TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.– Desapariciones, atentados y asesinatos... Durante el presente proceso electoral aspirantes a un cargo de elección popular de todos los partidos políticos han sido víctimas de ataques armados. 

Para una parte de la política chiapaneca, dicho escenario de terror refleja el riesgo que el crimen organizado ya representa para el actual proceso electoral y la democracia en el estado; para otro sector, se trata de casos que no están generalizados en la entidad.

Sin embargo, en los hechos, desde octubre último han ocurrido agresiones armadas contra aspirantes sin que las autoridades puedan frenarlas.    

En ese contexto de violencia política, se percibe difícil que Morena, como se propone, sume un millón 800 mil votos para su candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y para su aspirante a gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

Previo a la designación de candidaturas, desde el último trimestre de 2023 se reportaron incidentes violentos en Chiapas. 

En octubre último fueron secuestrados y asesinados Christian Landa Sánchez y José Luis Jiménez, encuestadores de Morena, quienes se encontraban trabajando en el municipio de Juárez.

Dos aspirantes fueron desaparecidos en medio de la violencia que se padece en sus municipios. El 26 de noviembre de 2023 se reportó el caso de Antonio Santiz Gómez, de 53 años, comisario ejidal del municipio Maravilla Tenejapa y aspirante a la candidatura por ese ayuntamiento fronterizo por el Partido Verde.

Santiz había creado en meses recientes un grupo de autodefensa que enfrentaba a uno de los cárteles de la droga que intenta controlar la región. Días antes de su ataque, él y su familia se habían refugiado en el municipio de Comitán, luego que la violencia se incrementó en su municipio de residencia.

El segundo político desaparecido es Irán Guanerges Mérida Matamoros. Salió de su municipio, Frontera Comalapa, el 14 de diciembre último. Era asesor del actual presidente municipal; estaba considerado como un aspirante a la presidencia por la coalición de Morena y Partido Verde.

El 9 de diciembre de 2023 fue asesinado a tiros Martín Palé Santiz, líder de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente por un Chiapas Mejor (Comach); él aspiraba a contender por la presidencia municipal de Huixtán, por Morena.

Él fue ultimado cuando se encontraba en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. Semanas antes, el 25 de noviembre último, asistió a la gira de Claudia Sheinbaum. Ahí se le acercó a la candidata presidencial y le manifestó su aspiración política; le pidió apoyo. 

Presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate y aspirante a la candidatura por la presidencia de ese municipio fronterizo con Guatemala, David Reyes González Moreno fue asesinado el 5 de enero pasado con armas de fuego en un camino de terracería que conduce a su rancho.

Reyes González, agricultor, expuso su intención de contender por la presidencia como candidato por el Frente Amplio Por México (PRI-PAN-PRD). Antes había ocupado el cargo de agente municipal del ejido El Dorado.

Otro caso más: el 23 de febrero pasado el candidato a senador por la Coalición Fuerza y Corazón por México, Willy Ochoa Gallegos, denunció que hombres armados a bordo de varias camionetas lo persiguieron y acosaron por varios kilómetros en un tramo carretero del municipio de Las Rosas; por la agresión denunció al alcalde Antonio Orantes. 

Tres días después Ochoa Gallegos dio detalles de los hechos y dijo que su familia le pidió suspender la campaña política, pero explicó que él decidió no hacerlo. Acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar el atentado. Ahora dos patrullas de la Guardia Nacional lo custodian. 

El 27 de febrero último Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, fue emboscado a tiros cuando se dirigía a Tuxtla Gutiérrez. 

Orantes Villatoro dijo que los agresores con armas largas viajaban en dos camionetas sin logos de corporación policiaca alguna, pero con torreta y estroboscopios. Acudió a la fiscalía estatal para denunciar el atentado.

El 8 de marzo último Obdulio Gutiérrez Gutiérrez, precandidato a la presidencia municipal de Maravilla Tenejapa, fue emboscado a tiros cuando se encontraba en su parcela, en inmediaciones de la comunidad de Amatitlán.

El 12 de marzo pasado fue asesinado Luis Moha Cruz, exdirector de la policía municipal de Playas de Catazajá.

Un Estado que abandona

En entrevista, Willy Ochoa Gallegos denuncia que “en Chiapas ha sucedido un abandono rotundo por parte de las autoridades federales y estatales. Un abandono en sus condiciones de pobreza, de salud, y el más significativo y doloroso es el que se vive en materia de seguridad”. 

Explica que el avance del crimen organizado “es evidente porque en muchos de los casos, en muchos de los territorios, vemos una confabulación de los aspirantes o presidentes municipales con crimen organizado. Y eso hace muy difícil que el respeto al Estado de derecho se lleve a cabo”.

Dice que en este momento los candidatos deberían estar hablando de sus propuestas de campaña. Sin embargo, todo eso se ve opacado porque la principal preocupación es la inseguridad y narcoviolencia que se padece en el estado.

“Hoy desplazarse en el territorio chiapaneco no sólo depende de valentía, sino también de audacia y, evidentemente, de operación política”, asegura Ochoa. “Chiapas tiene muchos focos rojos”, denuncia el candidato al Senado.

En vista de la jornada electoral del próximo 2 de junio, agrega: “El crimen organizado está amenazando a la población, está amenazando a los ciudadanos. Y cuando uno se desplaza ocurren bloqueos; el crimen organizado usa como carne de cañón a los pobladores atemorizados”. 

