro de análisis de México Evalúa, sostuvo que la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional, que se traduzca en una política pública efectiva, ha derivado en el estancamiento del sistema de justicia penal (SJP). Consideró que la consolidación del SJP no será posible en tanto no se fortalezcan sus instituciones de manera integral, por lo que llamó a contar con evidencia que justifique posibles modificaciones normativas y establezca objetivos claros y alcanzables para ellas. “Sin diagnósticos claros, el SJP repetirá una constante del sistema legal mexicano: la permanente modificación de leyes sin impacto en la realidad o, en el peor de los casos, con una incidencia negativa en la operación de las instituciones”. En ese sentido, llamó al próximo gobierno a retomar la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio como un problema público prioritario. “El acceso a la justicia no debe jugar un papel secundario en la agenda pública del país”, enfatizó. Por ello, apuntó, México Evalúa recomienda la creación de una instancia técnica de coordinación nacional; enfocar los esfuerzos institucionales en la revisión de la operación diaria del sistema; el desarrollo de un nuevo modelo de procuración de justicia, y la profesionalización de los operadores del SJP. A su vez, María Novoa, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa, explicó que uno de los problemas más graves que enfrenta actualmente la operación del sistema de justicia penal es un desequilibrio entre sus componentes. Esto se observa, por ejemplo, en la asignación de recursos, puesto que se han priorizado las acciones que involucran a las instituciones de seguridad y procuración de justicia, excluyendo a las defensorías públicas y los poderes judiciales, precisó. Querétaro, el estado con mayor progreso De acuerdo con el ranking incluido en el reporte “Hallazgos 2017“, que refleja el avance de las entidades federativas, durante 2017 Querétaro fue el estado que registró mayor progreso, con un puntaje de 483, atribuido a un modelo de operación integral caracterizado por la coordinación y vinculación interinstitucional. Sin embargo, ninguna entidad alcanzó el ideal de este año, de 600 puntos, ni el del año anterior, de 500 puntos. En el ranking, los siguientes lugares los ocupan Guanajuato (476 puntos), Baja California (448), Chihuahua (421) y Nuevo León (413), y en las últimas posiciones se encuentran Guerrero (134 puntos), Campeche (160) e Hidalgo (170). Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Campeche y Veracruz, que bajaron su posición respecto al año anterior. Para esta edición de “Hallazgos” también se realizó un ejercicio inédito sobre la impunidad que prevalece en el sistema acusatorio. Para ello, la medición distingue las posibles respuestas que contempla el sistema, según su efectividad en la resolución de conflictos. De acuerdo con este cálculo, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son los tres estados con mayor impunidad, con 99.3%, 99.1% y 98.9%, respectivamente, mientras que Guanajuato (56.8%), Querétaro (72.2%) y Baja California (76.4%) registran menor impunidad. “Esto indica una tendencia generalizada a no resolver o solucionar los delitos que se conocen, a pesar de que representan sólo una pequeña parte de los ilícitos ocurridos”, explicó María Novoa. Finalmente, el reporte también alerta sobre las decisiones del Poder Judicial que han impactado negativamente el funcionamiento del sistema de justicia, ya que pueden ser divergentes con los principios y valores del sistema acusatorio, formalizando y prolongando los procesos de forma innecesaria.