CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) abandonaron en su celda a más de 67 migrantes –provocando la muerte de 40 de ellos--, ha imperado la “indolencia” y la “omisión” del Estado mexicano, especialmente del INM, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un comunicado emitido este martes, en vísperas de conmemorarse el primer aniversario de la tragedia, 39 organizaciones de la sociedad civil equipararon el incendio de Ciudad Juárez a “uno de los peores crímenes de Estado contra la población migrante”, y denunciaron que “a la fecha no hay ninguna sentencia, ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas”.

Las organizaciones sostuvieron que la tragedia sucedida en el centro de detención no fue “un caso aislado”, sino un producto directo de la política de contención migratoria que se implementa en México; de hecho, recordaron que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 41 motines y cuatro incendios para protestar contra las “condiciones inhumanas” de detención en los centros del INM.

Las organizaciones exigieron a la FGR y a los jueces de control de la PJF que ordenen la separación de su cargo de Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM para que “exista una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo”, y les pidieron que “dejen de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas”.