GINEBRA (apro).- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED, por siglas en inglés) cuestionó a México sobre la causa del aumento de desapariciones en el país, especialmente de niñas, niños y adolescentes, y solicitó varias precisiones sobre el censo que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaría del Bienestar, a lo que la delegación mexicana evadió responder.

“Hemos notado con preocupación que el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento’’, afirmó Horacio Ravenna, uno de los relatores del CED para México.

Por su parte, Carmen Rosa Villa Quintana, miembro del CED, observó el aumento de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, y como ejemplo puso al estado de Guerrero.

“Existe un crecimiento sostenido de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Guerrero. Estigmatizan a las familias poniendo la culpa en las niñas. ¿Qué se hace para evitar la revictimización de las familias? ¿Y qué medidas se toman para evitar que sigan desapareciendo en muchos de los estados?”.

Villa Quintana se quejó sobre el protocolo homologado de búsqueda de niñas, niños y adolescentes y pidió “respuestas” para poder avanzar en la materia.

Tanto Ravenna como Villa Quintana pidieron al gobierno de la 4T más datos sobre la recolección y uso de datos personales para el nuevo censo anunciado por López Obrador, que incluye la toma de fotografías georreferenciadas a las fachadas de las familias de víctimas y utiliza los datos de otros padrones como los de vacunación, programas sociales o inscritos en el IMSS.

A finales de junio, el presidente López Obrador anunció un nuevo censo de desaparecidos, con la intención de contar con información “confiable”. Sin embargo, para familiares de víctimas y organizaciones civiles, el nuevo registro busca manipular la realidad con fines electorales. Durante el sexenio de la 4T, 43 mil 463 personas están registradas como desaparecidas.

“Existe la iniciativa de realizar un censo, hemos escuchado que las familias reciben visitas… ¿qué objetivo se persigue y en qué marco se realizan?”, cuestionó Ravenna.

Y Villa Quintana preguntó: “¿cuántos desaparecidos se han localizado con el censo y cómo han evitado revictimizar a los familiares de las víctimas?’’.

Ravenna advirtió que en las conclusiones del Comité sobre el examen “vamos a expresar nuestro análisis crítico” y argumentó que en el desarrollo de su trabajo el objetivo del CED es verificar la aplicación de las políticas dispuestas por el estado.

“Ustedes definen las políticas y nosotros verificamos si se ajustan a los compromisos de la Convención’’, dijo

El experto argentino consideró que el censo es “una mala iniciativa, produce mucha sensibilidad’’ y observó que hay muchos caminos alternativos que ajustan los hechos a la realidad, por ejemplo, en cuestiones de identificación hay mucha experiencia de los argentinos. 

Consideró que “la reparación permite la identificación clara y un centro de identificación no es irritativo para las víctimas. Llamó a la 4T a estar atentos “porque la búsqueda de la verdad tiene que pasar por un trabajo respetuoso para las víctimas y la revictimización es muy preocupante”.

En este sentido, Juan Pablo Alban Alencastro, relator del CED, agregó que entienden “que hay otras entidades que participan en ese registro de la búsqueda con vida promovida por decisión del presidente, pero ¿quiénes tienen las claves de acceso?”.

Además, “también se lleva a cabo la constatación por llamada telefónica y hay estándares para hacer esto’’. Habló sobre el certificado de la autoridad buscadora, la protección de información, y del código fuente. “¿Qué medidas hay para garantizar la seguridad de la información?”.

De igual forma, el experto ecuatoriano quiso saber sobre la postura del estado con respecto a la renuncia de dos de los funcionarios clave sobre este flagelo en el país. El gobierno descartó contestar sobre la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal encargado de llevar a cabo una nueva investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la de Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, gran ausente en la revisión del informe.

“¿Qué está pasando?”

Otra preocupación expresada por el CED es la relacionada a la crisis forense. “Cuando estuvimos en México (agosto 2021) y en el diálogo anterior (noviembre 2018) ya teníamos una crisis forense y según informes todavía hay 52 mil cadáveres no identificados y nos parece que eso muestra que los esfuerzos que el gobierno ha realizado, no están dando resultados, no entendemos por qué, ¿qué es lo que está pasando?’’, cuestionó Ravenna.

En cuanto a la militarización, Ravenna observó: “Hemos sugerido que se abandone el enfoque de la militarización de la seguridad pública y existe decreto de prórroga del rol de fuerzas armadas hasta 2028. ¿Cuál es la visión que tiene el estado respecto al rol de la policía nacional, federales, Guardia Nacional y fuerzas armadas?’’.

A esta pregunta, contestó Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, quien recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró inconstitucional la reforma legal del presidente López Obrador para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, un cuerpo que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Por otra parte, Alban Alencastro manifestó que, ante la magnitud de las desapariciones en el país, es incomprensible que solamente haya 28 causas sobre el delito de desaparición forzada.

“Pero frente al número de personas desaparecidas, que son 115 mil al día de ayer, si a nivel federal hay 28 (…) no se está abordando el grueso del problema’’.

También se hicieron varios cuestionamientos sobre el Mecanismo de Protección de Defensores de DDHH y periodistas. En respuesta, Martha Lidia Pérez Gumecindo, Fiscal Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República, señaló que las buscadoras han sido reconocidas por el gobierno como defensoras de DDHH y se han integrado al mecanismo que se ha fortalecido.

