CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 14 de febrero de 1974, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) llevó a tres personas a un centro de retención, sin que se conozcan las condiciones en las que los agentes –con un historial de tortura y otras violaciones a derechos humanos– los remitieron ahí: Alberto Híjar Serrano, Pedro Melo de la Torre y María Gloria Benavides Guevara.

La policía política elaboró el informe D.F.S.-15-II-74, que tituló “Fuerzas de Liberación Nacional”, para identificarlos como miembros de un grupo insurgente que había sido fundado en 1969 y, más tarde, entre sus brazos más visibles daría origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los tres fueron cuestionados en busca de información y filiaciones. Uno, Melo de la Torre, mencionó acercamientos indirectos con el Partido Popular Socialista (PPS) cuando fue dirigido por Vicente Lombardo Toledano, político marxista que había fallecido el 16 de noviembre de 1968, porque asistió a uno de sus mítines. Luego dijo que con otros conocidos se plantearon la creación de un organismo político de tipo socialista y de nombre Organización Nacional de Acción Revolucionaria (ONAR), que, como escisión del PPS, sería fundada por el diputado federal Rafael Estrada Villa, a quien conocía desde que estudió en la Vocacional del Politécnico en 1953.

El ingeniero Pedro Melo de la Torre, que había cursado un posgrado en Brasil, reveló que entre 1968 y 1969 “desempeñó trabajos para el general García Barragán en el ramo de la Ingeniería Metalúrgica sobre placas blindadas para material de guerra; asimismo, fue requerido por Javier García Paniagua, hijo del anterior General, para ser doble agente sobre la investigación de hechos delictuosos estudiantiles en el problema armado de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, trabajo que desempeñó hasta finales del régimen del licenciado Gustavo Díaz Ordaz”.

De este episodio sobre posible intervención en lo que derivó de la matanza de Tlatelolco no hay más datos, debido a que las declaraciones no están completas. No obstante, coincide con una versión desde la época de la Guerra Sucia: que Javier García Paniagua cumplía funciones extraoficiales contra movimientos sociales para el gobierno mexicano.

La declaración de María Gloria Benavides Guevara no está incluida. Ella se convertiría, en la década de 1980, en la subcomandante Elisa en el EZLN, arrestada en febrero de 1995 por la insurgencia indígena de Chiapas, y absuelta de todos los cargos en 1996, cuando el gobierno reconoció su arresto injusto.

El tercer protagonista del informe, Híjar Serrano, denunciaría años después lo que vivió: la tortura en lo que definió como “un centro de exterminio” “por el que pasaron once secuestrados”; dos de ellos, vistos ahí por última vez: Elisa Irina Sáenz Garza y Raúl Enrique Pérez Gasque.

Pierden versiones físicas

Los informes anteriores son parte del expediente que la DFS elaboró sobre Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. En septiembre de 2023, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico denunció el extravío de las versiones físicas de éste y otros dossiers creados por la Federal de Seguridad, entre ellos los de Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett.

Los expedientes extraídos, aseguró, están relacionados con personas o grupos que fueron vistos como una amenaza al orden establecido, información que involucraba a la DFS en posibles violaciones de derechos humanos o a sus agentes en actos ilegales o delictivos.

Seguido principalmente a partir de la campaña a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, el expediente de García Paniagua –dos legajos de informes elaborados entre 1959 y 1984, consultados en su versión digital por Proceso– relata, además de la presunta infiltración durante el movimiento estudiantil de 1968, el probable financiamiento a grupos de choque a través del porrismo, el marcaje a medios que publicaban sobre él y el ascenso político del otrora espía a la par de la influencia en el poder nacional que tenía su padre, el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco.

La sombra del porrismo

En el primer legajo sobre el hijo del militar, los agentes de la DFS incluyeron un documento firmado por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo con motivo del “ajusticiamiento por parte de las FRAP” de Carlos Ramírez Ladewig, líder del poderoso Grupo UdeG, que se hacía del control político de la Universidad de Guadalajara.

En él acusaban a García Paniagua, a quien llamaron “cachorro revolucionario”, de subsidiar el porrismo de la Federación de Estudiantes (FEG) y proporcionarles armas para atacar a rivales políticos: “se empieza a desalojar a la izquierda mediante el ‘pacifista método’ de los varillazos, patadas, puñetazos y uno que otro tiro”.

El asesinato de Ramírez Ladewig ocurrió el 12 de septiembre de 1975. A García Paniagua lo acusaban de ser responsable de torturas y asesinatos contra estudiantes y opositores, junto con Javier Balvaneda, quien, afirmaron, era “su pistolero” y miembro de la DFS. El supuesto móvil era una disputa por el poder de la FEG, “para arrebatarlo, para entregárselo a García Paniagua y el comandante de la XV Zona Militar, Federico Amaya Rodríguez, aunque hay indicios de que éste era un títere de [Mario] Moya Palencia [secretario de Gobernación]”. El texto incluye una relatoría de asesinatos entre bandos; en su retórica, las FRAP celebran el homicidio de Ramírez Ladewig.

El capitán Luis de la Barrera emitió un amplio informe, de seis cuartillas, sobre el sepelio del entonces líder del Grupo UdeG, en el que anotó a García Paniagua entre los miembros de la clase política que acudieron.

“Durante el velorio se hicieron algunos comentarios entre los concurrentes, unos culpando del asesinato al Lic. Isidro Urzúa Uribe (a) ‘El niño Urzúa’, quien desde hace tiempo pretende obtener el control de la F.E.G., y otros, a los diferentes grupos políticos existentes en la Universidad de Guadalajara [...] se notó intranquilidad entre el estudiantado, personal docente y autoridades de la universidad, la mayoría de los cuales porta armas y también llevan en sus vehículos [armas] de largo alcance”.

