CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Del 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024 se reportaron 50 casos de violencia electoral, en los cuales fueron asesinadas 33 personas, de ellas 16 aspiraban a una candidatura. En promedio, más de tres personas vinculadas al proceso son asesinadas por mes.

Además, en el primer reporte preliminar del Laboratorio Electoral sobre la violencia en el proceso 2023-2024, entre 2021 y 2024 Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas, mientras que el PRD mantiene una preocupante tendencia en el número de víctimas de violencia desde 2018.

Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas, con Guerrero a la cabeza, principalmente en los municipios.

Además, se documentaron al menos 41 casos de violencia política no electoral cometida por funcionarios en activo o antiguos aspirantes, indicó en el mencionado informe, presentado el 9 de febrero, Arturo Espinosa Silis, director y fundador del Laboratorio Electoral.

“Hemos registrado 33 casos de personas asesinadas, directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionario públicos y familiares”, detalló.

Apenas el 7 de febrero asesinaron en Fresnillo, Zacatecas, a un cuñado del senador de Morena Ricardo Monreal: Juan Pérez Guardado, quien era director de Desarrollo Social y hermano de la esposa de Ricardo Monreal, María de Jesús Pérez.

Y el 10 de febrero fue asesinado Jorge Antonio Monreal Martínez, quien trabajaba en esa misma dirección de gobierno. Su padre, Juan Antonio Monreal Moreno, es primo de los Monreal Ávila.

El proceso electoral se inició formalmente el 7 de septiembre de 2023. Se elegirán 20 mil 367 cargos, entre los que destacan 629 federales y 19 mil 738 locales, incluyendo ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de más de mil 800 municipios.

Habrá procesos locales concurrentes en las 32 entidades y con la posibilidad de que voten más de 100 millones de personas, dentro y fuera del país.

El análisis del Laboratorio Electoral señala que el proceso se adelantó e inició después de la toma de posesión de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Desde el 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024 se registraron 50 casos de violencia electoral. De ese total, 33 corresponden a asesinatos, 11 atentados, dos casos de amenazas y cuatro de secuestro o desaparición.

Se considera que todos estos casos iban específicamente dirigidos a incidir en el proceso electoral, pues afectaron a personas que buscaban algún cargo o que hacían trabajos preparativos de la elección.

Homicidios

El informe del Laboratorio Electoral registra 33 asesinatos directamente relacionadas con el proceso electoral, es decir: aspirantes, precandidaturas, candidaturas, encuestadores, colaboradores de partidos, funcionarios públicos y familiares de los mismos.

El promedio de estos asesinatos por mes es de 3.6, siendo enero el que más casos registró (nueve), seguido de julio (seis).

Esas fechas coinciden con el proceso de selección de las precandidaturas en los procesos políticos inéditos (julio) y con la conclusión de las precampañas y la definición de las candidaturas de los partidos políticos (enero), lo que es consistente con una tendencia que se dio en procesos electorales pasados, la cual relaciona los tiempos de definición de candidaturas con picos de violencia.

De las 33 víctimas mortales registradas, 28 (84.8%) se identificaban como hombres y cinco (15.2%) como mujeres. Sin embargo, de las víctimas de otros tipos de violencia electoral (atentados o amenazas), las mujeres representan 47.05% de los casos y los hombres 52.94 por ciento.

Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas. Guerrero (con ocho casos) es la entidad con mayor incidencia, seguido de Veracruz (cinco) y Michoacán (cinco). Por su parte, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas reportaron menos registros de víctimas mortales por violencia electoral (uno por entidad).

Respecto de la filiación partidista de las víctimas mortales, 28 de las 33 personas estaban afiliadas a un partido político. Morena ha sufrido la mayor incidencia, mientras que los partidos de la coalición opositora tienen la misma cantidad de víctimas.

De los 28 casos de personas asesinadas que tenían alguna afiliación partidista, 16 eran aspirantes o precandidatos a un cargo público:

Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México: Samantha Carolina Gómez Fonseca (Morena).

Chiapas Ejido La Pita: David Rey González Moreno (Frente Amplio por México)

Colima: Armería, Sergio Hueso (MC)

Estado de México: Villa del Carbón, Miguel Ángel Cruz Robles (Morena).

Guanajuato: Salvatierra, Alejandro Lanuza Hernández (PAN).

Guerrero: Zitlala, Jaime Dámaso Solís (PAN).

Acapulco: Ricardo Taja Ramírez (Morena).

Chilapa: Marcelino Ruiz Esteban (PRD).

Acapulco: Moisés Tomás Juárez Abarca (PRD).

Jalisco: Mascota, Jaime Vera (PVEM).

Michoacán: Jacona, Miriam Noemi Ríos (MC).

Maravatío: Dagoberto García Rivera (Morena).

Morelos: Cuautla, Alfredo Giovanni Lezama Barrera (PAN).