 Sobre el tema de la protección, Villa Quintana preguntó si los servidores públicos que participan en labores de búsqueda también cuentan con la protección del mecanismo: “¿cuántos han perdido la vida en la investigación y búsqueda?”.

En este rubro, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, explicó que los servidores públicos no cuentan con la protección del mecanismo y que su protección es responsabilidad de la dependencia en la que trabajan.

Por otra parte, Villa Quintana subrayó que han pasado 5 años y todavía está pendiente el reglamento de la ley de desaparición y de la comisión nacional de búsqueda. “¿En qué estatus se encuentra este reglamento? ¿Por qué no se avanza después de 5 años?’’, lanzó.

Sobre los datos presentados por Irazoque, en cuanto a que de más de 4 mil jornadas de búsqueda, solamente en un 45 % hubo coordinación con fiscalías, Alban Alencastro remarcó que precisamente el CED insistió en conceder permisos de búsqueda para evitar entorpecimiento.

Alban Alencastro quiso saber las medidas adoptadas para que la judicialización sea prioritaria, cuántos procesos en trámite en el ámbito federal y local, cuántos por desaparición forzada y cuántos por otra clasificación jurídica.

“¿Cuántas órdenes de detención hay por este delito y cuántas se han ejecutado? ¿Cuántas sentencias condenatorias y cuántas absolutorias? ¿Cuántas mediante juicio?”.

Villa Quintana preguntó sobre las medidas del estado para dar seguimiento a las búsquedas colectivas con enfoque masivo, sobre todo que la búsqueda en vida sea prioritaria para el estado.

“¿Qué acompañamiento le da el gobierno y la CNB a las madres buscadoras?”.

La experta peruana cuestionó al gobierno sobre las medidas adoptadas para fortalecer el mecanismo para defensores de DDHH y periodistas en el contexto de 9 personas buscadoras asesinadas, de las cuales tres estaban protegidas por el Mecanismo, además han desaparecido 28 defensores del medio ambiente.

“¿Qué medidas concretas para defender a los defensores? ¿Cómo se evalúa su situación de riesgo? ¿Con qué recursos humanos cuenta el mecanismo?’’.

 El representante de Gobernación mencionó que se han destinado al Mecanismo 2 mil 500 millones de pesos y para el año próximo se sumarán otros 500 millones.

“¿Cuál es el apoyo económico para los familiares de las víctimas? Especialmente en lo que se relaciona a servicios de salud. ¿Qué presupuesto tiene la comisión especial de víctimas? ¿Qué recursos se les asignan?, volvió a preguntar Villa Quintana.

“México desprecia al CED y a los miles de desaparecidos” 

El gobierno de México pidió al CED modificar el formato del examen y hacerlo de manera híbrida. En la Ciudad de México se encontraba Irazoque y Pérez Gumecindo, quienes contestaron al grueso de las preguntas del CED.

En Ginebra, la delegación estuvo liderada por la embajadora Francisca Méndez; Roberto Armando de León Huerta, jefe de delegación alterno, así como el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería, Arturo Guerrero Zazueta, del Consejo de la Judicatura Federal.

Para fuentes cercanas a los exámenes de México por órganos de tratados, esta prueba contrastó con los pasados en los que asistían normalmente los subsecretarios de DDHH de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Por ejemplo, a la revisión del Comité contra la Tortura en mayo de 2019 asistió la entonces subsecretaria de Asuntos multilaterales y DDHH, Martha Delgado. De igual manera, Delgado asistió a la revisión del Comité de DDHH al que también pasó lista una nutrida delegación que incluyó a Karla Quintana.

“A diferencia de comparecencias anteriores, en esta ocasión decidieron mandar a funcionarios de nivel medio, lo que demuestra la poca importancia que le está dando México a este ejercicio. Con Peña Nieto se le daba más importancia”, dijo a Proceso Santiago Corcuera, expresidente del CED.

“Sobre todo si pidieron cambiar el formato a híbrido, no se entiende por qué no participó ni el Subsecretario de DDHH de Gobernación ni el de la cancillería’’, valoró.

Por su parte, Luis Abarca, coordinador del Comité Digna Ochoa que hace trabajos de base en Chiapas, dijo a Proceso que la idea del formato híbrido sirvió para diluir la fuerza del mismo y evitar así el diálogo directo.

“Hay una política del estado mexicano de negar, de minimizar el tema de las desapariciones forzadas a pesar de las cifras que son alarmantes’’, sostuvo.

Los funcionarios de la 4T “no contestaron a los cuestionamientos del Comité que fueron muy precisos, esto me parece muy grave’’. Mostraron mucho desprecio por el CED y por las víctimas, agregó.

“No reflejaron la situación de violencia generalizada que se vive en el país con zonas controladas por el crimen organizado. El Ejército y la Guardia Nacional siguen cometiendo ejecuciones, desapariciones forzadas y el gobierno niega esta realidad’’, dijo Abarca, quien lamentó que gobiernos morenistas fortalecen a ciertos cárteles de la delincuencia organizada y de ahí su crecimiento en territorios donde antes no tenían presencia, por ejemplo, en Chiapas’’, remató.