Optimismo

Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, reconoce que en el estado la situación no es fácil en algunas regiones en específico, pero asegura que no es un problema generalizado.

En algunos puntos que han sido anteriormente focos rojos, explica, por ahora han podido superar los problemas, como Venustiano Carranza y Honduras de la Sierra. Se han tenido algunos obstáculos en la región de la Sierra, dice, cuando ocurren bloqueos o enfrentamientos entre grupos de civiles armados, pero insiste que en estos casos ha tenido que pedir el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Menciona que, además de Oxchuc, donde ya pueden ingresar para realizar elecciones federales, hubo problemas por enfrentamientos en Maravilla Tenejapa y Altamirano, pero van avanzando. 

Aun cuando faltan tres secciones electorales en La Concordia ya están por finiquitar también la posibilidad de realizar elecciones en ese municipio, asegura

“Afortunadamente no es un problema generalizado, está muy focalizado y hemos estado trabajando en lo que nos compete a nosotros en completa y estrecha colaboración con las corporaciones de seguridad”. 

–¿Y Frontera Comalapa?

–Ahí hemos ingresado solamente, por ahora, a la cabecera municipal y estamos entrando ya en algunas localidades rurales. Aún no estamos en todo el municipio, pero vamos avanzando gradualmente. 

“En Amatenango de la Frontera aún no entramos, aunque nos mencionan que ya hay condiciones para ingresar al menos a la cabecera municipal. Tampoco hemos ingresado a Bejucal de Ocampo”. 

Rodríguez Sánchez recuerda que tienen de plazo el 31 de marzo próximo para poder ingresar a las 120 secciones electorales federales pendientes. 

Se confirmó la advertencia

Desde la edición de su libro Dinero del Crimen Organizado y Fiscalización Electoral (Fontamara 2011), Oswaldo Chacón Rojas advirtió lo que ahora es una realidad en los procesos electorales en México. 

Presidente en Chiapas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) durante siete años, y presidente nacional de los Organismos de Públicos Locales Electorales (OPLES), Chacón Rojas se allegó de mucha información no sólo sobre que lo que pasaba en Chiapas, también de lo que se vivía en otros estados. 

Derivado de ello, se adelantó en su momento para analizar lo que ahora es una situación crítica en Chiapas, entre otras entidades; ahora en entrevista, Chacón Rojas expone que se ha incrementado la amenaza del crimen organizado en los procesos electorales.

Recordó que en 2018 en todo el país se anularon 18 elecciones municipales por temas relaciones a la inseguridad y la violencia, pero que de esas 18, 10 fueron en Chiapas. Es decir, más de 50% de anuladas por inseguridad ocurrieron en esta entidad del sureste mexicano. 

“En 2021 el escenario se recrudeció y el indicador más fuerte fue el hecho de que en Chiapas se dejaron de instalar 230 casillas. Fueron decisiones que se tomaron antes de la jornada electoral. No hubo condiciones en esos lugares para poder instalar casillas. 

“La gente no aceptaba ser funcionario o los capacitadores no pudieron hacer su trabajo porque había un contexto de violencia. Esto nos puede dar una idea del problema y su dimensión en Chiapas”, detalló Chacón Rojas. 

Expone que para tener una idea de lo grave que fue en Chiapas en esa ocasión, el estado en ese 2021 que quedó en segundo lugar en casillas no instaladas fue Michoacán, con casi 30 por la zona de Tierra Caliente. Pero en Chiapas fue con 230.

Explica que hay indicadores que revelan que cada vez más se multiplican los problemas para realizar elecciones y que hay cada vez más un contexto de inseguridad que está amenazando la normalidad de los comicios. 

Afirma que son las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno las responsables de que se generen las condiciones de seguridad para que la población pueda libremente ejercer su derecho a votar y ser votado. 

Chacón dice que, cuando le tocó ser consejero presidente del IEPC, se percató de “ciertas resistencias de la Guardia Nacional y de la Sedena” para intervenir en los procesos electorales, y que cuando se han presentado situaciones de conflicto insisten en que son las instancias locales las que deben resolverlo primero. 

“La experiencia nos está diciendo que no es suficiente y sí tendrá que haber una mayor presencia de estas corporaciones, a efecto de generar mejores condiciones. Y claro, debe hacerse sin que eso implique una amenaza para el desarrollo libre de las elecciones. 

“Estos grupos delictivos inciden en las elecciones, no sólo en la jornada electoral, lo hacen desde antes, cuando se definen las candidaturas. Tristemente nos enteramos cada vez más de ese tipo de situaciones (atentados). Hay testimonios de personas que han sido amenazadas, presionadas, con lujo violencia han sido intimidados, tratando de que no se postulen como candidatos o candidatas. Y eso, lamentablemente, es una regresión en términos democráticos”, dice el exconsejero electoral. 

Investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, considera que se pone en riesgo un proceso electoral libre cuando estos grupos de manera impune actúan tratando de incidir en las elecciones. 

Agrega que poner policías a los candidatos “es una visión muy limitada de lo que hay que hacer por parte del Estado. Se necesita mucho más que eso. La estrategia de blindaje hasta ahora sólo ha sido para los candidatos federales y candidatos a gobernador, cuando las peores amenazas se dan en los contextos locales y municipales”, agrega.