CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con la llegada de 2026 la banca mexicana intenta pasar la página al episodio que más la ha sacudido desde su nacionalización en 1984: las acusaciones de narcolavado.

Especialistas, banqueros y reguladores coinciden en un punto, el capítulo no está cerrado y la presión adicional proveniente de Estados Unidos, que implica la renegociación del T-MEC, sigue marcando el ritmo del sector, todo ello en el contexto de la edición 89 de la Convención Bancaria (del 18 al 20 de marzo).

En cambio, en el gobierno mexicano existe otra posición: se ha insistido en que nunca la administración de Donald Trump presentó pruebas para esclarecer las presuntas operaciones ilícitas, y que el único fin fue el de golpear la reputación de toda la banca que opera en el país.

El día cero

El mundo cambió para los bancos mexicanos en la última semana de junio de 2025, cuando la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa (ésta, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador) como instituciones involucradas en esquemas de lavado para los cárteles mexicanos.

El gobierno estadunidense les prohibió transferencias mediante nuevas disposiciones legales dirigidas a cortar la cadena financiera del crimen organizado vinculado al tráfico ilícito de fentanilo.

“Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro mayores facultades para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas operaciones dirigidas por cárteles”, anunció el Departamento del Tesoro.

CIBanco e Intercam eran bancos comerciales con activos superiores a siete mil y cuatro mil millones de dólares, respectivamente. Vector Casa de Bolsa, por su parte, administraba recursos cercanos a 11 mil millones de dólares.

“Las tres instituciones han jugado un papel prolongado y crucial en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos, facilitando también pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, sostiene la acusación.

De acuerdo con la orden de FinCEN, CIBanco sostuvo relaciones prolongadas con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel del Golfo.

Además, para EU ese banco participó en la adquisición de precursores químicos provenientes de China, insumos clave en la elaboración de opioides sintéticos.

Intercam, según la autoridad de EU, operó bajo esquemas similares. La institución lavó dinero vinculado con opioides mediante vínculos con el CJNG.

Entre las operaciones señaladas destacan transferencias en dólares destinadas a financiar la compra de precursores químicos desde China.

A finales de 2022 los ejecutivos de Intercam se reunieron con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado, incluyendo el movimiento de fondos desde Asia. Entre 2021 y 2024 una empresa china asociada con un individuo dedicado al envío de precursores a México recibió más de 1.5 millones de dólares de firmas mexicanas mediante esa institución.

En el caso de Vector Casa de Bolsa, la agencia estadunidense la vinculó con operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.

“Entre 2013 y 2021 una mula financiera del Cártel de Sinaloa utilizó varios métodos para lavar dos millones de dólares desde Estados Unidos hacia México a través de Vector”, indicó la autoridad.

También documentó que entre 2018 y 2023 la firma procesó más de un millón de dólares en pagos a empresas chinas identificadas como proveedoras de precursores químicos con fines ilícitos.

Después de los señalamientos clientes e instituciones internacionales comenzaron a retirar capitales, cancelar servicios y cerrar cuentas.

Las tres instituciones, con casi cuatro décadas de operación, entraron en crisis. A CIBanco se le revocó la licencia y cerró operaciones. Vector Casa de Bolsa solicitó la cancelación de su licencia y vendió prácticamente la totalidad de su negocio a Finamex Casa de Bolsa.

Intercam Banco transfirió gran parte de sus operaciones a Kapital Bank y cerró 2025 solicitando una autorización de reestructura, en la cual se aprobó la incorporación de Banco Autofin México, SA, propiedad del contador Juan Antonio Hernández y cercano a López Obrador.

Sigue la pesadilla bancaria

Para los especialistas, el episodio marcó un antes y un después. El experto en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y transparencia financiera, Michel Levien, sostiene que lo ocurrido en 2025 es un parteaguas para el sector y arrastra un costo reputacional para México y sus estándares antilavado.

En entrevista con Proceso expone que no existe margen para relajarse. El sistema financiero entró en un estado de alerta permanente, sobre todo porque la administración de Donald Trump mantiene como prioridad la guerra contra el fentanilo.

Más aún –sostiene– mientras en México siga el problema del narcotráfico también se seguirá viendo de manera internacional con preocupación a la banca mexicana.

