CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para regularizar a los trabajadores por aplicación los subordinaría bajo un esquema tradicional perdiendo la flexibilidad de sus empleos, una de las características más atractivas para este sector laboral y para las empresas tecnológicas.

El tema lleva un mes en la agenda pública ante la inconformidad de un sector de esos trabajadores porque la iniciativa impactaría los ingresos de aproximadamente 2.5 millones de personas, de acuerdo con un estudio de Buendía & Márquez y citado por la Alianza In México, asociación conformada por las principales plataformas digitales: Cabify, DiDi, Rappi y Uber.

Otro punto del conflicto entre quienes laboran en estas empresas digitales y el gobierno federal radica en que el Servicio de Administración Tributaria sólo reconoce a 658 mil trabajadores de este sector digital.

Con carteles con frases como: “Conduzco por elección no por obligación”, “No te metas con mis ganancias” y “Manejo para mí, no para un patrón”, trabajadores que apoyan un esquema dual protestaron el 30 de octubre último en la Cámara de Diputados para expresar su inconformidad y pedir que se les tomara en cuenta en el proceso de legislación sobre la iniciativa.

La mandataria federal ha pretendido regular esta relación laboral desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México y en 2022 inició el diálogo entre autoridades, empresas y empleados. Desde el principio, estos últimos insistieron en una iniciativa para reconocer la existencia de una relación de trabajo, dice Sergio Gutiérrez, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA) en entrevista con Proceso.

Pero los trabajadores también persistieron en el tema de la flexibilidad, que quedó establecida en el “Manifiesto de piso mínimo de las trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales” que fue presentado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ese mismo año, así como en el “Decálogo: Principios para la creación de un nuevo marco regulatorio de la economía colaborativa en México”. En éste, los trabajadores destacaron el asunto de la “flexibilidad” como el “principio fundamental de este modelo” laboral, para lo que detallaron tres puntos que deberían de ser considerados: libertad de horario, multiconexión y libertad de conexión geográfica.

La pretensión de regularizar a ese sector quedó estancada hasta que la presidenta entró en funciones. El 1 de octubre último, durante su discurso de asunción, Sheinbaum retomó el tema como uno de los “100 pasos para la transformación”. Dos semanas después la presidenta y su secretario del Trabajo, Marath Bolaños, anunciaron que se presentaría la propuesta de reforma al Legislativo.

Tras el anuncio, algunos de los empleados de aplicaciones advirtieron que, aunque la iniciativa considera el acceso a los derechos laborales, lo hace bajo un esquema tradicional que limita la flexibilidad para que los trabajadores decidan si quieren subordinarse bajo esa ley o no, punto en el que han insistido a las autoridades durante dos años, primero con el gobierno de la Ciudad de México y ahora ante la nueva administración federal.

Defectos en la propuesta

De acuerdo con la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de trabajo en plataformas digitales, firmada por la presidenta y presentada a los trabajadores, las personas físicas y morales que administren plataformas digitales, en su carácter de patrón, tendrán las “obligaciones especiales siguientes”:

• Emitir semanalmente las retenciones legales que en su caso apliquen y demás conceptos análogos.
• Inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a las personas trabajadoras en plataformas digitales.
• En su caso, retener el pago de cuotas y aportaciones.
• Concebir un esquema de empleo de 48 horas mínimo a la semana.

El director de políticas públicas de UBER, Nicolás Sánchez, explicó el 17 de octubre último en entrevista con Negocios en Imagen que la propuesta gubernamental se basa en los modelos tradicionales y no está pensada para una realidad completamente distinta. Dijo que más de 70% de los empleados de plataformas se conectan menos de 10 horas a la semana y no las 48 horas mínimas de un empleo formal.

A su vez, la International Chamber of Commerce México (ICC) emitió un comunicado en el que “advierte que la implementación de esta reforma podría limitar la independencia que caracteriza a estas fuentes de ingresos”, por lo que consideró “crucial encontrar un equilibrio que facilite el acceso a la seguridad social sin comprometer su independencia y flexibilidad”, además de que se debe de preservar la figura de trabajadores independientes en la legislación.

Gina Córdova, conductora y repartidora de Uber, explicó a Proceso que ella identifica dos variantes entre los trabajadores de este sector: quienes dependen completamente de su trabajo en estas plataformas para sostenerse económicamente y quienes la utilizan como una fuente extra de ingresos.

De acuerdo con Córdova, la segunda razón no está siendo considerada por la propuesta federal.

La ley, aunque la maquilles con una palabra aquí y en China y en donde quieran, la ley es blanca o negra. Subordinación es subordinación. Eso es lo que le preocupa a todo el grupo de trabajadores que se reunió el 22 de octubre, cuando se presentó la propuesta de iniciativa a los trabajadores. Probablemente a otros pueda parecerles cómodo, pero hay variables. En lo que discrepo es que esto se vuelva obligatorio para todos.

Para esta trabajadora de plataformas digitales es necesario tomar en cuenta las dos variables que existen.

También le preocupa la imprecisión de la propuesta sobre qué autoridad atenderá problemas específicos, si quedaría a cargo de una ya existente o si –por ser un sector nuevo– debería de crearse una instancia. Tampoco se establecen tiempos para resolver controversias, dice.

Advierte que la propuesta federal está centralizada en la Ciudad de México y que las autoridades no han informado de las reuniones de diálogo a trabajadores de otros estados. Los que se han presentado a las reuniones con la Secretaría del Trabajo se enteraron por medio de las redes sociales y no porque el gobierno los haya invitado a participar, como ocurrió con sus colegas de Ciudad Juárez y Toluca.

Si bien el Ejecutivo aceptó abrir el diálogo y realizar reuniones, ocho días después un grupo de senadoras del PT, partido aliado de Morena, presentaron su propia propuesta de manera repentina.

En ese documento las legisladoras Geovanna Bañuelos, Lizeth Sánchez García, Ana Karen Aceves y Yeidckol Polevnsky reconocieron la importancia de la flexibilidad en los trabajos por aplicación, pero según ellas ésta existe en detrimento al acceso a los derechos laborales de los trabajadores.

Los empleados de estas aplicaciones deciden en qué horarios trabajar, por lo cual no se brinda el derecho a la seguridad social, a un salario digno, o a otras prestaciones de ley –dice el documento, y se insiste en que– se deben de establecer y determinar obligaciones de los trabajadores, del empleador, así como sus derechos.

Según las legisladoras petistas, “existen otras aplicaciones en las que son considerados trabajadores autónomos o independientes, con lo cual se ejerce un total control sobre la libertad de los trabajadores en cuanto al horario de trabajo y en las condiciones en las que laboran”.

En ese contexto, tanto la propuesta de la Secretaría del Trabajo como la iniciativa presentada por el PT en el Senado limitan la flexibilidad de elección sobre el esquema de trabajo bajo el que los empleados quieren y pueden trabajar.