Palacio Nacional, embajadas y todas las instituciones públicas no pertenecen a personas ni a grupos, ni a gobiernos en turno. Pertenecen al Estado mexicano. Son recintos destinados al ejercicio de funciones públicas, no espacios de privilegio ni extensiones de la vida personal de quienes temporalmente ocupan el poder.

Desviarlos de ese propósito no es un asunto menor: es una falta administrativa y, en muchos casos, un delito. Y lo más preocupante no es que ocurra, sino la normalización con la que se pretende justificar.

En este contexto, las recientes reformas impulsadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Ley de Fiscalización, la Ley de Contabilidad Gubernamental y el Código Fiscal de la Federación refuerzan las capacidades de auditoría para revisar este tipo de prácticas, lo que vuelve aún más relevante que estos casos no queden sin consecuencias.

No se trata de hechos aislados. Hace unos días se hizo público el caso de una funcionaria en un balcón de Palacio Nacional. Más allá de la imagen, lo verdaderamente relevante es lo que hay detrás: ¿quién autorizó?, ¿quién permitió? y ¿quién está dispuesto a asumir la responsabilidad? Porque el poder no se ejerce en el vacío.

El problema se repite. Ahí está el caso del hijo de un alto funcionario habitando durante meses en la Embajada de México en Londres. Se dice que no hubo uso de recursos públicos. Pero esa afirmación se cae por su propio peso: vivir en una sede diplomática implica costos de operación, servicios y uso de bienes del Estado. Negarlo no es una explicación, es una evasión.

Cualquier servidor público (sin importar su nivel) que utilice bienes públicos para fines privados incurre en un acto de corrupción. Y eso debe investigarse, documentarse y sancionarse conforme a la ley.

Los antecedentes sobran. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se documentaron usos indebidos de aeronaves oficiales. No fueron excepciones: fueron síntomas. Como se ha señalado en múltiples ocasiones, estos casos son apenas la superficie de prácticas mucho más extendidas que rara vez enfrentan consecuencias reales.

Porque cuando se revisa a fondo, lo que aparece no son errores aislados, sino patrones: recursos públicos usados como si fueran propios, estructuras institucionales al servicio de intereses particulares y una cultura de impunidad que permanece intacta. 

Hoy, incluso con contrapesos debilitados y organismos cuestionados, la exigencia no desaparece. Al contrario: crece. La vigilancia social, el periodismo y el uso de los propios instrumentos legales siguen siendo herramientas vigentes.

Pero hay algo que también debe cambiar: la actitud ciudadana.

No podemos seguir siendo espectadores. No basta con indignarse un día y olvidar al siguiente. Si las leyes existen, deben aplicarse. Si hay responsabilidades, deben fincarse. Y, si no ocurre, debe exigirse.

No basta con ocupar cargos, hay que responder por ellos. Y cuando se abusa del poder, lo que sigue no son explicaciones, son responsabilidades, dignidad y la separación del cargo.

El principio es claro: el Estado no es propiedad de nadie.

Y quien lo use como si lo fuera debe rendir cuentas. No como concesión, sino como obligación. Porque tolerarlo ya no es indiferencia: es complicidad.