CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Fue el Estado y Verdades Innegables, documentos de casi cinco mil fojas y más de dos mil, respectivamente, exponen las graves violaciones a derechos humanos en México durante 1965 y 1990, cometidas por diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno como parte de una estrategia de preservar el poder político, controlado durante esos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ambos documentos son el resultado del trabajo de medio centenar de investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CoVEHJ). 

Coordinados por los comisionados Eugenia Allier Montaño, para Verdades Innegables, y Abel Barrera Hernández, Carlos A. Pérez Ricart y David Fernández Dávalos, para Fue el Estado, los investigadores presentaron ayer 15 de agosto los informes a familiares de víctimas y sobrevivientes de la violencia ejercida por el Estado mexicano durante ese periodo, en apego al decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, de octubre de 2021. 

Aun cuando las investigaciones fueron elaboradas de manera separada, por diferencias entre los comisionados en la concepción de quiénes fueron las víctimas del Estado en ese periodo, ambos coinciden en que ha imperado la impunidad, la ausencia de justicia y reparación de daños.  

Los documentos formulan recomendaciones al Estado mexicano para dar respuesta a añejas demandas de justicia, preservar la memoria histórica, establecer medidas de reparación integral del daño y de no repetición, así como la búsqueda de desaparecidos. En Verdades Innegables se sugiere además la creación de un “mecanismo de seguimiento de recomendaciones”, en tanto que en Fue el Estado se establecen también propuestas “para el fortalecimiento de la seguridad”. 

De los informes destaca el trabajo de identificación tanto de víctimas como de presuntos perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.

Verdades Innegables, focalizado en las víctimas de la llamada Guerra Sucia, organizaciones político militares, movimientos estudiantiles u obrero sindicales, así como organizaciones de familiares y sobrevivientes de defensa de derechos humanos, contabiliza mil 103 víctimas de desaparición forzada y más de dos mil 200 nombres de perpetradores y “de personas que participaron en el sistema represivo”.

Ampliando el espectro a otras poblaciones que también fueron víctimas de la política del combate al “enemigo interno”, el informe Fue el Estado considera ocho mil 594 víctimas de 11 tipos de violaciones graves a los derechos humanos, además de que se contabiliza a 123 mil 34 víctimas de desplazamiento forzado.

Las víctimas consideradas en esta colección son comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas impactadas por el control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia, opositores a “políticas públicas de desarrollo”, habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico, personas marginalizadas y criminalizadas, integrantes de Fuerzas Armadas y policiales víctimas de abusos de sus propios mandos, disidencias político-partidistas, integrantes de movimientos urbano populares, disidencias sexo genéricas, disidencias religiosas, periodistas y personas refugiadas guatemaltecas. 

Del total, en la colección Fue el Estado se incluyen por nombre, alias y sobrenombres a cuatro mil 482 personas, de las cuales tres mil 800 corresponden a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, 669 fueron víctimas de desplazamiento forzado interno y 13 que “no forman parte de los conjuntos de víctimas definidos por esta investigación; esto es, que corresponde a organizaciones político militares, movimientos estudiantiles u obrero sindicales”.

En la investigación Fue el Estado se identifican a 591 personas como responsables de actos violatorios de los derechos humanos entre 1965 y 1990, así como a 59 funcionarios de diferentes niveles de gobierno implicados en los distintos agravios cometidos durante el periodo de análisis.

Entre los hallazgos por colección, Verdades Innegables desmenuza la política contrainsurgente durante el periodo de análisis, destacando los hallazgos sobre los Vuelos de la Muerte, como una estrategia para la desaparición forzada de personas que eran arrojadas al mar,  hechos ocurridos entre 1971 y 1980, así como el “Plan de Operaciones Rosa de los Vientos”, no conocido hasta ahora, diseñado para la desmovilización en Sinaloa de integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, lo que se tradujo en la detención arbitraria de 23 personas y la desaparición forzada de siete de ellas.

El caso Alvarado Barrera

Un aporte de gran relevancia es el esclarecimiento de las circunstancias de la ejecución extrajudicial de Pablo Alvarado Barrera, quien fue luchador social, maestro rural y militante del Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gámiz, participante en la preparación del asalto al cuartel militar de Madera, Chihuahua en 1965, y quien fue detenido, interrogado y torturado en julio de 1967, para ser recluido en el penal de Lecumberri.  

La investigación estableció que el cuerpo de Alvarado Barrera, asesinado en la cárcel de Lecumberri en 1971, fue ingresado en el Panteón Civil de San Isidro, en la Ciudad de México, logrando ubicar su sepulcro y acta de defunción, que se le había negado a la familia por años. 

Además de detallar otros planes y operativos utilizados por las Fuerzas Armadas y de seguridad nacional para el combate de las disidencias políticas, Verdades Innegables hace un especial énfasis en los colectivos surgidos durante el periodo de la Guerra Sucia en busca de la memoria, la verdad y la justicia, vigente hasta nuestros días, en los que militan familiares de desaparecidos, sobrevivientes y sus compañeros de ese periodo, que “sólo han encontrado como respuesta por parte del Estado la negación, el silenciamiento, la impunidad de los responsables y la inacción frente a sus exigencias”, además de sufrir “la persecución, la vigilancia, el hostigamiento, la represión, el agravio continuo y la revictimización”. 

Al destacar que esos colectivos han sido “los principales preservadores de la memoria, quienes con su lucha y resistencia han sostenido la exigencia de justicia y evitando el olvido de los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante este periodo”, el informe aborda los impactos psicosociales para estos grupos de apoyo, “con el objetivo de dimensionar las consecuencias de la impunidad”. 

