El “mayor riesgo” que enfrentan los comicios generales que se realizarán en México este año es la penetración del narcotráfico, que en algunas regiones puede superar a la observada en las elecciones intermedias de 2021, pero “falta voluntad política” para hacer frente, con medidas preventivas y con investigación judicial, a ese fenómeno político-criminal.

Ése es el diagnóstico de varios expertos latinoamericanos en seguridad, corrupción y crimen organizado que fueron convocados por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM para analizar el tema y que lamentaron la falta de estrategias para impedir que en estos comicios se profundice “el proceso de captura del Estado” que desarrolla el narcotráfico en la mayoría del territorio.

Especialistas de Brasil, Colombia y México coincidieron en señalar a Proceso que el principal desafío siempre se presenta en los niveles de gobierno más débiles, como los municipales y estatales, donde deben concentrarse los principales esfuerzos institucionales con políticas preventivas más que reactivas.

En los comicios del próximo 2 de junio serán electos mil 580 presidentes municipales, ocho gobernadores –entre ellos los de Guanajuato y Morelos, dos de los estados más violentos del país– y diputados de 31 congresos locales, mientras que a escala federal se renovarán la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Senado, y en la Ciudad de México la Jefatura de Gobierno y sus 16 alcaldías.

El sociólogo brasileño Michel Misse, quien ha estudiado durante décadas la relación entre el crimen organizado y las “mercancías políticas”, afirma que por más rigurosas que sean las leyes electorales que penalizan el ingreso de dineros ilícitos a las campañas proselitistas, éstas serán burladas “por debajo de la mesa” si no existe la voluntad política de aplicarlas.

El director del Centro de Estudios en Ciudadanía, Conflicto y Violencia Urbana de la Universidad Federal de Río de Janeiro señala que el crimen organizado, como los cárteles mexicanos de la droga, “tiene interés en controlar las elecciones y en tener sus propios candidatos”, y eso lo hace mediante “la compra o la apropiación por la fuerza de esa mercancía política”.

Misse, doctor en Sociología, autor de varios libros sobre crimen organizado y creador del concepto “acumulación social de la violencia”, dice que en varios países de América Latina hay leyes para prevenir y penalizar los delitos electorales, pero su aplicación está sujeta a la independencia (o no) de los organismos de investigación (las fiscalías) y a que las más altas autoridades reconozcan y enfrenten las relaciones entre crimen y política.

Explica que, como ocurre en México, en las campañas electorales en Brasil también se mueve dinero “por debajo de la mesa” o por la caixa dois (caja 2, en español), pero “al existir la posibilidad de que la justicia investigue y de que el candidato que haga eso sea descubierto, ha bajado mucho la capacidad de interferencia de los empresarios legales e ilegales en las elecciones”.

En México y en Brasil la ley prohíbe las aportaciones o donativos de empresas a los candidatos a cargos de elección popular, pero las fiscalías brasileñas tienen más autonomía para perseguir delitos electorales y sancionar a infractores.

La violencia asoma la nariz

El investigador del CRIM de la UNAM, Medardo Tapia, coordinador del seminario “Corrupción, seguridad y justicia en gobiernos locales de México, Colombia y Brasil” en ese centro, asegura que en el caso mexicano “se ha ido cerrando cada vez más la línea que divide la delincuencia organizada de la representación política”, especialmente en los municipios y los estados.

Ese fenómeno, que se expresó con fuerza en los comicios legislativos y locales de 2021, ha ido creciendo cada vez más y representa “el mayor riesgo” en las elecciones de este año, indica.

Y dice que esto ocurre “porque en México no hay voluntad política en ninguno de los niveles de gobierno, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en los aparatos de justicia”, para hacer frente, prevenir y sancionar la penetración del narcotráfico en las elecciones.

“El crimen en México está ontológicamente asociado al Estado y esta relación afecta la manera en que se accede al poder electoralmente y estimula la acumulación social de la violencia (proceso que se genera por la proliferación de rentas ilícitas y el control territorial armado) y el tráfico de poder político”, señala el doctor en Educación y Desarrollo humano de la Universidad de Harvard.

A principios de enero pasado, en sólo dos días fueron asesinados los precandidatos a las alcaldías de Armería, Colima, Sergio Hueso, de Movimiento Ciudadano (MC), y de Suchiate, Chiapas, David Rey González, de la coalición Fuerza y Corazón por México, así como el regidor panista de Cuautla, Morelos, Giovanni Lezama.

En el proceso electoral de 2021 fueron asesinados 35 candidatos y precandidatos, la mayoría de los cuales aspiraba a cargos en sus municipios, el nivel de gobierno más vulnerable a la influencia del crimen organizado (Proceso 2327).

Fundador de Morena, Gibrán Ramírez denunció que “muchos” candidatos de ese partido –del que ahora es disidente– pactaron con el narcotráfico en sus regiones y llegaron a recibir dinero en efectivo o en moneda extranjera para sus actos proselitistas, propaganda y gastos logísticos.

Mal precedente

Medardo Tapia, quien ha realizado estudios comparativos sobre los fenómenos de violencia y corrupción política en México, Brasil y Colombia, señala que, pese a las evidencias del financiamiento ilegal, la coacción y la violencia del crimen organizado en las campañas de 2021 nunca se investigaron a fondo ni se penalizaron los hechos, lo que sienta un mal precedente para las elecciones generales de 2024.

