CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Pese a que existen recomendaciones en materia de derechos humanos y resoluciones judiciales que ordenan reparar el daño a Verónica y Erick Razo, así como a sus familias por la detención y tortura de las que fueron objeto en el año 2011, hasta ahora no hay fecha para que las autoridades cumplan.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU documentaron las vejaciones de las que ambos fueron objeto por parte de elementos de la extinta Policía Federal (PF), al mando de Genaro García Luna.

Recomendación de la CNDH

Por ello, desde el año 2017 la CNDH recomendó al Estado mexicano reparar el daño de manera integral a Erick, Verónica y su familia mediante atención psicológica para que puedan sanar física, psíquica y emocionalmente de la tortura y detención arbitraria de la que fueron víctimas.

“Esta atención, no obstante el tiempo transcurrido a partir de que acontecieron los hechos, deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas indirectas, con su consentimiento, brindando información previa clara y suficiente. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario e incluir la provisión de medicamentos”, señaló entonces la CNDH.

Proceso informó que en entrevista con Verónica Razo y su hija, Luna, ambas relataron lo que sufrieron a partir de la detención de la primera de ellas.

Razo no sólo fue torturada sino abusada sexualmente; cuando fue detenida tenía planes de embarazarse, lo cual ya no pudo hacer e incluso la relación con el padre de sus hijos se terminó; actualmente tiene más de 40 años y no cuenta con experiencia laboral reciente que pueda servirle para conseguir trabajo; contó que le genera ansiedad estar en lugares concurridos y transitar por una ciudad que dejó de ver durante 12 años.

Luna relató que junto con su padre y su hermano tuvieron que cambiarse de casa y que, pese a llegar a un entorno nuevo, el estigma de que su mamá fue detenida y procesada por cargos de secuestro generó que ella sufriera de discriminación desde la escuela primaria e incluso hasta la fecha, que estudia una carrera técnica.

Responsables, 9 policías

En su recomendación, la CNDH identificó a nueve elementos de la PF como responsables de las vejaciones que sufrieron Verónica y su hermano Erick durante su detención.

Incluso, por estos hechos la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas, en una de ellas solicitó orden de aprehensión pero fue negada por falta de motivación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los hechos de tortura.

Por ello, la CNDH recomendó a la PGR continuar las investigaciones contra los policías y perfeccionar la consignación de la averiguación en la que le fue negada la orden de aprehensión que solicitó el Ministerio Público federal.

Aunque el Órgano Interno de Control de la PF inició procedimiento administrativo contra los integrantes de la corporación por las lesiones que le fueron inferidas a Erick Razo, el 20 de junio de 2014 determinó la inexistencia de elementos para atribuirles responsabilidad, por lo que la Comisión recomendó a la corporación colaborar en las investigaciones de la PGR.

Asimismo, la CNDH anunció que presentaría denuncia ante la PGR y una queja ante la Unidad de Asuntos Internos de la PF contra los efectivos que detuvieron y torturaron a Verónica y su hermano.

Detenciones ilegales

Así como una queja ante el OIC de la PGR contra el personal ministerial federal que integró la averiguación previa contra los hermanos Razo en la que, de acuerdo con las resoluciones judiciales por las que actualmente ambos fueron declarados absueltos, se cometieron ilegalidades en sus detenciones y fabricación de delitos.

Para el año 2021 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la opinión número 14/2021 sobre el caso de los hermanos Razo en la que determinó que la privación de la libertad de la que fueron objeto es arbitraria y contraviene los tratados internacionales suscritos por México en materia de Derechos Humanos.

Por ello, solicitó al Estado mexicano tomar medidas para remediar la situación de los hermanos, como ponerlos en libertad de manera inmediata y concederles una indemnización y otros tipos de reparación del daño.

“El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Razo Casales y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”, señaló el organismo internacional.

Proceso consultó al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) sobre el estatus legal de los policías federales que agredieron a Verónica y a su hermano así como del ministerio público federal que integró las investigaciones en su contra.

Sin embargo, la institución informó que esos casos competen exclusivamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que a su vez informó que al tratarse de procesos en curso no puede aportar datos sobre este tema.

Mientras tanto, el IFDP buscará las vías legales para acelerar la reparación integral del daño, pues considera que las violaciones de las que fueron víctimas los hermanos Razo afectaron sus proyectos de vida.