CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un amplio número de organizaciones y redes de agrupaciones de la sociedad civil cuestionó el trabajo de la comisionada Martha Yuriria Rodríguez Estrada, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a cargo de atender a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ocurrido hace más de medio año.

En víspera de que la funcionaria se reúna con los senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, 30 agrupaciones civiles de México, Estados Unidos y Venezuela pidieron a los legisladores que exijan que se informe sobre los avances en el proceso de reparación integral del daño para los 40 fallecidos, los 27 sobrevivientes y las 15 mujeres afectadas.

Agrupaciones y especialistas en el tema de derechos humanos y migración recordaron en un posicionamiento que la representación senatorial sabe del interés que existe por las necesidades de los sobrevivientes y sus familias, quienes externaron su preocupación por el actuar de la CEAV y la falta de claridad en sus procesos.

“Ahora es turno de escuchar a las autoridades y conocer cómo garantizarán el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.”

Entre las peticiones recuerdan que es necesario registrar a todas las víctimas directas e indirectas ante el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), y señalan que a la fecha no se ha registrado a las 15 mujeres sobrevivientes que lograron salir del incendio esa noche.

También deben realizarse investigaciones individuales para generar una reparación integral del daño, no en grupo y sin tener claridad sobre el proceso, como se ha hecho con las familias de los fallecidos, además de que debe evitarse que se difundan los montos de las indemnizaciones, pues eso pone en riesgo a las familias.

Asimismo, indicaron, deben evaluarse individualmente las necesidades médicas de corto, mediano y largo plazo de los sobrevivientes y de sus familias, para garantizar la continuidad de su asistencia médica.

Los fondos para la reparación integral del daño, agregaron, deben salir de la Comisión, no del INM, e insistieron en que debe impedirse que Migración siga difundiendo montos y negociaciones con las familias de los fallecidos, pues las coloca en condiciones de vulnerabilidad.

“Después de 166 días del incendio, las familias de las personas fallecidas y las y los sobrevivientes y sus familias siguen sin acceder a la justicia y sin una reparación efectiva del daño. El trabajo del Grupo Plural del Senado para la rendición de cuentas de las autoridades involucradas es fundamental, debido a que no existe transparencia en las acciones que se implementan para atender a las y los sobrevivientes”, sostienen en el posicionamiento.