Puebla: Chietla, Porfirio Hernández (Morena).

Chiautla: Javier Torres (PAN).

Veracruz: Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales (PAN).

El reporte señala que 81.25% de los aspirantes asesinados perdieron la vida en entidades gobernadas por Morena, aunque es importante mencionar que este partido gobierna 21 de las 32 entidades.

Llaman la atención los casos de los municipios de Zitlala, Cuautla, Villa del Carbón, Chilapa, Maravatío, Chiautla y Mascota, que son gobernados por una fuerza política diferente a la que ostenta la gubernatura.

Como en 2018, la mayor cantidad de casos de aspirantes asesinados se presenta a nivel municipal. De los 16 aspirantes asesinados hasta ahora, 13 buscaban un cargo de ese nivel.

Aunque el INE ha reportado un preocupante incremento en la cantidad de denuncias por Violencia Política de Género, con la información pública disponible no fue posible asegurar que candidatas y aspirantes se hayan visto directamente afectadas por este tipo de violencia cuando se aíslan los casos de víctimas mortales.

Sin embargo, se han presentado otros casos de violencia que, si bien no se dirigen a incidir de forma directa en el proceso electoral, se infligen a personas que ocupan algún cargo público. Hasta ahora el Laboratorio Electoral tiene registro de al menos 41 casos de violencia contra funcionarios, sus familiares, antiguos legisladores y aspirantes a una candidatura.

De éstos, 30 han sido asesinatos, seis han sido objeto de atentados o ataques armados, dos han recibido amenazas, dos fueron secuestrados y hubo una denuncia por Violencia Política de Género.

Es de destacar que estos 41 casos se han presentado en 10 de las 13 entidades donde se perpetraron asesinatos de aspirantes a un cargo, a excepción de Chiapas, Colima y el Estado de México. De nueva cuenta, la entidad que mayor cantidad de casos presenta es Guerrero (13), dejando muy atrás a Morelos, Puebla, Nuevo León y Oaxaca (tres cada una).

De estos casos, sólo dos se presentaron en 2024; los restantes 39 fueron en 2023. Por eso se consideró necesario retomar el informe “Atrocidades y eventos de alto impacto” de Causa en Común, que recoge los principales hechos violentos entre enero y diciembre de 2023.

La organización menciona que ese año se registraron 487 actos violentos contra la autoridad, 244 asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad y 44 asesinatos de actores políticos, entre otros. En dicho informe, también es Guerrero donde se presenta la mayor cantidad de actores políticos asesinados.    

El proyecto “Votar entre balas” de Data Cívica, cuyo análisis se centra en la intromisión del narcotráfico, advierte una realidad alarmante: 2023 ha sido el año con mayor cantidad de eventos violentos desde 2018, con un total 574. Guerrero encabeza la lista, seguido de Veracruz, Guanajuato y Oaxaca.

Ambos proyectos revelan un clima de violencia generalizada que puede poner en jaque la transición pacífica del poder en varias regiones del país y será un reto titánico para las autoridades responsables tanto del desarrollo del proceso electoral como de garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanía.

Las elecciones de 2024, como las de 2018, serán elecciones generales con concurrencia por primera vez con varias elecciones locales, mientras que las elecciones de 2021 fueron intermedias y con menor concurrencia de elecciones locales.

Riesgos electorales

Dirigida por Luis Carlos Ugalde, quien fuera consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), entre los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, la consultoría política Integralia prevé una intervención “como nunca” del crimen organizado en el proceso electoral.

Así enumera los riesgos:

Muy Alto: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos.

Alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.

Medio: Ciudad de México, Puebla y Quintana Roo.

A su vez, según el “Primer reporte de elecciones 2004” de la misma empresa, el actual proceso electoral ha sido intervenido mediante la violencia política, financiamiento ilícito de campañas, imposición de candidatos, movilización o inhibición del voto, así como intervención en casillas.

Integralia reportó, hasta el 7 de febrero, 32 homicidios por violencia política electoral en 2024, siete de cuyas víctimas eran aspirantes a un cargo de elección popular, 10 eran funcionarios o aspirantes y uno periodista o defensor de derechos humanos.

El 5 de octubre de 2023, el Consejo General del INE guardó un minuto de silencio por los asesinatos de dos miembros de un partido político:

“Este consejo general lamenta profundamente la pérdida de dos ciudadanos que en el momento de su deceso formaban parte de uno de los partidos políticos nacionales representados en esta mesa.

“Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre de este mismo año. Pido a todos en este momento ponernos de pie y guardar un minuto de silencio”, indicó la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

Pese a todas estas consideraciones, el 10 de enero pasado el INE rechazó elaborar un mapa de riesgos electorales 2024, con el argumento de que no tiene facultades legales ni la capacidad para realizar labores de seguridad pública.