Playa del Carmen, Q. Roo (Proceso).- El proyecto Puerta al Mar, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revivió antiguas pugnas en el pueblo maya porque no fue consultado para la rehabilitación del antiguo camino a Vigía Chico, en la costa oriental de Quintana Roo, donde en la época porfirista existió un tren que la población desdeñaba pues sirvió, recuerdan, para la destrucción de su mismo territorio.

La historia se repite, coinciden varias voces del pueblo originario, de donde ya surgieron acciones por la vía del amparo.

El proyecto viene aparejado al Tren Maya, el cual ya ha dejado una estela de descontento en dicha comunidad, pues las expropiaciones de terrenos comunales no han sido justas, como lo han venido denunciando desde hace más de un año.

Puerta al Mar busca conectar al pueblo de Felipe Carrillo Puerto con una salida a la costa, a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Como ha ocurrido con los recientes proyectos federales en la Península de Yucatán, se ha iniciado sin la emisión y aprobación de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La reconstrucción es encabezada por ingenieros militares de la Sedena y el visto bueno de la gobernadora morenista Mara Lezama Espinosa.

Inmediatamente que se consumaron los primeros actos de autoridad hace algunas semanas, las voces de descontento y tramitación de nuevos amparos de la comunidad maya han surgido contra el proyecto. 

“No hay información de este proyecto mal llamado Puerta al Mar, no se consultó a los habitantes de Felipe Carrillo Puerto; además, este proyecto está siendo realizado como todo lo del tren, sin información y sin los procesos debidos como se deben llevar en la zona”, sostiene Francisco Alexis Jooy Juul, miembro de la Asamblea de Defensa del Territorio Maya Múuch’ Xiibal y habitante de Felipe Carrillo Puerto.

Este municipio es cuna de la insurrección maya, con el surgimiento de la llamada Guerra de Castas o Guerra Social Maya, el evento bélico más trascedente en la que ha participado la comunidad contra el gobierno mexicano.

El 8 de mayo, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción del proyecto Puerta al Mar para conectar a esta localidad con la costa, por el antiguo camino a Vigía Chico.

El mismo presidente reconoció que el lugar era punto de entrada de militares en la época porfirista para llegar a la zona y reprimir a los mayas y los ecos de la Guerra Social. Era un campo de castigo también para sublevados proveniente de otras partes del país.

En esto coincide con los recuerdos de los mayas actuales, quienes ven con desdén ese antiguo camino, por eso destruyeron un tren que existía y servía para conectar a la costa con su comunidad.

“Este camino fue utilizado para el tráfico de esclavos, un camino que tuvo un tren que nuestros abuelos quemaron porque estaba funcionando para el despojo de la zona. Entonces este camino tiene una memoria que no se nos olvida para qué fue utilizado y ahora con este proyecto de la Puerta al Mar vienen a realizar lo mismo, a despojarnos y a entregarlos a los nuevos caciques, los empresarios y los políticos, esta élite que ahora está en el estado”, afirma Jooy Juul.

En este contexto, el pasado 29 de agosto, sin ninguna consulta indígena, la gobernadora Mara Lezama dio el banderazo de salida de obras. Lo hizo acompañada del Agrupamiento de Ingenieros Militares Felipe Ángeles, los mismos que construyen el Tren Maya en diversos tramos de Quintana Roo y, por supuesto, también en Felipe Carrillo Puerto.

El proyecto, de acuerdo con información del gobierno de Quintana Roo, es un camino de 55 kilómetros de longitud que parte de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico, a través de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.

Un total de 22 kilómetros serán pavimentados y los 33 restantes serán de tipo artesanal, con cinco metros de ancho. En la intersección de ambos tramos habrá un estacionamiento y zona de descanso.

Desde el día del banderazo, la gobernadora quintanarroense en diversos actos públicos y redes sociales ha reiterado los beneficios que esta obra traerá para los habitantes de Felipe Carrillo Puerto.

