MONTERREY, NL (apro).- La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), formada por México, Estados Unidos y Canadá, revisará la contaminación que emite la Refinería de Cadereyta por posibles omisiones a la aplicación de la ley ambiental del país.

El órgano trinacional, creado en el marco del Tratado comercial entre los tres países (T-MEC), dio a conocer que un ciudadano de nombre no revelado presentó el lunes una petición formal para investigar si la procesadora Héctor R. Lara Sosa, de ese municipio nuevoleonés, maneja adecuadamente la contaminación atmosférica que afecta a la metrópoli regiomontana, de siete millones de habitantes, como ha sido queja recurrente de años de gobiernos estatales, municipales y sociedad civil.

El biólogo Antonio Hernández Ramírez, quien ha participado en equipos técnicos que han interpuesto denuncias similares ante la CCA, señaló que el propósito de estas denuncias es verificar si el gobierno mexicano, al que le pedirán que responda la petición del particular, cumple con las normas ambientales que, según se señala, ha ignorado.

Si se comprueba que ignoró la ley, la Comisión trinacional creará un expediente de hechos que, si bien no es vinculante, sí exhibiría las faltas en las que habría incurrido el gobierno mexicano, con un procedimiento que es similar a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no implican sanciones, pero que sí evidencian incumplimientos legales, dijo el activista.

Un reclamo permanente

De acuerdo con la solicitud SEM-24-002, “se asevera que las autoridades gubernamentales competentes están incumpliendo con atender la problemática de contaminación del aire generada por las operaciones de la refinería petrolera de Cadereyta, planta propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), organismo encargado también de su operación”.

Señala el comunicado del CCA que en la queja se señala que han empeorado en los pasados cinco años los niveles de polución de la refinería ubicada 30 kilómetros al oriente de Monterrey, pese a los recursos legales que han sido interpuestos ante el gobierno federal por ciudadanos y autoridades estatales para que adopte medidas necesarias para mejorar la calidad del aire.

El peticionario cita faltas de Pemex a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Ley de Responsabilidad Ambiental y otros instrumentos regulativos relacionados.
Ahora, el Secretariado de la Comisión cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si satisface los requisitos establecidos en los artículos 24.27: 1, 2 y 3 del T-MEC.

La petición incluye, como pruebas de respaldo, páginas enteras de recursos que han sido presentadas contra la contaminación Refinería como denuncias a niveles estatal y federal, así como amparos promovidos para evitar las emisiones que no se detienen.

También incluyen fotografías que ilustran los señalamientos.