CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. es la empresa que brindaba su servicio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 39 migrantes a causa de un incendio; de acuerdo con la revisión de su expediente, se constataron varias irregularidades por las que se determinó rescindir el contrato.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se tienen identificados a los socios: David Vicente Salazar Gasca y George Mcphail Trouyet, así como a representantes y apoderados legales.

La empresa está registrada ante la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad desde el 3 de septiembre de 2020, con una autorización vigente a febrero de 2024, bajo la modalidad de seguridad privada “en todo el territorio nacional”.

La primera irregularidad, de acuerdo con el gobierno federal, es que sólo tenía reportados cuatro elementos de seguridad con 10 uniformes. Sin embargo, el contrato con el Instituto Nacional de Migración (INM) era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de México.

Tampoco cuenta con permiso de portación de armas y en los informes mensuales no reportó altas o bajas de personal.

Paralelo al proceso penal que lleva la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la probable responsabilidad de la empresa, dio inicio el proceso administrativo sancionador en su contra para revocarle el permiso e imponerle una multa económica.

“Solicitamos rescindir el contrato de la empresa y, a partir de mañana, elementos de seguridad federal estarán en estación migratoria en Ciudad Juárez” y serán 48 elementos federales los que prestarán en servicio en la instalación migratoria, indicó la funcionaria federal.

La autoridad también busca un proceso para lograr la reparación del daño, aunque consideró que “la pérdida de vidas no se supera con esta acción”, además expuso que “se abrirá procedimiento en la Secretaría de Gobernación para determinar la ayuda de gobierno mexicano a las familias afectadas. Se busca la no repetición y reparación del daño a las víctimas”.

Rodríguez insistió en que “no vamos a ocultar nada, ni proteger a nadie. El gobierno tiene como alta prioridad el respeto a derechos humanos”.

Indicó que el contrato con la empresa privada se haría público, aunque por cuestión de transparencia ya era obligatorio que estuviera abierto.