Y expone que en 2026 sigue la puerta abierta a más señalamientos, en donde cualquier banco puede ser acusado.

No todos comparten ese nivel de alarma. Para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, lo ocurrido con el Tesoro estadunidense dejó una lección que permitió fortalecer al sistema y considera que la situación está bajo control.

El dirigente ha recordado que, tras los señalamientos, la banca mexicana estableció comunicación con autoridades de EU para implementar mejoras y solicitar prórrogas sobre las medidas aplicables en territorio estadounidense.

“Fue la banca mexicana la que pidió que el FinCEN diera más tiempo”, dijo Romano en 2025.

Sin embargo, dentro del propio sector hubo quienes admitieron que las acusaciones no llegaron por sorpresa y se pudo hacer más.

El director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez, explicó a Proceso que desde inicios de 2025 “ya se estaban observando señales de mayor exigencia regulatoria” y anticipó que la tendencia derivaría en procesos más burocráticos y complejos para las instituciones financieras.

El experto en seguridad Luis Miguel Dena expuso que desde enero 2025 se supo que la declaratoria de terrorismo podría implicar acciones militares o el uso de inteligencia artificial, el frente inicial sería financiero.

“En el sector financiero los grupos criminales pasan miles de millones de dólares que vienen de Estados Unidos, de la venta de fentanilo y de otros servicios (…) Aquí se está lavando y ese dinero entra en la economía de México”, dijo.

Meses después de los señalamientos, el CEO de Revolut, Juan Guerra, reconoció en entrevista con Proceso que el sector en México cambió profundamente.

Su llegada a México coincidió con un ambiente de mayor escrutinio. Admitió que la regulación se volvió “más estricta”, aunque subrayó que el reto no disminuye porque las redes de lavado evolucionan. “Ellos se han profesionalizado más, cada vez es más difícil detectarlos y ahí es cuando también debemos estar a la altura”, comentó.

Huella reputacional

Al confirmar su participación en la Convención Bancaria que se realizará en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la inocencia de la banca nacional aclarando que las autoridades estadunidenses no entregaron “pruebas concluyentes” que sostuvieran las acusaciones de narcolavado.

“Así nos pasó con los dos bancos y la Casa de Bolsa que catalogaron, no nos enviaron ninguna prueba. Nosotros, hasta la fecha, no tenemos ninguna prueba de que ahí hubo lavado de dinero porque las pruebas que enviaron no eran contundentes. Entonces, mientras haya pruebas, actuamos, de un lado y del otro”, expuso.

Sheinbaum Pardo sostuvo que incluso las autoridades mexicanas encargadas de investigar operaciones financieras no encontraron elementos que acreditaran delitos en la operación de las instituciones señaladas. 

En particular, mencionó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo responsable de rastrear operaciones sospechosas dentro del sistema financiero.

Para la mandataria el desenlace dejó a trabajadores sin empleo y generó un impacto reputacional en el sector, por lo que reiteró que el gobierno mexicano considera que las instituciones eran inocentes.

Hay muchos ejemplos recientes de la UIF en donde se comparte información: en ambos lados consideramos que hay lavado de dinero, y se congelan las cuentas (...) Las medidas que se tomaron –reiteró– fue de protección al Sistema Financiero Nacional, pero en México no hay pruebas de que estos bancos y la Casa de Bolsa tuvieran lavado de dinero. Fue una decisión unilateral que tomó el Departamento del Tesoro.

T-MEC, el otro factor de incertidumbre

Pero el factor de presión no termina, y es que en 2026 la banca mexicana enfrenta un velo de incertidumbre con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

De hecho, ya hay agencias calificadoras que han expuesto que el episodio de narcolavado dejó huella reputacional. Fitch Ratings, por ejemplo, sostiene que los bancos mexicanos entran a este año bajo un entorno más incierto condicionado tanto por la renegociación del T-MEC como por la política comercial estadunidense.

“Estas instituciones entran a 2026 con mayor cautela conforme las tasas se normalizan y persiste la incertidumbre”, señala un análisis publicado por la calificadora el 18 de febrero.

Por ejemplo, el crédito corporativo y comercial seguirá siendo sensible a la relación económica con Estados Unidos.