CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para esconder el uso y contratación del spyware Pegasus, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incurrido en mentiras y contradicciones en foros públicos, respuestas a solicitudes de información e, incluso, en requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En noviembre y diciembre últimos, por ejemplo, la Sedena negó la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un organismo desde el cual los militares operan Pegasus, y al que Proceso dedicó un amplio reportaje en marzo de 2023. En dos oficios separados, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN) y el Subjefe de Inteligencia del EMDCN insistieron en que “no existe ni existió área, departamento u oficina denominada Centro Militar de Inteligencia”.

Sin embargo, la misma Sedena había presumido, en su Segundo Informe de Labores del 1º de septiembre de 2020, que su titular se había reunido con el secretario de Marina y comandantes de los Comandos Norte y Sur de Estados Unidos “en las instalaciones del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.)”; un lugar que, según aseveró la misma Sedena años después, nunca existió.

La Sedena también ha caído en contradicciones para ocultar la contratación del spyware Pegasus, y su uso ilegal durante este sexenio. La Sedena no cuenta con facultades legales para intervenir las comunicaciones y, aunque las tuviera, nunca ha solicitado una autorización al Poder Judicial, la única manera de proceder a una intervención de comunicaciones en México.

En la administración de López Obrador se han reportado ataques perpetrados con Pegasus contra el defensor tamaulipeco de derechos humanos Raymundo Ramos Flores y contra dos periodistas, contra abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), contra cuatro funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como contra Alejandro Encinas Rodríguez, entonces subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) e integrantes de su equipo. Todas estas víctimas estuvieron vinculadas con investigaciones a la Sedena.

Trabajos periodísticos previos, en las que Proceso participó, revelaron que la Sedena fue el primer cliente de Pegasus en el mundo –lo adquirió en 2011 al empresario José Susumo Azano Matsura–, y siguió comprando licencias del spyware durante los años siguientes a una red de empresas del ciudadano israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama al amparo de contratos anuales por “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”. 

Estas empresas se llaman Proyectos y Diseños VME, Air Cap y Comercializadora Antsua; las dos primeras también vendieron Pegasus a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la Sedena siempre ha negado en público la existencia de estos contratos. Y la institución también mintió a la FGR. En el marco de una primera investigación sobre el espionaje ilegal cometido con Pegasus contra periodistas, abierta en 2017, la FGR –y su antecesora, la Procuraduría General de la República (PGR)– ha pedido a la Sedena la información sobre los contratos que celebró con las empresas de Ansbacher. 

En un oficio del 13 de mayo de 2022, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) le solicitó los contratos de manera “extra urgente”, con un plazo de tres días, y recordó que no “proporcionar oportunamente la información” representa un “hecho delictivo concreto”. En su respuesta, la Sedena entregó una lista de contratos con las empresas, pero sin incluir los contratos con Air Cap y Comercializadora Antsua. Y, en el caso de Proyectos y Diseños VME, omitió mencionar el contrato del spyware.

En otra carpeta de investigación la FEADLE le pidió información sobre contratos con Comercializadora Antsua, a lo que el coronel Alejandro García Salas, subjefe jurídico en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena, reviró que no “encontró evidencia documental sobre algún instrumento contractual” con esa empresa. Posteriormente la institución castrense debió reconocer que sí había celebrado contratos con la empresa, pero se negó a entregárselos, bajo el pretexto de que se trata de información reservada.

Estrategias de obstrucción

Incluso antes de que Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Aristegui Noticias y Animal Político publicaran la investigación Ejército Espía, en octubre de 2022, R3D había enviado numerosas solicitudes de información a la Sedena para conseguir copias de sus contratos –identificados por su clave– con las compañías de Ansbacher, quien era el representante en México de la empresa israelí NSO Group.

La institución castrense siempre se negó a entregar los contratos, a veces con omisión –como en 2019, cuando entregó una lista de contratos sin incluir los de Pegasus–, y otras veces con estrategias de obstrucción: en agosto de 2023 se declaró imposibilitada para entregar cuatro contratos, bajo el pretexto de que los había remitido al Servicio de Administración Tributaria (SAT). R3D siguió investigando y descubrió que la Sedena había entregado al SAT una serie de contratos que tampoco incluían los de Pegasus. 

En otra ocasión, la Sedena aseveró, en respuesta a una solicitud de información, que no existía el contrato DN-10-SAITE-855/P/2017, celebrado con la empresa Air Cap. Y ello, pese a que existen evidencias sobre la existencia del contrato, como unos documentos que un empleado de Ansbacher entregó a la FEADLE, los cuales incluyen un acusé de recibo, firmado por el subteniente de Transmisiones Noé Obed Cruz Mar, relativo a una factura de Air Cap por el “periodo del 01 al 30 de septiembre de 2017, número 02 relacionada con el contrato número 4500026023 folio SAITE 855/P/2017”.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha cambiado su posición de manera radical sobre la transparencia de la Sedena en el tema de Pegasus. En octubre de 2022 exhortó la Sedena a dar a conocer los contratos del spyware, pues “no debe haber absolutamente nada oculto (…) que se entregue todo”. En abril del siguiente año dijo que había tomado la decisión de reservar estos contratos “por seguridad nacional”. Tras refrendar que no se publicarían los contratos, agregó que “vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa”.