CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis meses del trágico incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que fallecieron 40 migrantes, diversas organizaciones civiles denuncian que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha hecho efectiva la reparación integral del daño, a pesar de haber aceptado la Recomendación 111VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las asociaciones civiles Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Asylum Access México (AAMX) advierten, en un comunicado conjunto, que no dejaran de evidenciar los obstáculos que el Estado mexicano coloca en el camino de acceso a la justicia y reparación del daño para las familias de los 40 migrantes fallecidos y para las 15 mujeres y 27 hombres sobrevivientes.

“Por el contrario, la propuesta de reparación presentada la semana pasada por la defensa del titular del INM ante el juez, concernía únicamente al inmueble siniestrado, lo que muestra la falta de reconocimiento de los daños ocasionados a las víctimas y de su derecho a la reparación. La solicitud fue rechazada por el juez”, señalan en su comunicado.

La permanencia de Garduño en el INM, un obstáculo

Destacan que Francisco Garduño permanece en el cargo de comisionado del INM, “lo que compromete la efectividad e independencia de las investigaciones y la labor de defensa de los representantes de las víctimas”.

Asimismo, señalan que el INM ha puesto en riesgo a las familias de los migrantes fallecidos al hacer públicos los posibles montos de indemnización, los cuales no se han hecho efectivos, proceso que no corresponde a Migración, sino a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Nos alarma, ya que las autoridades no velaron por la salvaguarda de las personas migrantes ni antes ni durante el incendio, y ahora, de forma posterior, ni siquiera cuidan sus declaraciones para no ponerlas en peligro”, señala Marcos Zavala, de la Fundación para la Justicia y abogado de ocho de los sobrevivientes.

También denuncian que el INM sigue oponiéndose a facilitar la reunificación familiar de los sobrevivientes del incendio, al negarse a traer a sus hijas e hijos, así como a sus hermanos o a sus madres.

No hay plan para cumplir la recomendación de la CNDH

Las agrupaciones agregan que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha presentado ningún plan ni dictamen para cumplir con lo ordenado por la CNDH en su Recomendación 111VG/2023 para que se haga efectiva la reparación integral del daño.

“El papel de la CEAV ha sido omiso en los procesos de reparación del daño de los sobrevivientes y a las familias de los 40 fallecidos, incluso no ha inscrito en el Registro Nacional de Víctimas a las 15 mujeres sobrevivientes”, señalan agrupaciones que siguen el caso.

De la misma manera, mencionan que la Fiscalía General de la República se ha opuesto a que dos de las víctimas cuenten con asesoría jurídica particular.

Después de seis meses del incendio no ha sido fácil para la mayoría de las víctimas y sus familias hacer valer su decisión de nombrar a un asesor particular que haga efectivo sus derechos, tanto en la investigación del caso como en el proceso mismo.

Las asociaciones indican que, hasta el momento, ninguna masacre cometida contra la población migrante ha culminado con la reparación integral del daño a las víctimas, lo que pone en evidencia la falta de capacidad del Estado para dar respuesta y garantizar la reparación del daño en casos que involucran a víctimas procedentes de distintos países.