CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Colectivos de familiares de personas desaparecidas que pertenecen al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigieron una audiencia con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para “acordar una ruta de trabajo para la atención de puntos prioritarios de la agenda de desaparición y la designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB)”, ya que se ha agudizado la “crisis institucional” tras la renuncia de Karla Quintana.

Durante una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, representantes de 86 colectivos de familiares de víctimas de México y Centroamérica alentaron a un “diálogo abierto y transparente” que garantice sus derechos como familiares y los de sus desaparecidos, en seguimiento a las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED).

En la designación del relevo de Quintana, exigieron que se realice “bajo el principio de participación conjunta de las familias de personas desaparecidas, como lo establece la Ley General en materia de desapariciones, y se realice a la brevedad posible”.

A un año de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, reprocharon que continúe la deuda con las personas desaparecidas, cuyo registro oficial alcanza las 111 mil 49 víctimas, registrándose un “enfriamiento del diálogo, lo cual obstaculiza la participación de las familias y colectivos en las estrategias institucionales”, y agudiza el riesgo de quienes buscan a los suyos.

Acusaron al gobierno de López Obrador de llevar a cabo “ejercicios revictimizantes como el mal llamado ‘censo’, que de manera insensible parece mandar el mensaje de que quienes buscamos a personas desaparecidas en México exageramos o mentimos”, lo que forma parte de una estrategia gubernamental “por minimizar la crisis de la desaparición”.

Entre sus demandas, el MNDM pidió el fortalecimiento de la búsqueda en vida; atención a la crisis forense; investigación efectiva de todos los casos de desaparición; implementación de las herramientas de la Ley General; reforzar la búsqueda de personas de larga data y asumir los compromisos que surjan de la próxima revisión de las recomendaciones del CED, a realizarse el 13 y 14 de septiembre en Ginebra.

Sobre el llamado “censo de personas desaparecidas”, ordenado por el presidente López Obrador, Araceli Rodríguez, del colectivo Colibrí, que integra a familiares de siete policías federales y un civil desaparecidos en Michoacán, en 2009, contó el episodio “revictimizante” que le tocó vivir a ella y a su familia, cuando el 5 de agosto una empleada de la Secretaría del Bienestar y otro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron a un domicilio de Ciudad Netzahualcóyotl para preguntar por su hijo desaparecido, José Enrique León Rodríguez, quien fuera agente federal.

Araceli Rodríguez narró que los funcionarios llegaron al domicilio “de donde salió José Enrique en 2009”, pero donde ella ya no vive por amenazas, y le abrió una sobrina.

“Le preguntaron por mi hijo, si ya había regresado para bajar su ficha de búsqueda del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (y No Localizadas), mi sobrina les dijo que ella no era la persona indicada para dar la información, y le estuvieron diciendo que qué ocultaba y por qué no contestaba.

“Mi sobrina me marcó a mi celular, incluso escuché cuando le estaban insistiendo en por qué no daba la información, antes de que me pasara a una mujer, a la que le pedí su nombre, y le dije que estaba muy indignada porque mi hijo seguía desaparecido y eso lo deberían saber ellos”, apuntó.

La defensora cuestionó que no se haya presentado a los familiares de desaparecidos la metodología ni el cuestionario que están presentando los funcionarios de Bienestar y de la SSPC, ni mucho menos se les haya capacitado para interactuar con familiares de víctimas.

Rodríguez sostuvo que el nombre de su hijo no aparece en el Registro Nacional de Víctimas y que no ha podido abrir la base de datos del RNPDNO, que se subió al portal de la CNB en la víspera de la renuncia de Quintana.