Durante casi 18 años el archivo de la tenebrosa Dirección Federal de Seguridad permaneció custodiado por agentes del Cisen, la corporación que la sucedió. Al historiador tabasqueño Carlos Enrique Ruiz Abreu le correspondió, como director del Archivo General de la Nación, solicitar que se retirara esa guardia y el acervo fuera consultado sin vigilancia armada. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2019, nueve agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI), abandonaron las instalaciones del Archivo General de la Nación (AGN) después de casi 18 años de custodiar y manejar de forma exclusiva y discrecional más de 58 mil expedientes y alrededor de 7 millones de tarjetas correspondientes a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). La orden provino de su jefe, el general Audomaro Martínez Zapata, revela en entrevista para Proceso Carlos Enrique Ruiz Abreu, director del AGN. Agrega que en diciembre de 2018, al llegar al antiguo Palacio de Lecumberri, halló dentro de la Galería 5 una “puerta secreta”, donde se encontraban instalados los agentes. La que había sido una crujía estaba cerrada con llave y no pudo ingresar, sino hasta enero. “Después de vacaciones regresé a la Secretaría de Gobernación con la exministra Olga Sánchez Cordero; le dije que yo no podía permitir que estuviera cerrado. Entonces hablamos con el general Audomaro Martínez y quedamos en el acuerdo de que me iban a dar llave porque ahora yo me iba a hacer cargo de esa documentación”. Así quedó asentado en el acta de entrega-recepción a la que este semanario tuvo acceso, firmada por Mariana Gayosso, directora del Archivo Histórico Central (AHC) del AGN y autoridades del CNI. En este documento se detalla la entrega de las llaves tanto de la oficina montada en la Galería 5 como de las llaves del depósito 1 del Edificio de Acervos, donde se resguardan 4 mil 223 cajas que contienen los expedientes, así como 282 cajas con versiones públicas y 114 cajas con expedientes “de las cuales no se define su contenido en particular”. A pesar de estas entregas, el acta establece que un índice analítico compuesto por 74 tarjeteros metálicos con 7 millones de fichas bibliográficas continúa siendo propiedad del CNI, aunque “serán donados al Archivo General de la Nación de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables”, mientras que el AHC asumió el “resguardo temporal de los ficheros”. Durante tres días, los agentes y los archivistas adscritos al CNI desalojaron la oficina de la Galería 5, equipada con computadoras, impresoras e incluso una línea telefónica independiente, donde se instalaron desde 2015, después de que la documentación fue ubicada en los nuevos edificios de acervos, según informaron a este semanario trabajadores del AGN.  En esos meses circuló entre archivistas de dependencias públicas otra versión sobre la salida de los agentes del Cisen del AGN, en la cual se dijo que Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, prácticamente los había corrido del lugar después de una reunión con autoridades del AGN. Sin embargo, el historiador Ruiz Abreu, de origen tabasqueño, afirma que la salida de este personal ocurrió en buenos términos y de manera pacífica: “Nos asesoraron bastante y nos estuvieron ayudando, no los corrí violentamente”. Además, comenta, siguen en contacto para consultas sobre la información que custodiaron: “Hemos seguido en comunicación con ellos; a veces nos piden algo y tenemos colaboración”.

El acuerdo Creel-Medina Mora

El personal del Cisen llegó al AGN en marzo de 2002, luego de que el 19 de febrero de 2001 Stella María González Ciceró, entonces directora general del AGN, recibió el fondo de la DFS con base en un acuerdo que el presidente Vicente Fox publicó el 27 de noviembre de 2001 en el Diario Oficial de la Nación, supuestamente con el fin de investigar violaciones a derechos humanos contra personas vinculadas a movimientos sociales y políticos del pasado. A petición del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, a Eduardo Medina Mora Icaza, director de Cisen, los agentes se presentaron al AGN a fin de prestar la “cooperación técnica necesaria para su manejo”, pero en las siguientes administraciones permanecieron ahí sin ratificar formalmente su estancia en el recinto. Ruiz Abreu opina que el acuerdo de Creel con Medina Mora posibilitó la permanencia legal del personal del Cisen, debido a que el AGN, hasta la publicación de la Ley General de Archivos, fue órgano centralizado y sectorizado por Gobernación. Además, puntualiza, la transferencia que se realizó en 2002 consistió simplemente en un resguardo, ya que no existían leyes que normaran los procedimientos de baja y transferencia documental, por lo que no hubo un control de la información que entregó el Cisen y éste conservó la propiedad legal de los acervos, ya que el acuerdo de Fox establece que el fondo se traslada al AGN “para su custodia, organización y conservación”. “No le podemos llamar transferencia porque no tiene esas características desde el punto de vista archivístico; simplemente se pasó la documentación de un lugar a otro”, explica Ruiz Abreu. De acuerdo con un trabajador del AGN que los guió en recorridos por el antiguo Palacio de Lecumberri, en marzo de 2002 arribó a esas instalaciones un grupo de archivistas y agentes adscritos al Cisen, encabezados por Vicente Capello Rocha, el celoso agente que manejó y organizó el archivo de la antigua DFS. “Nadie podía entrar a su archivo –relata–; nosotros no teníamos acceso, no podíamos ni checar el fichero, nos tenía bien checados”. Poco después se instalaron en las celdas dobles de la planta baja de la Galería 1, junto a suministros de papelería, una fotocopiadora, computadoras y teléfonos, una de cuyas líneas los enlazaba directamente a las oficinas centrales del Cisen en la entonces delegación Magdalena Contreras para reportar cualquier eventualidad. “Todo ese equipo era de ellos; no estaba inventariado por el AGN más que el equipo del módulo de entrada donde ellos te registraban”, cuenta otro archivista consultado, quien compartió breve tiempo el módulo de atención con el personal del Cisen. A la entrada de esa galería uno de los agentes, armado, vigilaba el acceso de historiadores, periodistas, familiares de personas desaparecidas y viejos militantes que desde entonces se atrevieron a indagar en los documentos de la inteligencia mexicana. Incluso los trabajadores estuvieron sujetos a la vigilancia de esos elementos de seguridad nacional. Uno de los antiguos empleados del AGN que estuvo cerca de Capello Rocha recuerda que éste, con el tiempo, pareció demostrarle cierta confianza: “Una vez me dijo que si no quería ver unas tarjetas que usaban para localizar los expedientes, pero le dije que no. Prefería no enterarme, era información muy delicada la que manejaban”. Pero al poco tiempo se percató de que era vigilado afuera del Archivo y de camino a su casa. Durante siete años el préstamo de documentación de ese material para consulta se hizo de modo discrecional, a criterio de Vicente Capello, quien trabajó en la corporación desde 1961 y se retiró en 2009. El puesto lo ocupó el agente y archivista Gerardo Vergara. El resto de la plantilla del Cisen en el AGN también cambió posteriormente.  Este reportaje se publicó el 2 de febrero de 2020 en la edición 2257 de la revista Proceso