SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (Proceso).- Más que ser culpable de un cometer un delito, Sanjuana Maldonado Amaya fue víctima doble: de un hombre que la obligó a involucrarse en el cobro del rescate de una persona secuestrada, y del endurecimiento de las medidas punitivas que caracterizó la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, que en muchos casos violentó derechos y fabricó culpables.

Sanjuana ha pasado en prisión la mitad de los 30 años que recibió como sentencia, juzgada como cómplice de secuestro agravado con otras personas, entre ellas su entonces pareja, a pesar de que éste dijo en el juicio que ella no tuvo nada que ver con el delito e ignoraba en qué la había metido.

Sentenciada en 2010, el caso de Sanjuana se sumó al enorme incremento de la tasa de encarcelamiento de mujeres en los centros penitenciarios del país a partir de la estrategia federal, que fue de 56 por ciento entre 2010 y 2015. En ese lapso, en el caso de los hombres el aumento fue de 17 por ciento, de acuerdo con datos del INEGI.

Solicitud de indulto

Después de recurrir a todas las instancias legales donde fue ratificada la sentencia, con apoyo de una organización civil dedicada a la defensa de personas que se encuentran injustamente en prisión, hace nos días fue entregada al Congreso del Estado una solicitud para que se le conceda el indulto a esta mujer de 37 años.

Los votos de 14 legisladores serían suficientes para concederle la libertad inmediata por diversas violaciones a sus derechos durante el proceso y la falta de perspectiva de género desde su detención, la investigación y el juicio, de acuerdo con peritajes, testimonios y otras pruebas recabadas a su favor por el colectivo Perteneces, AC.

En San Luis, la facultad del indulto necesario (por violaciones a derechos) corresponde al Congreso, al que llegó la petición enviada por el gobernador el 8 de marzo y que quedó radicada en las comisiones de Gobernación y Justicia.

Ese mismo día y al siguiente, familiares, docentes que impartieron clases a Sanjuana y grupos feministas se movilizaron para marchar por Sanjuana y para unirse a la petición de indulto en su favor.

Orígenes

Sanjuana nació en Charco Cercado, una localidad altamente marginada de la árida región del Altiplano potosino, perteneciente al municipio de Guadalcázar, que se hizo famosa hace casi dos décadas cuando pobladores de ésta y otras comunidades, orillados por la extrema pobreza, instalaban en la carretera 57 puestos en los que comercializaban especies vegetales y animales de la zona: víboras de cascabel, aves rapaces, felinos y otros subproductos como el veneno de la cascabel.

A los 18 años, Sanjuana salió de la comunidad para estudiar Informática en el Instituto Tecnológico de Matehuala, y entró a trabajar como cajera en una tienda para ayudarse en su manutención.

En 2009, cuando tenía 21 años, mientras se desempeñaba como cajera y estaba a unos meses de graduarse, conoció a José Cruz de la Rosa Rodríguez, un hombre 15 años mayor que ella, con quien comenzó una relación marcada por la violencia física, el control y el miedo.

La joven intentó dejarlo, pero el hombre la buscó incluso hasta Charco Cercado. Por miedo, sometimiento y chantajes de José Cruz regresó con él, narra Sanjuana en diversos escritos que ha hecho llegar a distintas autoridades, además del Congreso.

El 22 de mayo de 2009, José Cruz le avisó que había dado su nombre a unos conocidos para “hacerles el favor” de cobrar un dinero, a cambio de recibir 300 pesos. Aunque ella no quiere, es obligada por su pareja y posteriormente por un hombre que los contacta y la amenaza con hacerle daño a su familia si no coopera.

Los dos hombres la llevan junto con un sobrino de José Cruz al exterior de una tienda Elektra, le piden la credencial y entran mientras ella pide esperar afuera porque no quiere involucrarse. Al salir los hombres, son detenidos todos; una agente vestida de civil la somete en el piso y la sube a una camioneta.

Sanjuana fue interrogada mientras la mantuvieron con los ojos vendados y esposada. Cuenta que entre jaloneos los agentes le exigían “confesar para quién trabajaba”. Estuvo en arraigo durante 40 días, por determinación de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ahora SEIDO, de la FGR, que la acusó de copartícipe en delincuencia organizada y secuestro agravado de un comerciante de ropa.

Procesada y juzgada

Como no se acreditó el cargo de delincuencia organizada, el caso fue remitido al fuero común y Sanjuana fue procesada y juzgada en Matehuala por secuestro, como si fuera cómplice de los hombres que la involucraron, a pesar de que José Cruz declaró que ella no estaba enterada y que había sido obligada por él a entregarle su credencial.

Tampoco se aceptó la declaración de ella, quien siempre sostuvo que ignoraba cuánto y de qué era el dinero que le pidieron cobrar con su identificación y que había accedido a entregar su documento por temor a su pareja y por las amenazas que recibió.

El 18 de abril de 2011 recibió la sentencia de 30 años de prisión, la misma pena que su entonces pareja y los otros hombres involucrados.

En los 15 años que ha purgado de su sentencia, la mujer ha sido trasladada en un par de ocasiones de centro penitenciario. En el segundo donde estuvo, en Ciudad Valles, conoció a otro hombre con el que se casó dentro del centro penitenciario.

