CIUDAD DE DE MÉXICO (apro).- A unos días de que concluyeran las comparecencias de aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado de la República, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez descalificó a la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra para continuar al frente de la institución ante su “sumisión, protección y defensa a integrantes de las fuerzas armadas”.

En un recuento de las actuaciones de Piedra Ibarra respecto a quejas presentadas por víctimas de fuerzas armadas en Nuevo Laredo, Ramos Vázquez contabilizó 14 casos de violaciones graves a los derechos humanos en los que “la actuación de la CNDH ha sido parcial, superficial y tolerante al uso excesivo de la fuerza”.

En un comunicado agregó que el organismo presidido por Piedra Ibarra negó “medidas cautelares para la protección de la población civil en el caso de Nuevo Laredo, lo que contribuyó a la muerte arbitraria de tres civiles el pasado 11 y 12 de octubre, entre ellos, una niña de 8 años por parte de militares del Ejército y la Guardia Nacional”.

La organización acusó a Piedra Ibarra, al secretario Ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa, y al secretario de la Segunda Visitaduría, Omar Jair Pasarán Nieto, “de entregar a la CNDH a las fuerzas armadas, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar)”, por lo que exigió la renuncia de los funcionarios.

El CDHNL describió los casos en los que la CNDH de Piedra Ibarra decidió cerrar quejas presentadas por la organización entre 2022 y 2024, “por falta de elementos de prueba”, “sin materia” o “concluidos durante el trámite”.

Entre los casos graves en los que la CNDH ha guardado silencio, a pesar del cúmulo de pruebas que confirman la participación del Ejército en ejecuciones extrajudiciales, está el de la niña Heidi Mariana, que fue motivo de cuestionamientos a Piedra Ibarra durante su comparecencia en el Senado, el viernes pasado.

La noche del 31 de agosto de 2022 Heidi viajaba en un vehículo que fue objeto de disparos provocados por personal militar que tenían un retén en calles aledañas. A pesar de que la Sedena ha sostenido que hubo un enfrentamiento al momento de que circulaba el vehículo, lo cierto es que el CDHNL ha presentado videos que comprueban la presencia de doce vehículos castrenses antes, durante y después de la muerte de la niña de cuatro años, descartándose el enfrentamiento.

“En su comparecencia ante el Senado, la presidenta de la CNDH afirmó, sin sustento, que la muerte de la niña Heidi Mariana fue responsabilidad del crimen organizado. La CNDH mantiene abierto el expediente de queja a dos años de los hechos y no se ha pronunciado al respecto”, puntualizó el CDHNL.

Con los números de expedientes de casos de abusos graves cometidos por personal castrense durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente del CDHNL describió los casos en los que se vieron comprometidos personal de la Sedena y a Guardia Nacional, desestimados en esta gestión, que ha coincidido con la expansión de la presencia castrense en el país.

Así, la CNDH cerró la queja presentada por el ciudadano Roberto Robles y/o Simón Alberto Vega, por ser víctimas de una persecución “a balazos” por parte de personal militar, mientras se trasportaban en su vehículo, lo que provocó un accidente, además de haber sido agredidos a golpes por tres militares, situación que fue evidenciada en una videograbación que fue descartada por la CNDH de Piedra Ibarra.

En este mismo año, la CNDH negó conceder cuatro medidas cautelares a víctimas indirectas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos cometidos por personal militar, que fueron beneficiarias de recomendaciones de la misma CNDH, a pesar  de que habían sufrido actos de evidente hostigamiento, retenciones ilegales, allanamiento de morada, intención de detener a una víctima indirecta de manera arbitraria, casos en los que el organismo desechó las quejas de los agraviados a pesar de presentar videos o fotografías de los eventos intimidatorios, dando por válidas las versiones presentadas por la Sedena.

En 2023 la CNDH cerró expedientes de queja en los que miembros de la Sedena lesionaron a ciudadanos al disparar indiscriminadamente sus armas de fuego en zonas urbanas con población civil en las calles; persiguiendo otras sin motivo provocando volcaduras o accidentes vehiculare, como ocurrió en el caso del José Luis Soto Cárdenas, el 29 de septiembre de 2023, fecha en la que fue alcanzado por disparos de arma de fuego de militares mientras salía de una tienda de conveniencia, hechos en los que soldados abandonaron a la víctima. Luego de que la Sedena negara los hechos, a pesar de evidencias y testimonios, la CNDH secundó el dicho de la institución, atribuyendo las lesiones de la víctima a un “golpe directo, volcadura o choque” y no a una herida por disparo de arma de fuego.