Bajo la consideración de que “las Fuerzas Armadas tuvieron una preponderancia indiscutible en el ejercicio de la represión y en la ejecución de operativos contrainsurgentes en el contexto de los cuales se cometieron violaciones graves a los derechos humanos entre 1965 y 1990”, en este compendio se narra la colaboración que tuvieron las Fuerzas Armadas con la CoVEHJ, en la apertura de archivos y acceso a instalaciones militares, así como ”las complicaciones para alcanzar los objetivos propuestos para el esclarecimiento histórico de las múltiples violaciones graves a los derechos humanos”. 

Para la elaboración del informe coordinado por Eugenia Allier se recopilaron 226 testimonios individuales y colectivos en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz y Yucatán; se consultaron 26 archivos públicos, tanto físicos como digitales; 15 archivos de familiares, sobrevivientes y colectivos en diversas regiones, exploración que fue realizada por nueve investigadores contratados por la Secretaría de Gobernación, tres investigadores voluntarios, integrantes de servicio social y beneficiarios del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

Ataques contra guatemaltecos y disidencias religiosas

En el caso de Fue el Estado se explica que el título del informe coordinado por los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández, es más que una consigna sostenida desde que en los sesenta se implementó la estrategia de combate al “enemigo interno”, considerando que hay una continuidad en la violencia estatal que llega hasta nuestros días.

Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas sólo significo una vuelta de tuerca más en esta larga historia de represión, una puesta al día de la justificación de un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, salvaje contra el pueblo y servil con las élites”, se lee en el documento. 

Al reconocer que en el periodo de análisis se cometieron de manera generalizada y sistemática graves violaciones a los derechos humanos contra diversos sectores de la población, el documento enlista algunos de los abusos cometidos, a partir de la recolección de mil 139 testimonios recabados en 23 entidades del país, y de la consulta de 95 acervos documentales públicos y privados. 

Sobre las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas víctimas en medio de la estrategia contrainsurgente, se documentaron dos mil 655 personas desplazadas de manera forzada, algunos desplazamientos derivados de al menos 10 masacres en Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, eventos en los que se identificaron a 130 víctimas. 

El documento identifica otros desplazamientos forzados derivados de los movimientos urbano populares, afectando a 32 mil personas al menos. Algunos ejemplos se documentaron en Tijuana, Baja California, Iztacalco, Ciudad de México, y Temixco, Morelos, en tanto que también se documentan al menos tres masacres de migrantes de nacionalidad guatemalteca; una ejecución extrajudicial realizada por personal militar de Guatemala en territorio nacional, y las dificultades para llevar ayuda humanitaria a unos tres mil 500 desplazados guatemaltecos en México. 

El documento también refleja las violaciones a derechos humanos contra las disidencias religiosas, que derivaron en desplazamiento forzado interno, como ocurrió en San Juan Chamula, Chiapas, en 1974, con la expulsión de 161 personas por motivos religiosos. 

La investigación estudia como uno sector afectado por la violencia de Estado a los periodistas, documentando en el periodo 250 víctimas, 45 casos de alto impacto, así como represión contra organizaciones político-partidistas, entre ellas 12 masacres contra militantes de izquierda en protestas poselectorales.  

En Fue el Estado también documenta 394 casos de violaciones de derechos humanos contra personas de disidencias sexo genéricas, “víctimas del Estado patriarcal”, registrándose casos de violencia sexual, tortura y detención arbitraria de mujeres trans en los sótanos de la que fuera la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1975 y 1989.

Los investigadores documentaron casos de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del combate al narcotráfico, destacándose masacres en Sinaloa y Michoacán, entre 1971 y 1985, resultando al menos 50 víctimas, además de casos contra personas marginalizadas y criminalizadas como la masacre del Río Tula, en Hidalgo, en 1982, donde se localizaron 12 cuerpos, “masacrados, mutilados y lanzados al drenaje profundo, tras haber sido desaparecidos de manera forzada y torturados”, identificándose como responsables a personal al mando de Arturo el Negro Durazo y Francisco Sahagún Baca.

En Fue el Estado también se documentaron casos de violaciones a los derechos humanos contra miembros de las Fuerzas y Armadas y policiales por parte de sus propios mandos, en el contexto de “la corrupción y la activa participación de policías y militares en el tráfico de drogas”. 

El vasto informe incluye consideraciones sobre las dificultades que tuvo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico para documentar las violaciones a los derechos humanos, siendo señaladas de manera fundamental la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones que fueron denunciados por “la no colaboración” y actuar contra el mandato presidencial del decreto de creación de la CoVEHJ.

También se denuncian dificultades de tipo administrativo, presupuestario que obstaculizó el trabajo de investigadores y el desplazamiento para recabar testimonios o revisar acervos documentales en otras entidades. 

En Fue el Estado los comisionados responsables evidencian “el funcionamiento nulo o ineficiente de otros mecanismos o comités de la Comisión”, lamentan la desaparición del Comité de Impulso a la Justicia, básicamente por falta de pago a los investigadores, así como una “inexistente comunicación que hubo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, que fue incapaz de atender las demandas de las víctimas de la violencia de Estado del periodo de análisis.

Asimismo se admiten diferencias internas, primero con la renuncia de la comisionada Aleida García Aguirre y después con la comisionada Eugenia Allier, con quien no se pudo articular una estrategia conjunta de investigación. 

Para los comisionados responsables de Fue el Estado es probable que “la gravedad mayor de esta ruptura interna ha sido el no poder realizar un cruce de información y conclusiones con el equipo de la comisionada Allier, y por tanto con la investigación sobre movimientos armados, estudiantes y sindicales. Esta situación, sin duda, constituye una limitación de los resultados obtenidos por ambas partes”.