CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de México para que deje de criminalizar a los defensores de la tierra, territorio y medio ambiente al denunciar que dicha criminalización de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación social.

Pidió al gobierno mexicano que las autoridades se abstengan de utilizar cuerpos de seguridad militarizados, como la Guardia Nacional, para la vigilancia de protestas y que se reforme la Ley Nacional de Uso de la Fuerza para adecuarla a estándares internacionales.

En su más reciente informe “México: Tierra y ¿Libertad?”, Amnistía Internacional destaca que el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir el respeto a sus derechos., incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros.

La agrupación documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentaciónn, tenían procesos judiciales pendientes.

En el caso de la Colonia Maya en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se trata de  un grupo diverso de personas que se unieron para protestar en contra de la construcción de un fraccionamiento residencial en una zona protegida que causaría daños ambientales.

El otro caso es en Zacatepec, Morelos, donde comunicadores y defensores nahuas protestaron en oposición a la construcción de un drenaje en Ciudad Industrial Huejotzingo, Puebla, que desembocaría en el Río Metlapanapa, contaminándolo.

El tercero es en Chilón, Chiapas, donde defensores tseltales, fueron criminalizados por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio.  El cuarto es el de lo pobladores del Pueblo Indígena maya de Sitilpech, que se oponen a una mega granja porcícola en su territorio que ya ha causado contaminación, afectaciones al agua y problemas de salud.

“En todas estas protestas, el Estado mexicano ha respondido con la criminalización de manifestantes, iniciando procesos penales a nivel estatal en contra de personas defensoras que protestaban de forma pacífica”, asevera Amnistía Internacional.

En su informe destacan que las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos.

Por ello recomienda que las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos

Mientras que, en relación específica con la criminalización de la protesta, recomienda revisar los tipos penales utilizados en los casos documentados y adecuarlos a estándares internacionales para asegurar que no sean utilizados en contra de la labor de las personas defensoras.

Asimismo, revisar las medidas cautelares otorgadas para evitar que interfieran con su labor de defensa, así como brindar capacitaciones a las Fiscalías para que puedan identificar oportunamente denuncias infundadas o criminalizantes y actúe en consecuencia.