OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca se congratularon de que el Estado Mexicano haya aceptado más de 300 recomendaciones que le formularon 115 países en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y que constituyen una guía para la construcción de la agenda de derechos humanos del Gobierno federal entrante, pero que también deben de guiar la actuación de las autoridades de los gobiernos estatales.

Cabe mencionar que el pasado 5 de julio de 2024, el Gobierno Mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para dar formal respuesta a las 318 recomendaciones internacionales para enfrentar la grave crisis y los profundos retos en materia de derechos humanos.

Las recomendaciones se concentran en el abordaje de la violencia feminicida, la igualdad de género, garantías para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, derechos de los pueblos indígenas, niñeces, juventudes y población LGBTQI+, así como la desaparición forzada y la migración.

Cabe señalar también que 14 recomendaciones importantes en materia de desplazamiento interno forzado, militarización y seguridad, acceso a la justicia y migración no fueron aceptadas por el Estado Mexicano.

Las organizaciones: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Red Nacional de Abogadas Indígenas, Capítulo-Oaxaca, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa y el Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli recuerdan que “la efectiva implementación de las recomendaciones implica voluntad política y transformaciones estructurales profundas desde lo federal pero también en las entidades federativas como en el caso de Oaxaca”.

Desde Oaxaca señalan prioridades “para avanzar hacia la debida implementación”, entre las que destacan “hacer real la autonomía de los órganos autónomos de derechos humanos”, la investigación y sanción “a las autoridades de procuración y administración de justicia omisas o negligentes” y al funcionariado “que impida u obstaculice la libertad de expresión y defensa de derechos humanos”.

Consideran que las recomendaciones constituyen “una guía para la construcción de la agenda de derechos humanos” y que el Estado Mexicano y los Gobiernos estatales “tienen la oportunidad de tomar pasos significativos para afrontar la grave crisis de derechos humanos en el país y demostrar su compromiso internacional en la materia”.

Y reiteran que estarán “atentos a las acciones que implemente el Gobierno del Estado de Oaxaca para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que derivan de la aceptación de estas más de 300 recomendaciones”.

Explicaron que, para avanzar hacia la debida implementación de las recomendaciones internacionales, en Oaxaca es prioritario:

Destinar presupuesto suficiente, etiquetado, transparente, con indicadores medibles y accesibles para evaluar la política pública de derechos humanos; hacer real la autonomía de los órganos autónomos de derechos humanos, en específico la Fiscalía General del Estado de Oaxaca de la que depende la erradicación de la impunidad.

Así como detener la presencia de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en prioridad en las comunidades indígenas donde se pretende imponer megaproyectos.

Además de armonizar el marco jurídico estatal con estándares internacionales impulsando reformas de los marcos constitucionales para garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de derechos de pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.

Implementar programas integrales de manejo de residuos sólidos con pertinencia técnica, cultural y de respeto a los derechos humanos que cumpla con estándares internacionales en materia de reparación del daño y medidas compensatorias.

De igual forma, generar e implementar un mecanismo para investigar y sancionar a las autoridades de procuración y administración de justicia omisas o negligentes; reformar el marco normativo estatal incrementando las sanciones contra el funcionariado que impida u obstaculice la libertad de expresión y defensa de derechos humanos.

También se deben iniciar procedimientos sancionadores contra autoridades de procuración de justicia que no inicien las investigaciones de muerte violentas de mujeres como feminicidios y revisar el marco legal, política pública y presupuesto para garantizar la prevención, atención y sanción de la discriminación y violencia feminicida en contra de niñas y adolescentes.

Mencionaron que el Estado Mexicano y los Gobiernos estatales tienen la oportunidad de tomar pasos significativos para afrontar la grave crisis de derechos humanos en el país y demostrar su compromiso internacional en la materia.

Finalmente, insistieron que “desde Oaxaca estaremos atentos a las acciones que implemente el Gobierno del Estado de Oaxaca para cumplir con las obligaciones y responsabilidades que derivan de la aceptación de estas más de 300 recomendaciones”.