CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez consideró que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reunirse sólo con gobernadores de su partido y miembros de su gabinete para “atender el problema de las desapariciones en el país” confirma dudas sobre posibles fines políticos” de la revisión de los registros de desapariciones.

En un mensaje, el organismo civil señaló que atender la crisis de desapariciones es tarea de todo el Estado, como reafirmó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un reciente posicionamiento.

El pasado jueves 21, López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los gobernadores de su partido Morena y con miembros de su gabinete de seguridad para abordar el tema de los desaparecidos.

Mediante sus redes sociales difundió una fotografía de los convocados a la que adjuntó un mensaje:

“Con gobernadoras, gobernadores, secretarias, secretarios del gabinete y Servidores de la Nación, celebramos un acuerdo para intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión.”

Los invitados

Llegaron a la reunió con López Obrador: Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Layda Sansores, de Campeche; Rutilio Cruz Escandón, de Chiapas; Indira Vizcaíno Silva, de Colima; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; Delfina Gómez, del Edomex; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y el de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca.

Asimismo, de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; Sergio Salomón Céspedes, de Puebla; Mara Lezama, de Quintana Roo; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Américo Villarreal, de Tamaulipas; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Cuitláhuac García, de Veracruz, y David Monreal, de Zacatecas.

Además de los mandatarios estatales, participaron en la reunión la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el titular de Marina, José Rafael Ojeda; el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, y el subsecretario Alejandro Encinas.

El maquillaje de las cifras

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se tiene registro de 111 mil 98 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales sólo 640 son consideradas en el delito de desaparición forzada.

El 24 de agosto pasado, la reportera Gloria Leticia Díaz documentó en Proceso digital que la renuncia de Karla Quintana Osuna a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) se debió a su inconformidad ante las irregularidades en la realización del censo de desaparecidos y el manejo que quería dársele, labores de las que fue marginada la institución y en las que se incluyó indebidamente a personal de la Secretaría del Bienestar.

La inconformidad es que se pretende bajar el número registrado de desaparecidos porque, según López Obrador, el actual no es confiable, argumentación en la que el mandatario federal ha basado su previsión de que el nuevo censo muestre una cifra menor de los casos de desaparición.