Tiene dos hijos, uno de siete y otro de tres años, que no pueden estar con ella en prisión, pero que además viven separados: uno es criado por su abuela materna y sus tías en Charco Cercado y el otro por su abuela paterna en Tamuín, en el otro extremo del territorio potosino. No fue posible que los hermanitos crecieran juntos porque no alcanzaba para mantenerlos a los dos.

El despacho de abogados, organizaciones de derechos humanos y colectivas feministas que acompañan esta petición de indulto han desplegado una campaña mediática titulada #SanjuanaLibre, una petición en Change.org y han aportado informes sobre la buena conducta y las actividades productivas y sociales que ella realiza mientras permanece privada de la libertad, actualmente en el Centro penitenciario femenil de Tancanhuitz.

Guerra contra el narco: mujeres criminalizadas

En el proceso, Sanjuana contó con el mismo defensor público que tuvieron los otros acusados, quien, según la revisión efectuada por el colectivo Renace, no solamente no aportó prueba alguna en favor de la mujer, sino que ni siquiera tomó en cuenta peritajes y las circunstancias de sometimiento de la mujer al hombre que la violentaba; es decir, circunstancias de género que debieron plantearse al juzgador.

Un peritaje psicológico que le fue realizado en 2010 evidenció que Sanjuana mostraba una percepción de la figura masculina como autoridad y una sumisión marcada a la misma, además de corroborar impactos por la violencia sexual, física y psicológica sufrida a manos de José Cruz.

Tampoco fue posible que se apelara al artículo 17 del Código Penal del estado, que plantea como excluyentes de responsabilidad circunstancias como verse obligada a una conducta delictiva ante una amenaza, peligro real o necesidad de salvaguardar un bien jurídico (como la vida o la integridad en este caso).

En la petición de indulto enviada al Congreso y firmada por la propia Sanjuana, ella cita cómo en la sentencia del Juzgado primero mixto de Matehuala se califica de inverosímil su declaración, porque “tiene estudios” y debió de estar enterada de la situación y sus consecuencias y porque debió denunciar que era víctima de agresiones por parte de su entonces pareja.

Con estudios

Algo es cierto: Sanjuana fue la primera mujer de su comunidad Charco Cercado en terminar estudios hasta el Bachillerato e ingresar a una licenciatura.

Para sustentar la petición del indulto, se aportaron testimonios de familiares, profesores del Instituto Tecnológico y otros elemento s como un peritaje realizado por expertas que explica cómo la política criminal del Estado, la discriminación y las violencias estructurales obstaculizaron el acceso a la justicia de Sanjuana y contribuyeron a que se violaran sus derechos a la dignidad humana, el acceso a la justicia, la presunción de inocencia y una vida libre de violencia.

Uno de los elementos considerados en el peritaje, realizado por la antropóloga Sofía Irene Córdova y por la doctora Laura Edith Saavedra, es “la criminalización de las mujeres en el marco de las políticas en materia de drogas”.

“La pertinencia de este peritaje se centra en la posibilidad del Estado de reparar y restituir los derechos de Sanjuana ante la discriminación y criminalización de la que fue sujeta, y de la que derivó una sentencia de 30 años en prisión por un delito que no cometió”, se afirma en dicho estudio científico, que concluye que la presencia de Sanjuana en el lugar de la detención es resultado de una violencia continuada, que surge desde el contexto en el que creció: su propia comunidad en extrema pobreza y criminalizada (por la venta de especies en la carretera 57), de la desigualdad y de la violencia a la que fue sometida por José Cruz.

Pero las expertas también sustentan este estudio en el contexto de guerra contra el crimen organizado en el que fue detenida la mujer, puesto que a raíz de dicha estrategia implementada por el gobierno federal desde el 2006 se da un endurecimiento de medidas “que derivaron en la criminalización de sectores de la población en mayores condiciones de desigualdad, marginación y pobreza”.

Y es que, de acuerdo con lo asentado por las especialistas, en ese periodo se privilegiaba la aplicación de penas carcelarias y el incremento de población en prisión se veía como un indicador del éxito de la guerra contra el crimen organizado, además de que había una particular persecución al delito de secuestro.

Se dio también un incremento desproporcionado de mujeres en prisión a partir de ese periodo, lo que se atribuye al uso excesivo de la prisión preventiva y a la falta de perspectiva de género en los procesos penales, pues no se consideran circunstancias y contextos de violencia.

El dictamen refiere que durante la guerra contra el narco las mujeres han enfrentado mayor vulnerabilidad ante el poder punitivo del Estado, lo que aumentó su riesgo de ser involucradas en delitos, ser detenidas y llevadas a prisión y recibir sanciones más duras y con prejuicios de género por parte de ministerios públicos y jueces.

“A Sanjuana le exigieron haber denunciado las amenazas y la violencia que vivía, le reprocharon haberse presentado a cobrar el dinero y haber dado sus datos a personas desconocidas que le generaban temor. La juzgaron por no cumplir con las exigencias discriminatorias de la denuncia obligatoria y de la buena víctima y, con ello, refrendaron su criminalización y el argumento de su participación dolosa en el delito”, señala el informe de las peritos.

Las consecuencias y daños que han vivido Sanjuana y su familia a corto y largo plazo, concluye el dictamen, son responsabilidad del Estado.