CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis años de la desaparición forzada de al menos 27 personas y la ejecución extrajudicial de 10 más, entre ellos dos menores y dos mujeres, a manos de marinos desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación, familiares de las víctimas reclamaron las omisiones del Estado mexicano para procurar justicia y reparar el daño causado por los integrantes de la Secretaría de Marina (Semar).

El reproche no sólo es por la impunidad en que se encuentran los casos sino que 20 de las víctimas no son reconocidas como desaparecidas por los marinos en el nuevo censo promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ninguna de las 27 familias tuvo contacto con funcionarios de la Secretaría de Bienestar para informar sobre sus casos.

Desde muy temprano, recién llegados a la Ciudad de México desde Nuevo Laredo, más de una docena de familiares acudieron a las oficinas centrales de la CNDH para exigir que el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra convoque a una reunión interinstitucional para el cumplimiento de la recomendación 36VG/2020, “tal como los familiares lo han solicitado de manera formal desde noviembre del año pasado, e insistir mes con mes, sin recibir respuesta”, contó Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL).

Los familiares protestaron más tarde frente a las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), porque a dos años de que fue emitida la recomendación y que sus familiares fueron reconocidos por la CNDH como víctimas de miembros de las fuerzas armadas, “no han sido reparados integralmente por los años causados por las autoridades”, insistió el defensor.

Tras los actos de protesta en esas instituciones, los familiares fueron recibidos por funcionarios de segundo nivel, sin definirse compromisos concretos.

“Lo que se ve en este caso es que instituciones del Estado mexicano han fallado en agravio de las víctimas, las omisiones las hemos visto no sólo en las instituciones contra las que protestamos este lunes (12) sino en la misma Fiscalía General de la República  (FGR) quien tiene abiertas 34 carpeta de investigación en la Fiscalía Especial en Investigación Delios de Desaparición Forzada (FEIDDF), parece haber atraído el caso para entorpecerlo y proteger a los marinos.

“Además, el Poder Judicial no ha dictado una sola sentencia condenatoria contra marinos, a pesar de que hablamos de al menos 27 desapariciones forzadas y 13 ejecuciones extrajudiciales atribuidas al personal naval, aunque hay al menos otras 20 desapariciones que no fueron consideradas en la recomendación de la CNDH; peor aún de los 30 marinos que han sido procesados por estas atrocidades, siete fueron exonerados y 23 están siguiendo sus procesos en libertad, gracias a decisiones de jueces de Control y de Distrito, favoreciendo a los perpetradores”.

Al señalar que desde hace dos años la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) no acude a Nuevo Laredo a buscar a víctimas, Ramos Vázquez alertó que la “cereza del pastel” en la serie de omisiones  es que como resultado del censo de personas desaparecidas del gobierno federal, “ninguna de las 27 familias fue buscada ni por teléfono o en su domicilio, y pese a que el registro de cada una de las víctimas está en archivos de la FGR, de la Fiscalía de Tamaulipas, de la CNDH, de la CEAV, de la CNB, e incluso hubo un reconocimiento de responsabilidad por parte de la Semar en 2021, el censo sólo reconoce a siete como víctimas de desaparición forzada, del resto se señala que no hay información”.

Aunado a lo anterior, el presidente del CDHNL acusó que la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas también ha obstaculizado el esclarecimiento de los casos, al señalar que en abril de 2018 peritos forenses hicieron el levantamiento de dos cuerpos sin vida que se encontraban en la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, y que respondían a las características de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, detenidos por marinos el 18 de febrero de ese año.

“Aún cuando los familiares habían denunciado la desaparición ante la fiscalía local, ésta ocultó la información del hallazgo de los cuerpos a los familiares de Noé y Jonathan, enviándolos a una fosa común, siendo hasta octubre de 2023 que la FGR hizo la confronta de los perfiles genéticos, determinando la identidad de los cuerpos que este martes 13 serán exhumados”, explicó Raymundo Ramos.

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada acudirán a manifestarse al Consejo de la Judicatura y a la Secretaría de Gobernación, e insistirán en la urgencia de llevar a cabo una reunión convocada por la CNDH para el cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 en la que participen funcionarios de alto nivel de la Segob, CNB, FGR, CEAV y la Guardia Nacional, encuentro al que sean invitados representantes de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).