Desde hace medio siglo la zona playera de Tulum, Quintana Roo, está inmersa en un conflicto: los intereses de empresarios hoteleros chocan con el patrimonio de una comunidad ejidal, en un litigio que ya dura una década y parece no tener fin.

Más de 70 familias del ejido Pino Suárez han denunciado afectaciones por parte de particulares desde 1974, así como una serie de irregularidades cometidas por autoridades administrativas que empantanan aún más el conflicto en tribunales federales.

El juicio se refiere a más de 160 hectáreas colindantes con el mar Caribe, las cuales el ejido busca se le reconozcan con base en la resolución presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1973.

La comunidad José María Pino Suárez se ubica a cuatro kilómetros de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y las tierras en disputa son codiciadas por su colindancia con el Caribe. Los predios cayeron en manos de inversionistas extranjeros que buscan vender los lotes para desarrollos turísticos aprecios millonarios, con la promesa de que los compradores obtendrán una porción de playa.

Los ejidatarios afirman que uno de los títulos de propiedad que los despoja de más de 100 hectáreas de territorio es nulo y que la venta de un terreno que originalmente estaba en el municipio de Felipe Carrillo Puerto debe ser anulado, ya que esa operación afectó tierras del ejido que no podían ser vendidas a particulares.

En el juicio, los hoteleros interesados en quedarse con las tierras afirman que adquirieron predios colindantes con el mar Caribe, mientras que los del ejido colindan con un pantano.

Sin embargo, de acuerdo con la mencionada publicación del Diario Oficial, consultada por Proceso, la población ejidal José María Pino Suárez, hoy municipio de Tulum, colinda con la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe de la Zona Continental de la entonces Delegación de Cozumel, Quintana Roo.

En 1973, cuando se conformó la población ejidal de José María Pino Suárez, la repartición de tierras afectó 105 hectáreas que en ese momento tenía en posesión una persona llamada Antonio González Avilés, mismas que eran colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre del Mar Caribe, y 10 hectáreas que tenía en posesión Felipe Hernández Colli.

Ambos fueron reconocidos como ejidatarios, pero quedaron en riesgo de perder los terrenos, de los que no eran dueños sino únicamente poseedores porque al entregárseles la propiedad que les correspondería como ejidatarios, les podían tocar otras porciones, no pegadas al mar y menores a las que tenían.

En aquel año González Avilés sí era propietario de un terreno de 49 hectáreas ubicado en el hoy municipio de Felipe Carrillo Puerto –colindante con Tulum–, mismo que también está pegado al mar y que utilizó para convertirse en propietario de tierras que, en realidad, pertenecen al ejido de José María Pino Suárez.

La propiedad de González Avilés sobre este predio, conocido como Punta Piedra, data de 1948, pero en 1973, cuando ya había sido afectado por la creación del ejido, celebró un fideicomiso a dos años con Álvaro Gonzalo Cámara Peón, Alonso Huerta Heredia y Vicente Erosa Cámara, en su carácter de delegado fiduciario de Financiera Peninsular, Sociedad Anónima, Institución Financiera Fiduciaria.

A través de este instrumento jurídico, González Avilés pretendió entregar el predio a la fiduciaria para que ésta lo dividiera, gestionara la realización de construcciones a pie de playa para venderlas y beneficiarse inicialmente con cinco millones 859 mil 387 pesos y recibiera, junto con Cámara Peón y Huerta Heredia, parte de las ventas.

La “invasión de papel”

En octubre de 1974, cuando Quintana Roo ya era reconocido jurídicamente como un estado de la República, el Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez se convirtió en el municipio de Cozumel.

Y el 28 de julio de 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ese municipio se convirtió en Solidaridad, con Playa del Carmen como cabecera municipal.

Para el 8 de mayo de 2008, con la parte sur de Solidaridad, es decir, donde se encontraba el ejido de José María Pino Suárez, se creó el municipio de Tulum.

Con el fideicomiso constituido por González Avilés, Punta Piedra –que originalmente estaba en Felipe Carrillo Puerto– fue dividido en 10 fracciones, sin embargo, en la escritura pública número 21 del 1 de julio de 1975 el total de la superficie del terreno pasó de 49 hectáreas a 53 y el notario público número 33, con residencia en Mérida, Yucatán, Hernán Cetina Albertos, modificó la ubicación del predio para que pasara a formar parte del entonces municipio de Cozumel, es decir, de lo que hoy conocemos como Tulum y donde se encuentra el ejido de José María Pino Suárez.