“Llevamos justicia social a las y los carrilloportenses, con el inicio de la construcción de “La Puerta al Mar”, una vialidad de más de 50km para conectar (…) con Vigía Chico. Esta obra detonará el crecimiento y el desarrollo económico y sustentable de la zona Maya” (sic), posteó el martes 5 Mara Lezama.

Pero para diversos colectivos mayas, como Múuch Xíinbal y U kúuchil k ch'i'ibalo'on, el proyecto sólo servirá para la entrada de cacicazgos a la zona maya, que amasen más tierras y continúe el detonante turístico, similar a lo que ha ocurrido en Cancún y la Riviera Maya.

En un comunicado que circuló entre los colectivos de la zona maya, tanto en Quintana Roo como en Yucatán, también se aclara que el proyecto no lleva al mar, sino a la bahía de la Ascensión, la cual forma parte de un conjunto lagunar cercano al Mar Caribe.

“Vienen imponiendo un modelo de turismo que se ha estado imponiendo en el norte del estado (Cancún y Riviera Maya) que no tiene nada que ver con lo comunitario, sino la folclorización de la cultura (…) Es ahora vender la cultura de las comunidades, ya han explotado la parte de sol y playa y ahora vienen a las comunidades. Este modelo de turismo no es comunitario, sólo viene a acrecentar la desigualdad”, remata Francisco Alexis Jooy.

Actualmente, en Felipe Carrillo Puerto se ejecuta también la obra del Tren Maya al poniente de la localidad y, al norte, el Aeropuerto Internacional de Tulum, que se ubica en terrenos ejidales de la comunidad de Muyil, perteneciente a este municipio.

 Consulta negada

Tras el inicio de los trabajos de desmonte para la reconstrucción del camino a Vigía Chico --a mediados de agosto-- indígenas mayas de Felipe Carrillo Puerto tramitaron una demanda de amparo contra la obra Puerta al Mar, debido a que no se les consultó. 

Señalan a la Sedena como autoridad responsable por la violación de diversos derechos humanos por falta de consulta indígenas ante obras que los militares han emprendido en su territorio, no sólo por Puerta al Mar, sino también por el Aeropuerto Internacional de Tulum, ubicado en Muyil, y el Tren Maya. Todas estos se construyen, alegan los quejosos, sin consulta indígena.

Aunque en el caso del Tren Maya sí se consultó a los mayas, pero en reiteradas ocasiones se ha alegado que dicha consulta fue viciada y no se han cumplido acuerdos como la reconstrucción de los centros ceremoniales, entre otros (Proceso 2389).

“La abstención de realizar la Consulta Indígena a los Pueblos Mayas, por sí y representados por el Gran Consejo Maya, y a las Comunidades Indígenas para realizar el conjunto de obras que están desarrollando sobre el territorio de nuestro pueblo asentado en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto”, se lee como exposición en uno de los expedientes de amparo. 

Asimismo, la demanda es por la abstención de celebrar con el pueblo maya un convenio para la explotación y protección del patrimonio cultural originario, “convenio que tiene obligación de celebrar con nuestras comunidades por el uso y aprovechamiento no autorizado de nuestro territorio, con las obras que está desarrollando”, agrega. 

La demanda de amparo indirecto fue inicialmente tramitada en el Juzgado Primero de Distrito, de Yucatán, que se declaró incompetente, pues, aunque éste resuelve asuntos del Tren Maya, la acción legal también contiene proyectos federales diferentes. 

El Juzgado Primero de Distrito, de Chetumal, también se declaró incompetente, al igual que un juzgado federal de la Ciudad de México.

Ahora es el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de la capital del país, el encargado de resolver a quién le corresponde ver este asunto que ha derivado en un conflicto de competencias bajo el número de expediente 45/2023.

Es el magistrado Sergio Urzúa Hernández el encargado de la ponencia de resolución del conflicto de competencia. Se espera un escenario similar a los amparos contra el Tren Maya en la Península de Yucatán, dicen abogados consultados: los procesos legales se encuentran detenidos a más de año y medio de haberse tramitado.