CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la Comisión para la Verdad, el Esclarecimiento Histórico e Impulso a la Justicia de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1965 a 1990 exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconocer “de manera plena” los hallazgos del informe “Fue el Estado”, así como reivindicar a “todas las víctimas sin distinción y atienda las recomendaciones que emitimos para construir una ruta hacia la no repetición”.

Los comisionados Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart denunciaron en una carta que durante la gestión que concluyó, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración decidió mutilar el documento “Fue el Estado” sin consultarlos y presentarlo como parte del “Informe Final 2024 Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión”, evento realizado por zoom al que no fueron invitados.

Al resaltar que al evento virtual “sólo se invitó a algunas víctimas y colectivos y al que únicamente se convocó a una de las personas comisionadas (Eugenia Allier)”, los comisionados denunciantes consideraron que la dependencia dio “por cerrado este ejercicio” que generó grandes expectativas en 2021, cuando fue creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras tres años de investigaciones, los comisionados denunciaron maltrato hacia ellos y sus equipos de trabajo por parte del sucesor de Alejandro Encinas en la Subsecretaría e Derechos Humanos, porque “nos negamos en todo momento a someter la investigación y sus resultados a los criterios políticos que intentaron imponernos”, de manera particular “en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército, las recomendaciones emitidas y el señalamiento de factores de persistencia de las violencias documentadas”.

Durante el proceso de investigación, los investigadores ubicaron como momentos críticos los señalamientos que hicieron del “fracaso del eje de justicia” que llevaron a   dos investigadores a renunciar; el desmantelamiento del equipo especializado en guerra sucia con que contaba la Comisión Nacional de Búsqueda, la falta de apoyo para “dar curso a la iniciativa de Ley de Memoria y la formación de un Centro Nacional de Memorias, la incapacidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para generar un plan de reparaciones para las víctimas de 1965 a 1990 y “la falta de claridad presupuestal que privó en muchos tramos el proceso y entorpeció  el trabajo de investigación, y que orilló, entre otras cosas a la renuncia de una de las comisionadas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) y de miembros del equipo de investigación durante el primer año”.

Consideraron “inadmisible” que, a pesar de que la Subsecretaría admitió que ejercicios anteriores fracasaron, propiciando “impunidad para los perpetradores”, la dependencia decidiera dejar “de lado a cientos de víctimas que rindieron su testimonio” al MEH, y que en muchos casos lo hicieron por primera vez.

Los comisionados denunciaron que en su Resumen Ejecutivo, la Subsecretaría de Derechos Humanos desconoce la existencia de 4 mil 300 de víctimas de violaciones graves a derechos humanos; 6 mil 097 violaciones graves contra estas víctimas, entra las que se encuentran 23 masacres, así como el desplazamiento forzado de 116 mil756 personas en 63 eventos, “que el resumen ejecutivo de Segob busca invisibilizar”.  

Ante la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta los comisionados apelaron a su sensibilidad para “asumir oficialmente el informe ‘Fue el Estado (1965-1990) como parte de la entrega del MEH reconociendo así a las víctimas y la violencia que el Estado ejerció contra ellas”, y lo que el documento significa para la transformación del presente.

“Apelamos a que el equipo que designe para dar continuidad a la agenda de justicia transicional incorpore de manera plena una perspectiva de derechos humanos para la justicia de las víctimas, la memoria, la verdad y la no repetición. Es ahí también donde consideramos que está un proyecto de largo aliento”, apuntaron los comisionados.

En el documento fechado el 30 de septiembre, día en que culminó el mandato de los comisionados, consideraron “inaceptable que, tras el pormenorizado informe ‘Fue el Estado (1965-1990) en el que se documentan con detalle las violaciones graves a derechos humanos contra once conjuntos de víctimas, el Estado, en voz de la Subsecretaría, decida invisibilizar a nueve de éstos, y con ello, a amplios sectores de la sociedad mexicana que también padecieron de manera cruenta la violencia política del Estado de forma sistemática y generalizada durante el periodo”.

Los comisionados reprochan que la Subsecretaría de Derechos Humanos decidió “dejar fuera de su presentación de resultados y de su página oficial el informe ‘Fue el Estado (1965-1990)”, y reducir al mínimo en su resumen ejecutivo que presenta como informe  final, en el que no sólo deja fuera a las víctimas sino que “omite las recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas”,  que permitirían abrir procesos judiciales.