Explica que, más allá de las reformas legales que hacen falta en México para penalizar a los políticos aliados del crimen organizado, lo que hace falta es la decisión de hacer frente a ese fenómeno, por lo pronto, con las herramientas que existen.

Tapia dice que mientras en Brasil y en Colombia políticos de muy alto nivel están en la cárcel de esos países por financiamiento ilegal, lavado de dinero, compra de votos o asociación con el narcotráfico –entre ellos el expresidente de la cámara brasileña de Diputados, Eduardo Cunha, y el expresidente del Senado colombiano Arturo Char–, en México la mayoría de las investigaciones por esos delitos se han originado en Estados Unidos.

Menciona los casos del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y los exgobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva; de Tamaulipas, Tomás Yarrington; de Nayarit, Roberto Sandoval, y de Coahuila, Jorge Torres López, todos los cuales enfrentaron o enfrentan procesos penales en cortes estadunidenses por lavado y relaciones con cárteles de las drogas.

El mismo García Luna no tenía ninguna acusación judicial en México cuando fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, para responder por cargos de conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Tapia, quien de manera paralela a su actividad académica se desempeñó durante nueve años como consejero electoral en el estado de Morelos, indica que en México ningún político fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de recibir financiamiento del narcotráfico o de comprar votos con dinero de procedencia ilícita en las campañas electorales de 2021.

Esto, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó financiamientos ilícitos a candidatos vía empresas fantasma y hasta anunció el congelamiento de cuentas bancarias, aunque nunca se conoció qué políticos estaban involucrados ni el desenlace de esas investigaciones.

La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que observó esas elecciones expresó que hubo una “intervención importante” del crimen organizado y episodios de violencia que pusieron en riesgo el proceso.

En Michoacán la coalición PRD-PAN-PRI impugnó la elección del candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, como gobernador del estado, al considerar que el cerrado resultado –de apenas 2.8 puntos porcentuales por arriba del opositor Carlos Herrera Tello– fue determinado por el contexto de violencia en la entidad y la incidencia del crimen organizado en los comicios.

El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron la impugnación al considerar que la violencia y la intervención de los grupos delictivos fueron “hechos aislados” ocurridos en algunos municipios que no resultaron determinantes en el resultado de la elección.

La decisión del TEPJF fue cuestionada por varios juristas que argumentaron que había elementos para anular los comicios y que una decisión en ese sentido hubiera sentado un precedente para futuras elecciones.

Un México inimaginable

Luis Fernando Quijano, especialista colombiano en crimen organizado, dice que en su país la presencia del narcotráfico en las campañas electorales es un fenómeno muy presente en la agenda política nacional desde los 80, cuando los cárteles de Medellín y Cali financiaban masivamente a candidatos, incluso presidenciales.

En 1996 el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, enfrentó un proceso en el Congreso por el presunto ingreso de dinero del Cártel de Cali a su campaña, pero el caso fue precluido por mayoría de votos.

“No me imagino que en México un presidente sea procesado por financiamiento del narcotráfico o por cualquier otro delito, eso nunca ha ocurrido”, sostiene Quijano, uno de los participantes en el seminario “Corrupción, seguridad y justicia en gobiernos locales de México, Colombia y Brasil” del CRIM de la UNAM.

El experto señala que tampoco se imagina que en México, “un país tan presidencialista”, se sancione en bloque a los legisladores de la coalición gobernante que hayan incurrido en financiamiento ilegal, como ocurrió en Colombia a finales de la década de 2000, cuando 60 congresistas –en su gran mayoría aliados del entonces presidente Álvaro Uribe– fueron destituidos y procesados penalmente por recibir fondos de grupos narcoparamilitares.

Eso fue posible por las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, que han tenido periodos de gran independencia frente al Ejecutivo.

Para el coordinador del Programa de Gobierno y Políticas Públicas del CRIM de la UNAM, Medardo Tapia, un factor que en México determina la reacción institucional frente al proceso de “captura del Estado” que se presenta en varias regiones es que, al más alto nivel, no se quiere reconocer el problema.

“Cuando un problema no existe en la narrativa oficial, no hay forma de que sea enfrentado, y lo que vemos en México es que el discurso cotidiano del presidente López Obrador es que la violencia está bajo control, que las continuas masacres son hechos aislados y exacerbados por la oposición, por la prensa y por sus adversarios políticos”, afirma el autor de 14 libros sobre violencia y crimen organizado y posdoctor en Antropología de la Universidad Federal Fluminense de Brasil.

Tapia menciona que la falta de independencia de las fiscalías es otro elemento que favorece la intromisión del crimen organizado en los comicios.

En Brasil, por ejemplo, el fiscal general surge de una terna que eligen por votación todos los ministerios públicos federales, y que después presentan al presidente, quien no tiene ninguna posibilidad de colocar en ese cargo a un amigo o aliado político, como suele ser el caso de México.

El director del Instituto de Estudios Comparados en Administración Institucional de Conflictos de Brasil, Roberto Kant de Lima, afirma que la relación entre crimen y política es un fenómeno que siempre ha existido en todo el mundo, pero hay países que han logrado enfrentar con éxito ese delito y en Latinoamérica “deberían observar esas experiencias para adaptar a nuestra realidad lo que ha funcionado en otras partes”.

Para el doctor en Antropología de la Universidad de Harvard no sólo se trata de prohibir a través de leyes, sino de tener “decisión política” y de prevenir con estrategias interinstitucionales que involucren a autoridades locales y nacionales.

*Este texto fue publicado en la edición impresa de Proceso de marzo de 2024.