Esta división en realidad se convirtió en una “invasión de papel”, pues al ampliar el terreno y modificar su ubicación, el notario público prácticamente formalizó la división de 53 hectáreas de tierras ejidales que pertenecían a José María Pino Suárez en el municipio de Tulum y que colindan con el mar Caribe.

En agosto de 1976, González Avilés canceló el fideicomiso y recuperó las 10 fracciones de Punta Piedra, las cuales irregularmente se asentó como ubicadas en Tulum, por lo que, sin respetar los procesos de repartición de tierras ejidales, se convirtió en propietario de esas 53 hectáreas, que vendió en la década de los ochenta.

Pese a que en 1973 se estableció que el ejido de José María Pino Suárez colinda al Este con el mar Caribe, el 22 de abril de 1981 se levantó el acta de posesión y deslinde definitivo, firmada por el topógrafo deslindador Rafael García Medina, quien trabajaba en la Secretaría de la Reforma Agraria.

En dicho documento el funcionario señaló que el ejido colindaba al Este con zona pantanosa, lo cual motivó que las 10 fracciones de Antonio González Avilés en Punta Piedra se sobrepusieron en las 105 hectáreas que le fueron afectadas en 1973, y quedaron protegidas, pues prácticamente toda la población ejidal fue despojada de la superficie que le correspondía hacia el mar Caribe.

El problema con este documento es que, de acuerdo con la Ley Federal de Reforma Agraria vigente en 1981, la creación de los nuevos centros de población (como la de 1973 que creó el ejido José María Pino Suárez) es una de las resoluciones presidenciales que no podían ser modificadas en ningún caso.

Además, el artículo 53 de la citada ley señalaba como inexistentes todos los actos de particulares y resoluciones, decretos, acuerdos, leyes o cualquier acto de autoridad, de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, que priven parcial o totalmente de sus derechos agrarios a los núcleos de población (ejidos).

Títulos irregulares

El 16 de mayo de 1991 el entonces secretario de la Reforma Agraria, Víctor Cervera Pacheco, emitió un título de propiedad identificado con el número 79152 a nombre de Enrique Humberto Fuhrken Chellet, sobre 61 hectáreas de tierras del ejido José María Pino Suárez.

Fuhrken Chellet no tenía entonces ninguna vinculación con la población ejidal y el título de propiedad que le fue expedido se fundamentó en el artículo 75 de la Ley de Terrenos Baldíos Nacionales y Demasías, como si ese predio hubiera sido propiedad de la nación.

Sin embargo, el mismo artículo establece que ese tipo de instrumentos jurídicos deben ser firmados por el presidente de la República y el secretario de Agricultura y Ganadería, pero el documento al que Proceso tuvo acceso carece de la firma del entonces mandatario federal, Carlos Salinas de Gortari.

Aunado a ello, la Ley Federal de la Reforma Agraria vigente en 1991 prohibía la venta de terrenos propiedad de la nación a particulares porque tenían como finalidad la creación de nuevos Centros de Población Ejidal.

Por ello, desde 2013 los ejidatarios buscan en tribunales que se reconozca judicialmente que estas tierras, vendidas a particulares, en realidad pertenecen al poblado de José María Pino Suárez y que los títulos de propiedad sobre las mismas, tanto el de Fuhrken Chellet como los que tengan los compradores de las fracciones de Punta Piedra, son nulos.

De este modo, la comunidad ejidal busca que esos predios sean devueltos a las familias que han sido afectadas desde hace 50 años con este tipo de irregularidades.

En 2014 el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 falló en contra de los ejidatarios, pero 10 años después el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, ordenó reponer el procedimiento en el juicio agrario, con lo que invalidó todo lo actuado desde el 13 de febrero de 2013.

Sin embargo, en su resolución, los magistrados federales no estudiaron ni siquiera si el título de propiedad 79152, del 16 de mayo de 1991, es o no ilegal, mientras que hasta el momento no existe un pronunciamiento judicial sobre la legalidad de los trámites realizados por González Avilés para vender terrenos que originalmente pertenecían al ejido ubicado en Tulum.

Reportaje publicado en la edición 0008 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.