El expediente del padre de García Harfuch contiene otro comunicado guerrillero de las FRAP del 12 de septiembre de 1977, no completamente legible, en el que este grupo acusa asesinatos “a ráfagas de metralletas” por parte de agentes de la DFS, además de torturas durante interrogatorios a otros integrantes que, aseguraban, habían sido privados ilegalmente de su libertad.

La represión se encarga “a corruptos sin escrúpulos como el connotado narcotraficante-senador Javier García Paniagua y comandante de la Dirección Federal de Seguridad”, decían; esa titularidad de la policía política la había asumido el 8 de marzo de aquel año por nombramiento del presidente José López Portillo.

DFS, vigilancia y tortura

Ya como jefe del órgano de espionaje, a García Paniagua sus elementos le reportaban desde agravios cometidos por el poder político hasta alusiones sobre él, como un informe del 23 de enero de 1978 que narra que el jefe de la Policía Judicial de Zacatecas, Jesús Sánchez García, “mandó golpear al juez de Primera Instancia de la cabecera municipal de Pinos debido a que éste no quiso ‘arreglar’ una orden de aprehensión para dejar en libertad a una persona. Asimismo, el Sr. Jesús Sánchez ha manifestado en varias ocasiones que todas las corporaciones estatales o federales ‘se la pelan’, argumentando que es muy amigo de los Zuno de Guadalajara y que se lleva a mentadas de madre con el ‘coco’ García Paniagua”.

El agente Clemente Padilla Lebario sostuvo que esta persona era responsable del asesinato de dos profesores y de intento de secuestro de comerciantes; que auspiciaba la venta de armas de procedencia norteamericana en Valparaíso, Río Grande, Concepción del Oro, Miguel Auza, Fresnillo, Jerez y Zacatecas, más el robo de vehículos, pero actuaba impune por la protección del poder que recibía.

La vigilancia siguió con García Paniagua como subsecretario de Gobernación. Un informe de agosto de 1979 refiere que en una jornada sobre desaparecidos políticos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la cual, entre otros, asistió Rosario Ibarra de Piedra, los familiares de personas no localizadas acordaron que “se declare enemigos públicos número uno y principales representantes de los torturadores y secuestradores de presos políticos en México y ligados directamente a la Brigada Blanca, a Miguel Nazar Haro, a Fernando Gutiérrez Barrios y a Javier García Paniagua, de los cuales se pide su destitución y se les aplique el castigo que merecen”.

En aquel momento, el propio agente Nazar Haro, autor del reporte enviado a Gobernación, anotó que Ibarra de Piedra se opuso a una propuesta de exigir al Estado ayuda para los familiares de los desaparecidos; “sería tanto como dar oportunidad a los represores para pagar con dinero sus crímenes”, reclamó.

Ella había sufrido en 1975 la desaparición forzada de su hijo Jesús Piedra Ibarra, acusado de ser presunto integrante del grupo guerrillero “Liga 23 de Septiembre”. Aunque el gobierno inicialmente lo negó, a él lo detuvo la DFS el 18 de abril (quedó consignado en un informe) y es lo último que se sabe de su paradero.

En 2019, María del Rosario Piedra Ibarra, hermana de Jesús y cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, asumió como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en una gestión en la que víctimas la han acusado de abandono y tibieza por “alineación” al poder.

El siguiente cargo de García Paniagua fue de secretario de la Reforma Agraria, del que tomó posesión el 29 de marzo de 1980. Durante su mando ocurrieron invasiones de tierras y homicidios de campesinos.

“A últimas fechas se ha registrado una criminalidad en el país, una ola de invasiones y asesinatos, y se citan numerosas causas de esa situación, a causa de los grupos extremos que las patrocinan, dicen unos que se trata de echeverristas, y otra clase de personas señalan que son para probar la fuerza del secretario de la Reforma Agraria, a quien se le considera una persona clave en la sucesión presidencial”; esa explicación dio a periodistas que lo cuestionaron, según un informe de Miguel Nazar Haro del 6 de junio de 1980.

Aún en ese cargo, la Federal de Seguridad envió a Gobernación un documento del sector especial titulado “Publicación aparecida en el folleto ‘Onda’, que escribe el periodista Odilón López Urías”. Fechado el 26 de julio de 1980, el agente Arturo Moreno Espinosa transcribe de la crítica: “en 2 meses de actuación, el edificio de Bolívar y Fray Servando se ve desierto de campesinos y pequeños propietarios, a la entrada hay 3 Coroneles, los elevadores son manejados por Tenientes, en cada piso hay más Sargentos que Funcionarios”. García Paniagua, sostiene, “se ha rodeado de tanto maleante”; luego prosigue: “poco le interesa la tenencia, reparto agrario y producción alimenticia, le encanta el chisme político que proviene de la DFS, de Gobernación y el PRI”.

El documento contiene información sobre López Urías, con un tono de descrédito que incluye supuestas adicciones y posibles delitos. El 9 de octubre de 1986, entre seis y ocho pistoleros detuvieron el vehículo en el que el periodista viajaba con su familia en la carretera Guamúchil-Culiacán. Lo sacaron a la fuerza. Dos días después apareció su cuerpo; lo acribillaron con tres disparos.

Seis meses antes había sido asesinado su hijo Héctor Odilón López López, también periodista, y el padre dijo a Proceso que acusaba al hijo del gobernador de Sinaloa Antonio Toledo Corro, cuya administración transcurrió bajo sospecha de protección al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo.