CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno, Martí Batres, enviará una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México para incorporar  el delito de "Corrupción Inmobiliaria" al Código Penal local y se castigue hasta con 20  años de cárcel.

La mañana de este miércoles 10 de enero, desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el mandatario explicó que la iniciativa pretende adicionar el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal local, para "prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, al reconocerla como delito y establecer las sanciones correspondientes para los servidores públicos que participen en él".

Dicho delito, detalló, se refiere a la autorización para construir inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, por medio de permisos emitidos con el objetivo de "recibir dinero o departamentos para beneficio personal y que, en consecuencia, encarecen la vivienda y propician riesgos de protección civil para la ciudadanía".

Batres Guadarrama agregó que, con la reforma, la sanción por el delito de "corrupción inmobiliaria" será de 10 a 20 años de prisión, "con independencia de otras sanciones que correspondan a otros tipos penales".

Además, se agravarán en una mitad más cuando se "obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie" para funcionarios públicos y sus familiares: "En otras palabras, con este artículo sancionamos al servidor público y a la red de familiares que intervienen actualmente en este tipo de operaciones”.

La iniciativa será presentada ante el Congreso de la CDMX por el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, para su discusión en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Por su parte, Ruiz Suárez comentó que realizan una revisión del marco legal de la CDMX para desarrollar normas "más eficaces adecuadas al contexto social actual".

Agregó que la iniciativa, tiene tres objetivos principales:

1)  Disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la CDMX y sus alcaldías.

2) Contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas.

3)  Contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.

Con el objetivo de prevenir, combatir y erradicar la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México, presentamos una iniciativa de reforma al Código Penal para establecer una pena de entre 10 y 20 años de prisión para todo servidor público que autorice la construcción irregular… pic.twitter.com/Z8pLIFewhc — Martí Batres (@martibatres) January 11, 2024

Corrupción Inmobiliaria en la CDMX

El 16 de agosto de 2021, ocurrió una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán de la alcaldía Benito Juárez. Tras el hecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación que dejó al descubierto la participación de exservidores públicos en el delito de enriquecimiento ilícito.

El 7 de diciembre de 2023, en un acto público, la entonces fiscal General de Justicia local, Ernestina Godoy, relató que sobre el caso han ejecutado dos sentencias, además, un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una contratista, un trabajador por honorarios, una gestora que trabajaba con la alcaldía fueron vinculados a proceso.

Este miércoles, el jefe de Gobierno recordó el caso y añadió que el marco normativo actual persigue delitos relacionados, lo que permitió "sancionar a exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez quienes... pertenecían a esta red de corrupción que de 2009 a 2021 contribuyó al crecimiento exponencial de la construcción de niveles que sobrepasan los permitidos por la norma".

Destacó que dos de los funcionarios "aceptaron su responsabilidad en estos hechos, fueron sentenciados y devolvieron a las autoridades capitalinas inmuebles por un valor de más de 80 millones de pesos como parte de la reparación del daño".

Enlistó casos vinculados al mismo delito: “En el año 2008 solo tenemos el caso de un nivel excedente fuera de la norma, de acuerdo a esta información que brinda un portal ciudadano; tenemos hacia el 2009, 12 casos; tenemos hacia el 2012, 158 casos y así".

Y continuó:

"Este es el lapso, este que se menciona aquí, es el lapso de gobierno del cártel inmobiliario en Benito Juárez, se da un crecimiento enorme. Y no empieza a bajar, sino hasta el combate que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a partir del 2021, precisamente después del hallazgo que ocurre con la explosión de los departamentos en la colonia Actipan”.