CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; criminalización de activistas en defensa de territorio y el medio ambiente; incremento sostenido en el número de personas desaparecidas --que ya rondaban los 114 mil, según los registros oficiales--, mientras los familiares de estas víctimas “seguían exponiéndose a graves peligros, tales como la desaparición forzada, el homicidio, la represión o las amenazas”, son algunas de las consideraciones de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en México en el último año.

El informe mundial que cada año presenta la organización con sede en Londres dio cuenta de que el año pasado “el presidente (Andrés Manuel López Obrador) continuó lanzando acusaciones públicas contra la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) y el Poder Judicial, cuando estos tomaban decisiones contrarias a los planes del gobierno”.

De esta confrontación entre poderes, se puso como ejemplo la detención ocurrida en junio de la jueza Angélica Sánchez, radicada en Veracruz, por policías y miembros de la Guardia Nacional; fue señalada de poner en libertad a un hombre acusado de homicidio.

Militarización y opacidad

La organización alertó de la persistencia de la militarización en el país durante el gobierno de López Obrador, quien pretende que el Congreso apruebe una reforma para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “negando las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos”, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya ordenado lo contrario, “al considerar que la Guardia Nacional era una entidad civil y que sus acciones debían estar dictadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”.

La organización destacó que, en 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 28 recomendaciones a la Sedena y a la Secretaría de Marina (Semar) por tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas; una de esas resoluciones se refiere a la ejecución de cinco personas por personal militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hechos ocurridos el 26 de febrero del año pasado, pero dados a conocer en un video el 18 de mayo.

Al mencionar el incremento de la presencia militar en los espacios públicos, Amnistía Internacional recordó que en enero del año pasado se desplegaron más de 6 mil miembros de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México, “por supuestos motivos de seguridad”.

En el informe se da cuenta de “la falta de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información” por parte de la Sedena, luego de que en octubre del año pasado la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 denunciara la “obstrucción del acceso a documentos históricos” sobre abusos cometidos por personal castrense en ese periodo.

Amnistía Internacional incluyó el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos como otro caso de falta de transparencia por parte del Ejército, y de la protección del presidente López Obrador a las Fuerzas Armadas, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidiera salir de país, tras la negativa castrense a entregar información sobre el caso, en tanto que el mandatario anunció que se estaría investigando al exfiscal responsable de investigar el caso, Omar Gómez Trejo, quien intentó procesar a personal militar presuntamente implicado en la desaparición de los jóvenes, que este año cumple 10 años.

Desapariciones y arbitrariedades

Sobre las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional destacó que en 2023 “la Comisión Nacional de Búsqueda registró al menos 12 mil 031 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas”, elevando la cifra a 114 mil 004 personas a finales del año pasado.

La organización puso énfasis en la renuncia de la encargada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, en agosto, “después de que el presidente anunciara la creación de un nuevo censo con el argumento de que las cifras de ese organismo eran poco fiables y demasiado altas”.

Al resaltar la falta de experiencia de quien relevó a Quintana, Teresa Guadalupe Reyes, Amnistía Internacional apuntó que en diciembre se informó que, de acuerdo al nuevo censo, “se carecía de información suficiente para buscar a 79 mil 955” personas.

La organización dio cuenta de los asesinatos de familiares de víctimas de desaparición, como Teresa Magueyal, de Celaya, Guanajuato, quien buscaba a su hijo desde 2020; Griselda Armas asesinada junto con su esposo en Tacámbaro, Michoacán, quienes buscaba a su hijo desde 2022, casos que prueban los “graves peligros” a los que se exponen los buscadores de personas desaparecidas.

Entre los temas relevantes ocurridos en México se incluyó en el informe las dos recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México a través de las cuales instruyó a desaparecer el arraigo y modificar el sistema de prisión preventiva.

La primera de las resoluciones se refiere a la detención arbitraria, en 2006, de los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles, quienes estuvieron tres meses bajo arraigo y después dos años en prisión preventiva, para después ser exonerados.

El segundo caso, de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, tiene que ver con el arraigo y prisión preventiva durante 17 años de estas personas señaladas de haber participado en un homicidio, en 2002.

A esas sentencias del tribunal americano, se sumó el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, dado a conocer en septiembre, que “instó a las autoridades mexicanas a eliminar de la Constitución las disposiciones sobre prisión preventiva oficiosa y el arraigo”, a la vez que expresó su “preocupación por la militarización” desde 2006.

Periodistas y defensores

Amnistía Internacional alertó sobre la utilización del “sistema judicial de forma desproporcionada para encausar a defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente”, registrando casos de procesamientos de defensores por distintos delitos en Chiapas, Puebla y Yucatán.

Sobre la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, la organización internacional retomó informes de otras agrupaciones como Artículo 19 y Global Witness para referirse al registro del asesinato de al menos cinco periodistas y de 31 defensores del medioambiente y el territorio, en tanto que la oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) cifró en 13 los activistas asesinados el año pasado.

Amnistía Internacional incluyó en su reporte anual información del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que “registró al menos 188 casos de secuestro, amenazas y agresiones físicas contra personas de esos dos colectivos”.

Mientras que, en abril y mayo del año pasado, se revelaron nuevos casos del uso del programa espía Pegasus contra dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, situación que podría estar relacionada con “el trabajo que estas personas llevaban a cabo sobre violaciones graves a derechos humanos, como el caso de Ayotzinapa”.

En su informe, la organización internacional destacó que “cada día eran asesinadas un promedio de nueve mujeres en 2023”, de acuerdo a datos oficiales, lo que implica que “el número de casos de violencia sexual y feminicidio seguía siendo elevado, y no se procedía con la diligencia debida para investigar esos delitos adecuadamente”.  

Migrantes y derechos

Al hablar de la situación de migrantes, la organización resaltó el caso de la muerte de 40 hombres y las lesiones a otros 29, por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, de ahí que señaló que “el gobierno siguió sin tomar medidas para proteger a personas refugiadas y migrantes”, a pesar de que en marzo de ese año la SCJN ordenó que el plazo máximo para estar en una estancia migratoria era de 36 horas, para después ponerlos en libertad.

La organización resaltó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 141 mil 053 solicitudes de asilo de personas extranjeras, principalmente procedentes de Haití, Honduras, Cuba, Guatemala y El Salvador.

Entre otros temas relevantes en materia de derechos humanos, la organización reprobó que se haya continuado la construcción de Tren Maya, “pese a que entrañaba una preocupación por su impacto medioambiental”, así como que “persistía la inacción del gobierno para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, y comenzó a funcionar la refinería de dos Bocas”.

En cuanto a los derechos de la población LGBTIQ+, alertó que no se han modificado los códigos civiles en muchos estados para garantizar el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, a pesar de que a nivel federal está reconocido desde 2015.