CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los 32 gobernadores del país presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito con el que alertaron sobre los efectos negativos que tendría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

A través de un amicus curiae (amigos de la Corte) presentado en el buzón judicial de la Corte el pasado 26 de abril los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores indicaron que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno del país.

“(Esto) con el fin no sólo de impedir la vulneración de nuestra Carta Magna sino de evitar un grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos, de las víctimas y testigos, así como la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto”, señalaron los gobernadores.

“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Enfatizaron en que la prisión preventiva oficiosa, que se pretende declarar inconvencional de acuerdo con un proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que se discutirá en septiembre próximo, se aplica cuando una persona es imputada por delitos de alto impacto y que en su momento fueron considerados como graves.

“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, señalaron en su escrito.

“Por ello, hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoración del que vive y tiene elementos más que suficientes para emitir opinión fundada sobre las negativas consecuencias que una eventual decisión adversa de ese Poder tendría en la seguridad pública de nuestros gobernados”.

El escrito de la Conago, público a través de las redes sociales del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, fue presentado en relación al expediente 3/2023 en el que la Corte debe determinar cómo el Poder Judicial de la Federación (PJF) cumplirá la sentencia condenatoria dictada por la CorteIDH en el caso García Rodríguez y otros contra México, en el que el organismo internacional señaló que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y debe ser eliminada del sistema penal mexicano.

En ese expediente, el ministro Pardo ya repartió su proyecto de resolución en el que plantea que lo único que procede es que México acate y reconozca en su totalidad la sentencia emitida por la CorteIDH.

Después de que el Pleno discuta ese asunto, los ministros entrarán al estudio de dos proyectos de resolución realizados por Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quienes proponen inaplicar la prisión preventiva oficiosa entendida como una medida automática que depende del delito por el que esté imputada una persona.

En su lugar, los ministros prevén establecer que los jueces del país analicen caso por caso las razones por las cuales una persona puede o no continuar con su proceso penal en prisión preventiva hasta en tanto se le dicte sentencia definitiva.

Ambos ministros coinciden en que la forma en que los jueces mexicanos y las fiscalías del país están utilizando la prisión preventiva oficiosa puede ser considerada como una condena anticipada, lo que viola las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos que ha firmado México.