Otro caso ocurrido el 31 de agosto de 2023 fue el de Janet Salas y tres acompañantes que viajaban en un vehículo que fue embestido por militares, provocando una volcadura, mientras los soldados mantuvieron a las víctimas sobre la carretera mientras eran agredidos con sus armas, pero ante el reclamo de automovilistas y conductores de tráileres, los soldados fueron trasladados al hospital en calidad de detenidos. La CNDH cerró la queja al dar por válida la versión de la Sedena de que sus elementos no estuvieron en el evento.

En el mismo 2023, el organismo cerró la queja que presentó un año antes el presidente del CDHNL relacionado con el espionaje telefónico a que fue sometido por parte del Centro Militar de Inteligencia, hechos comprobados por una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, Social Tic con apoyo de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. La CNDH desechó las pruebas presentadas por las organizaciones y el peritaje al aparato celular y dio por válida la versión de la Sedena negando los hechos.

En 2023, el organismo a cargo de Piedra Ibarra cerró un caso en el que tres civiles, un hombre y dos mujeres, que estaban en calidad de secuestrados, fueron ejecutados por personal militar a finales de 2022. El hombre fue identificado como Homero Martínez Ruiz, y a pesar de resultó positivo en pruebas de radizonato por contaminación y no por detonación, la CNDH lo consideró agresor y no víctima secuestrada, en tanto que las dos mujeres, cuyos restos están en una fosa común en el Panteón Municipal de Nuevo Laredo, el organismo validó la versión castrense de que “no se tiene conocimiento por parte del Instituto Armado”.

La CNDH también cerró el caso de Eduardo Bartolo, quien se encontraba pescando en el Río Bravo, y fue herido por disparos de personal de la Guardia Nacional que perseguían a civiles armados en las inmediaciones de las oficinas del Centro de Internación Vehicular. El organismo dio por válida la negación de los hechos por parte de la GN, a pesar de que se comprobó que sus integrantes estaban a cargo de la vigilancia del Puente Internacional Número 2, cercano al lugar de los hechos.

En julio de 2022 se cerró una queja en la que cinco civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por elementos de la Sedena que persiguieron a las víctimas “quienes inicialmente ingresaron a un domicilio y después fueron sometidos y ejecutados arbitrariamente”. La CNDH dio por buena la versión castrense de los militares sólo se defendieron de “los ahora occiso, para contrarrestar y neutralizar los actos de resistencia con la única finalidad de salvaguardar su integridad física, así como de las personas ajenas que se pudieran encontrar en el lugar de los hechos”.

La CNDH al frente de Piedra Ibarra decidió cerrar un caso ocurrido el 28 de junio de 2022 de ejecución extrajudicial de tres personas que, si bien estaban armadas, tras una persecución automovilística se rindieron ante elementos de la Guardia Nacional, pero en ese momento llegaron elementos del Ejército mexicano, “les impactaron con un vehículo blindado y después los masacraron”. El CDHNL presentó un video en el que “se observa a los civiles con las manos en alto y desarmados pero la CNDH desestimó ese material como elemento de prueba”, secundando lo dicho por la Sedena y la Guardia Nacional de que “se acreditó un enfrentamiento armado”.

Otro caso de ejecución extrajudicial en el que la CNDH ha guardado silencio, se refiere a las muertes de cinco hombres y tres mujeres en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, como resultado de un operativo en el que participaron elementos militares y de la Policía Estatal de Tamaulipas, el 5 de septiembre de 2019. La CNDH se ha resistido a pronunciarse sobre el caso a pesar de que el CDHNL ha presentado los testimonios de cuatro víctimas sobrevivientes, videograbaciones y documento oficiales que revelan que las víctimas “fueron obligadas a vestir uniformes tipo militar, ejecutadas estando esposadas y después les colocaron armas de fuego para aparentar una agresión a las fuerzas de seguridad”.