CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó el testimonio de otro empresario, identificado como Carlos “N”, a quien exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el PAN, le habían pedido más 600 mil pesos, además de departamentos nuevos, como condición para concederle autorizaciones de obras de construcción.

En seguimiento a la investigación por la red de corrupción inmobiliaria en esa demarcación, este martes, en su primer video mensaje como encargado de despacho de la FGJCDMX, Ulises Lara compartió el testimonio del empresario, cuyo nombre no reveló, quien declaró que, a cambio de dinero o beneficios en especie, los exfuncionarios protegían a los inversionistas inmobiliarios de sanciones y multas.

Tras la declaración, Lara López resaltó: “Como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, el modus operandi desde 2015, de esta red de exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, con decenas de construcciones en la demarcación fue recurrente”.

Esta no es la primera vez que la FGJCDMX presenta testimonios ministeriales de desarrolladores inmobiliarios que, bajo el anonimato y acogidos al criterio de oportunidad, para reducir posibles sanciones, narran los tratos que presuntamente hicieron con exfuncionarios panistas de la alcaldía Benito Juárez.

A principios de mayo de 2023, el mismo Lara López, entonces vocero de la institución, presentó el testimonio de otro empresario que habló de presuntas llamadas con el entonces alcalde, Santiago Taboada, hoy precandidato de la alianza “Va por la CDMX” para la Jefatura de Gobierno, que presuntamente lo involucraban en la red de corrupción.

La presentación del nuevo testimonio se da a una semana de que Ernestina Godoy no fue ratificada por cuatro años más al frente de la FGJCDMX, pues Morena y sus partidos aliados no reunieron los votos suficientes para ganarle a la oposición. En su último informe de labores, la morenista advirtió que, aunque ya no esté al frente de la institución, ésta seguirá con la investigación de la red de corrupción inmobiliaria.

Modus Operandi

En el video mensaje de este martes, el empresario Carlos “N” relata que en 2010 conoció a Luis Vizcaíno, exdirector general Jurídico y de Gobierno en Benito Juárez, por medio de un amigo común. En 2011 le solicitó ayuda pues tenía una obra por desarrollar en la calle Pitágoras, la cual recibió una visita de verificación y fue suspendida por falta de elementos de protección civil.

Presuntamente el exfuncionario le solicitó 150 mil pesos y, “pasado alrededor de 20 días naturales, la obra se abrió y se pudo terminar”, dijo.

El testigo añadió que en 2015 regresó con Vizcaíno para pedirle “apoyo” con otra obra en la calle de Patricio Sanz, que iba a ameritar una sanción económica por no tener los documentos de verificación necesarios.

El servidor público pidió el expediente a la Dirección de Obras y observó que las labores estaban por concluirse, entonces le solicitó al empresario 250 mil pesos para obtener la autorización correspondiente.

Fines políticos

Lara López explicó que en 2014 el testigo recibió una llamada del exdirector general de Jurídico y Gobierno, con quien se reunió en un restaurante de la colonia Del Valle, donde le informó que estaba “apoyando la candidatura del que quería ser delegado” --en referencia a Christian Damián “N”--, para lo cual le pidió 200 mil pesos.

Según el declarante, le mandó el dinero con su chofer.

A finales de 2016, según la misma versión, Luis Vizcaíno le platicó sus intenciones como empresario de la construcción, con el objetivo de asociarse. Y en 2017 le dio un contrato como constructor en un edificio de la calle Cordobanes, en la colonia San José Insurgentes. El exfuncionario le dijo que lo estaban haciendo en asociación con el entonces jefe delegacional.

El encargado de despacho de la FGJCDMX detalló que, una vez terminada la obra, le informó mediante mensajes que ya había negociado las aportaciones con el titular de la delegación, quien accedió y pidió quedarse “el departamento más grande”.

Meses después, dijo el empresario inmobiliario, recibió otro mensaje de Luis Vizcaíno, quien le dijo que “un familiar” del jefe delegacional “obtendría el departamento y que en su visita al mismo departamento había observado vicios ocultos”.

Nuevo proyecto en Holbein

En abril de 2017, por medio de un amigo en común, el empresario y otras personas escucharon la propuesta de Vizcaíno de hacer un nuevo proyecto y les informó que había visitado un predio ubicado en la calle de Holbein y que traía las “aportaciones” para invertir en la obra.

Según el testigo, todos pensaron que debido a las relaciones y renombre que el entonces funcionario tenía en la alcaldía, era oportuno “abrir conjuntamente una empresa para llevar a cabo el proyecto”.

Previo a la constitución de ésta, compraron el inmueble a nombre del declarante y dieron un anticipo de alrededor de 3.5 millones de pesos. 

