CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio del reclamo generalizado de la sociedad civil por la falta de justicia en el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, sucedido hace un año, el Instituto Nacional de Migración (INM) presumió hoy que ofreció “acompañamiento integral” a los familiares de las 40 personas que fallecieron y de las 27 que resultaron heridas, lo que incluyó una “indemnización” para 29 de ellas.

En un boletín, la dependencia dirigida por Francisco Garduño Yáñez omitió mencionar la responsabilidad de sus agentes y de la institución en la muerte de los migrantes, a pesar de que los uniformados abandonaron a los hombres encerrados en su celda mientras se propagaba el fuego, y que el centro de detención no contaba con los elementos básicos de seguridad, como extintores y ventanas.

El INM se limitó en indicar que pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que lleven a cabo una investigación para “esclarecer los hechos y responsabilidades”, pero no dio a conocer sus resultados. No evocó la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), en la que el propio Garduño tiene la calidad de imputado.

Este 27 de marzo, a un año de la tragedia, el Consejo Consultivo del INM (CCINM), una instancia civil que supervisa el actuar del INM, emitió también un comunicado, en el que denunció la falta de “disponibilidad” de las autoridades involucradas para “reparar el daño y establecer medidas para la no repetición”, y reiteró su petición de que Garduño renuncie a su cargo.

El CCINM pidió al INM que presente una “disculpa pública”, pues aseveró que la institución “ha sido omisa en pronunciarse al respecto”.

“Lamentablemente, el Estado mexicano, a través del INM, continúa con su política migratoria de contención, detención, deportación y militarización, sin que existan cambios estructurales en la dinámica de la atención a personas migrantes”, abundó el organismo civil.

Ayer, un grupo de 39 organizaciones de la sociedad civil denunció la “indolencia” y la “omisión” del gobierno federal en lo que calificó como “uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante”; en un pronunciamiento conjunto, el bloque denunció que “a la fecha no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas”.