En su larga exposición, los comisionados resaltaron que durante el periodo de análisis la violencia de Estado no sólo “se volcó sobre organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y disidencias laborales sindicales y redes de apoyo contra la represión, comunidades campesinas indígenas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, periodistas”.

De acuerdo a las investigaciones plasmadas en el reporte mutilado “el Estado también arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a las políticas públicas de desarrollo; ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; torturó a personas marginalizadas y criminalizadas, desplazó a grandes poblaciones del movimiento urbano-popular; torturó disidencias sexo-genéricas; desplazó a cientos por su disidencias religiosas; y desapareció a personas refugiadas en la frontera sur de México y hasta torturó a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales a manos de sus propios mandos. Todas estas violaciones graves constituyeron parte de un mismo fenómeno sistemático generalizado de contrainsurgencia”.

#Atención Los comisionados del @mehistoricomx de la @COVEH Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart denunciamos que el gobierno mexicano desconoce los hallazgos del informe final "Fue el Estado. 1965-1990" y retoma sólo algunos de sus elementos a modo pic.twitter.com/PoyhtLBDjZ — Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) September 30, 2024

Para los investigadores “omitir a estos conjuntos de víctimas el informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal, Es un intento por borrarlas de la historia nacional. Es una omisión grave en la que incurre el Estado para la que no ofrece ningún fundamento metodológico ni legal”, señalaron los comisionados en su denuncia

Al resaltar que la exclusión “revictimiza a las personas, y resulta una falta de respeto para quienes dieron su testimonio” , los comisionados lamentaron que el gobierno de López Obrador repita “la funesta historia” de invisibilizar los agravios “simulando ejercicios de verdad”, lo que perpetúa “la violencia contra las víctimas y la impunidad de sus perpetradores”.

Tras señalar que el informe “Fue el Estado” fue presentado a las víctimas antes de hacerlo público, los comisionados revelaron que tomaron esa decisión ante la indefinición de la Subsecretaría de Derechos Humanos de presentarlo ante las víctimas y el presidente, como dicta el decreto de creación de la Comisión, y que de no haberlo hecho, el documento “habría quedado reducido a lo que la Subsecretaría tuviese a bien aprobar, como nos lo advirtió en varios puntos del proceso”.

Denunciaron que desde que Alejandro Encinas dejó la Subsecretaría de Derechos Humanos, ellos y sus equipo de investigación fueron presionados y se intentó “tomar el control del equipo de investigación y de la escritora de nuestra parte del informe”, contra lo mandatado por el decreto presidencial, exigiéndoles entregar su informe en enero de 2024, lo que contravenía el cronograma establecido desde el inicio del MEH.

Al recordar que el informe fue entregado en junio, y que hicieron pública la entrega a la Subsecretaría “por el riesgo que existía de que se intentara desconocer el trabajo por completo”, los comisionados acusaron que fueron “excluidos y maltratados por dicho por hecho”.

En el documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, a las víctimas del periodo de estudio, a la sociedad en general y medios de comunicación, refiere que el 15 de agosto cuando se presentó el documento a la asamblea de víctimas, el subsecretario Arturo Medina externó que había elementos en los que la Segob no estaba de acuerdo, “particularmente los factores de persistencia, las recomendaciones y el abordaje de un amplio abanico de víctimas”, y alertó que en el informe  final de la Comisión, sólo se abordaría aquella información que, “a su entender”, cumpliera con el decreto presidencial.

Los comisionados defendieron su trabajo, considerando que en su totalidad se apegaba al decreto presidencial del 6 de octubre de 2021, que “no mandata investigar la violencia contra grupos específicos” , que los facultó para realizar la investigación “con independencia imparcialidad y competencia” y que los factores de persistencia “fueron un hallazgo derivado de la obstrucción del trabajo documental que experimento el propio Mecanismo en los archivos militares y los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación”, por lo que de no hablar de ello, habría sido faltar a la verdad.

“Esta Comisión de la verdad debía hablarle al presente y por eso fue necesario decir con toda franqueza qué de aquella violencia persiste como lastre en el presente a pesar e las transformaciones, y cómo podría allanarse el camino para remediarlo”,  de ahí que se incluyeron recomendaciones que “son una parte sustancial de los informes de las comisiones de verdad en todo el mundo”, consideraron los comisionados.