En el contrato quedó establecido que el vendedor del predio tenía una constancia de “zonificación” de derechos adquiridos en 1991 y que, a finales de octubre, acordó con el exdirector de Jurídico y Gobierno que este último se haría cargo de cualquier situación derivada con la alcaldía.

Meses después, antes de la Manifestación de Construcción, el declarante aseguró que Vizcaíno ya había negociado la protección de la obra, para lo cual le informó que vio al licenciado Alfonso “N”, en aquel momento Director de Planeación y Desarrollo y Participación en la delegación, “el cual era muy cercano al titular en turno”.

El testigo relató: “Informándome que había acordado el pago por la cantidad de un millón 800 mil pesos para protegernos la obra y cuidarla de visitas de verificación, diligencias o procesos que se derivaran directamente en la entonces delegación, comprometiéndose a pagar un millón por anticipado para que nos pudieran otorgar la manifestación y 800 mil pesos una vez que se obtuviese la terminación de obra”.

Dijo que Alfonso “N” puso la cantidad inicial de un millón de pesos, que correspondía a la protección y también a una parte que “él tenía que reportarle directamente al delegado (Christian “N”)... y el saldo de los 800 mil pesos era derivado a ciertos tratos y asuntos que tenían pendientes”.

Pago por autorización

Para agosto 2018, según el empresario, Luis Vizcaíno le entregó la autorización de uso de ocupación para el inmueble de la calle Holbein y le solicitó que le pagaran el saldo a Alfonso “N”, porque “al otorgarse dicha autorización por parte del entonces director de Obras, Nicias (René Aridjis), todo estaría en orden y cuadrado”.

En total, las cuotas que había que cubrir por protección de obra eran de 50 mil pesos por departamento, “pagándose la mitad al inicio y el resto al terminar, para poder obtener la autorización de ocupación”, dijo.

A finales de noviembre, una vez que fue revisado un nuevo proyecto, el empresario acudió a la Ventanilla Única donde le atendió el entonces operador César “N”; una vez revisado el acuerdo, le solicitó esperar unos minutos, ya que vendría en ese momento su jefe, el exdirector General de Desarrollo y Planeación de la alcaldía, Víctor Manuel “N”.

Este último, le dijo al inversionista inmobiliario que “no había de otra, que todos tenían que entrarle con esa situación, viniese recomendado o no, estuviese bien o no la obra, pero que, si yo quería pisos adicionales o hacer cosas ajenas a lo que la normatividad permitía, esa ya era otra tarifa”.

De no acceder, comentó, la obra sería sujeta a “total terrorismo en cuanto a visitas de verificación, procesos de Protección Civil, en todo momento, lo que derivaría en retrasos y mermas económicas importantes para el proyecto”.

Abundó que la primera parte, 425 mil pesos, 50 por ciento del total, la entregó el 6 de diciembre de 2019, para la protección de la obra ubicada en José María Rico, y que César “N” le extendería un recibo y acuse por tal importe, pero que lo tendría que validar el propio Víctor Manuel “N”.

De acuerdo con el encargado de despacho de la FGJCDMX, el testigo relató que pasaron meses y llegó el período de conclusión de la obra, pero hasta ese momento no había recibido el comprobante de sus aportaciones, por lo que temía que no se respetara el acuerdo o que no le quisieran dar la autorización.

Entrega de comprobante

A finales de marzo de 2022, le informaron al declarante que su proyecto era correcto y que preparara el finiquito para obtener la protección pactada: “Acudo a entregar directamente en las oficinas el importe de 425 mil pesos a cuenta de finiquito por la protección de la obra… Mi cita para acudir a la oficina de su jefe, el licenciado Víctor, donde en dicha reunión el propio licenciado firma mi autorización de Uso de Ocupación”.

En el encuentro le dijeron que él tenía que “dar el visto bueno de todas y cada una de las autorizaciones”, porque eso significaba el acuse de que la obra había sido pagada en su totalidad respecto a la protección que vendían, para no ser molestados durante el proceso.

Entonces, en abril de 2022, el desarrollador inmobiliario fue a recoger el documento en la oficina de César “N”, en donde, además de la entrega de la autorización, le dieron un recibo que amparaba el anticipo dado en 2019. Sin embargo, fuera de la oficina, el declarante narró que el recibo no correspondía a su obra, sino a otra construcción ubicada en la calle Insurgentes.

Lara López agregó que, de acuerdo con el testimonio del declarante, ese recibo correspondía a un monto de cinco millones de pesos por una licencia de más de ocho mil metros cuadrados de construcción, que no tenía el manifiesto de impacto ambiental urbano necesario para iniciar los trabajos desde el primer día.