CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 8 de enero, el Diario Oficial de la Federación anunció la creación de 20 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en diversas regiones del país. Aunque esta iniciativa busca fortalecer la protección desde los manglares en Quintana Roo hasta áreas montañosas en Chiapas, grupos ambientalistas han criticado la asignación de recursos para conservar estos territorios.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, resaltó tres ANP que simbolizan la diversidad de los ecosistemas mexicanos: el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, decretada área protegida después de un incendio forestal. El Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) Lago de Texcoco, que reconoce la lucha de los pueblos del Estado de México, y el APFF Jaguar en el corredor del Parque Nacional Tulum.

La Sierra de San Miguelito enfrenta amenazas derivadas del cambio de uso de suelo, expansión de la frontera agrícola y la práctica de ganadería extensiva. Estas actividades humanas provocaron la pérdida del ecosistema, así como la contaminación de ríos y cuerpos de agua. Además, la caza y el comercio ilegal de especies representan problemas adicionales que llevaron a decretarla como APFF.

Por otro lado, el Lago de Texcoco se encuentra afectado por la expansión de áreas urbanas e industriales en la región circundante al lago. Esta alteración del paisaje ha resultado en la pérdida de hábitats naturales, contribuyendo a la fragmentación del ecosistema acuático. La contaminación de sus aguas es evidente, producto de las actividades industriales, vertidos de desechos y otras formas de contaminación, sumados al fallido proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

En la región del Parque Nacional Tulum, hay problemas en el agua subterránea. Parte de este recurso está cambiando químicamente por la entrada de agua de mar y, también está siendo contaminada debido al turismo en aumento.

Con estos decretos, el país alcanzó un total de 225 Áreas Naturales Protegidas, cubriendo una extensión de 95 millones 178 mil 100 hectáreas bajo la tutela de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2024, refleja una disminución en los recursos asignados a la protección del medio ambiente y las ANP.

La coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA) señaló que el presupuesto compromete aún más la capacidad de entidades clave, como la Conanp, para llevar a cabo operaciones ambientales.

La reducción presupuestaria afecta diversas áreas, desde la compra de insumos hasta la contratación de personal y la adquisición de vehículos. La falta de inversión compromete las tareas de protección, restauración, monitoreo biológico, vigilancia y supervisión de proyectos comunitarios en la mayoría de las reservas naturales.

De acuerdo con NOSSA, el PPEF 2024 propone una reducción del 11.4 por ciento al presupuesto de la Semarnat, situándolo en 70 mil 245 millones de pesos. Este presupuesto representa solo el 0.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando al país como uno de los que menos recursos destina a la protección ambiental entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

México se ubica por debajo de Colombia, país miembro de la OCDE, que destina un 0.38 por ciento de su PIB para este propósito.

La Conanp, responsable de conservar el 33 por ciento del territorio nacional a través de 225 ANP, enfrenta un recorte significativo del 31.7 por ciento en comparación con su presupuesto para el año anterior. Aunque se celebre el incremento en el número de ANP, NOSSA destaca que la asignación de recursos financieros para su cuidado no ha aumentado proporcionalmente.

Según el informe “Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2024”, con los recursos proyectados para este año, se destinarían 10.7 pesos por hectárea protegida en comparación con los 26.5 pesos que se ejercieron por hectárea protegida en el 2016, año con el mayor presupuesto que ha tenido la Conanp.

La Conanp ha experimentado un recorte del 40.8 por ciento en su presupuesto en comparación con la administración anterior, lo que equivale a una reducción de 5 mil millones de pesos.

Además, el informe se centra en dos programas presupuestarios específicos: el Prorest, para el desarrollo de proyectos de restauración ecológica, y el programa de Conservación y Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, que busca realizar acciones para la mitigación al cambio climático en 147 ANP.

El informe resalta que a pesar de las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la búsqueda de justicia ambiental para las comunidades, su presupuesto apenas aumenta ligeramente en el capítulo de gastos de servicios personales en el PPEF.

El presupuesto destinado a la Profepa para el 2024 es de 896 millones 74 mil 850 pesos, lo que representa un incremento de casi 26 millones de pesos en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.

Asimismo, el informe alerta sobre las afectaciones que conlleva la reducción de recursos públicos para la protección del ambiente, tanto en el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, establecido en la Constitución, como en el cumplimiento de los tratados internacionales en materia ambiental.

Además, el informe aborda la importancia de la participación social incluyente en la protección del medio ambiente, destacando la población objetivo de los programas y proyectos relacionados con las ANP, así como la distribución de los apoyos otorgados a proyectos, cursos de capacitación y estudios técnicos.

Sin los recursos financieros adecuados, estas áreas corren el riesgo de convertirse en meros símbolos vacíos de conservación, incapaces de resistir las crecientes presiones ambientales.