CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas organizaciones denunciaron que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, vinculado a proceso penal por el incendio ocurrido en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que 40 personas fallecieron y 27 resultaron lesionadas el pasado 27 de marzo, quiere “diluir su responsabilidad” accediendo a una solución alterna que extinga su responsabilidad.

De acuerdo con el mensaje suscrito por Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México, y Derechos Humanos Integrantes en Acción, el comisionado propuso al juez de control a cargo del caso una suspensión condicional del proceso, sobre la cual dicho juez de nombre Víctor Mario Hernández, tomaría la decisión de aceptarla o no en una audiencia a celebrarse el próximo 22 de septiembre.

A su vez, las organizaciones informantes detallan que hay otros 10 imputados en el caso, de los cuales nueve son funcionarios públicos, que son procesados por los delitos de homicidio y lesiones, a diferencia de Garduño que está vinculado por “ejercicio ilícito de servicio público”, delito que es considerado por la legislación penal como no grave, lo que le permite acceder a dicho mecanismo de solución alterna, además de ser el único de los involucrados que enfrentan su procedimiento en libertad.

Los suscribientes alertan que “un funcionario de alto rango quiera evadir de esta manera la justicia, pues de concederse la ´solución alterna´ quedaría libre de investigaciones y sus respectivas responsabilidades, aun cuando la investigación continúa en curso… tanto para cuantificar la magnitud del daño que sufrieron las víctimas, como para determinar si Garduño es responsable por otros delitos de mayor gravedad”.

A su vez, las agrupaciones califican de “gran relevancia social”, el que se le conceda al comisionado dicha suspensión, al dejar impunes hechos que han sido considerados como “graves violaciones a derechos humanos” por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De igual forma, estas organizaciones acompañantes de las víctimas, expresan su preocupación por que las investigaciones se enfoquen en sancionar a migrantes y no así “a los altos mandos del INM”, al ser ellos los que ejecutan las políticas migratorias.

Anteriormente, esta casa editorial entrevistó a representantes de estas organizaciones, a lo que declararon existir incertidumbre y temor por parte de las víctimas sobrevivientes de la tragedia, así como haber irregularidades procesales.

“Solución alterna”

La suspensión condicional del proceso es una forma de solución alterna dentro del proceso penal vigente en todo el país desde 2016, el cual consiste en plantear un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento a una o varias condiciones entre las que figuran participar en programas de prevención, someterse a tratamiento, prestar un servicio, ser vigilado, entre otros.

Para que este mecanismo sea aplicable en favor de un indiciado, se requiere que el delito del que se trate no sea grave, y que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento de dicho mecanismo en otro procedimiento, o cinco años desde un incumplimiento.