TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Con marchas, plantones y pronunciamientos públicos, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos denunciaron y alertaron este miércoles sobre el grave aumento de personas desaparecidas en Chiapas en lo que va de la presente administración, pero principalmente del 2021 al 2023, donde las cifras oficiales contrastan con la realidad.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, principalmente, los activistas y defensores de derechos humanos tomaron las calles, las plazas o bien se plantaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para visibilizar a los desaparecidos en Chiapas.

En San Cristóbal de Las Casas, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, conformado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes Desaparecidos “Junax Ko’ontantik”, Melel Xojobal A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz) y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C., dieron a conocer datos y estadísticas que desnudan las cifras oficiales en Chiapas.

 Por ejemplo, Mele Xojobal dijo que de acuerdo con datos de 2022, la entidad es el cuarto lugar en desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Ello es aún más inquietante tomando en cuenta que las cifras oficiales presentan un subregistro considerable, del 2018 a la fecha. La organización Melel Xojobal contabilizó 2 mil 144 casos en contraposición a los mil 476 reportados oficialmente.

Del total de casos el 40 por ciento no han sido localizados. Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas concentran los mayores números. Sin embargo, este último municipio tiene la mayor tasa de desaparición en el estado, es decir es el lugar donde hay un mayor riesgo de desaparición para las niñas, niños y adolescentes.

La desaparición afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes representan el 70 por ciento de los casos.

En el marco de la campaña “Abrazando Ausencias. Alzando la voz hasta encontrarles”, también se dijo que “entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de junio de 2023 la Fiscalía General del Estado registró 201 Carpetas de Investigación por desaparición, mientras que en el mismo periodo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 810 desapariciones en Chiapas”.

“Más allá de cualquier cifra oficial, desde nuestra documentación y cercanía con familiares, observamos que la desaparición de personas en Chiapas, o de chiapanecos en movilidad, ha ido en aumento y es, por mucho, mayor a la reflejada por cualquier instancia del Estado. Negar y ocultar la problemática no es sino otra forma de complicidad”, dijeron los activistas.

Carlos Ogaz del Frayba, Jenifer Haza de Melel Xojobal, Emmanuel Bran-Guzmán de Voces Mesoamericanas y otros activistas presentes en el evento señalaron que la problemática de la desaparición en Chiapas atiende a múltiples causas que se entrecruzan y complejizan, por lo que el reto está en atenderlas de raíz.

Entre ellas, mencionaron la disputa entre grupos delictivos por el control del territorio; los riesgos que viven las personas migrantes durante su tránsito; la desaparición con fines de trata o de reclutamiento forzado; la violencia feminicida; así como la desaparición de defensores comunitarios y de los derechos humanos.

Indicaron que frente a las alarmantes cifras, observan un nulo interés por parte de las autoridades por indagar las causas de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, menos aún para cesar esta desafortunada tendencia.

Otro contexto importante de visibilizar es el de las personas migrantes desaparecidas durante su movilidad; ante ello se observa que los registros oficiales no consideran cuántas de las personas desaparecidas se encontraban en esta situación. Sin embargo, frente a la problemática se han articulado colectivos de familiares como es el caso de Comité Junax Ko’ontantik’, quienes visibilizan la existencia frecuente de este patrón.

Las organizaciones pidieron a las autoridades estatales reconocer de manera oficial la gravedad de la problemática y cesar cualquier estigmatización a quienes denuncian su atención, así como incluir en los registros oficiales el número de personas desaparecidas en situación de movilidad.

 De igual forma reclamaron a las autoridades gubernamentales asegurar la funcionalidad de la Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalías para poder dar seguimiento a los casos de manera oportuna. Ello, entre otros aspectos, a través de la existencia de presupuestos suficientes, así como de personal con capacidades técnicas, además de perspectiva intercultural y de género.

En Tuxtla Gutiérrez, Luis Abarca, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, y familiares de los desaparecidos Uberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El 26 de junio del 2023 desaparecieron Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez. Desde  esa fecha, sus familiares han exigido al Gobierno del Estado y la Fiscalía Especial para la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares su búsqueda inmediata.

Señalaron que esta búsqueda comenzó de manera tardía en Venustiano Carranza y solamente duró cuatro días.

 La organización Madres en Resistencia marchó en Tuxtla Gutiérrez, para exigir la aparición con vida de las mujeres y los hombres desaparecidos en Chiapas.

María de Lourdes Ramos Hernández y un grupo de hombres miembros de la Red de Víctimas de Desaparición Forzada de las Fuerzas Armadas, ex Policía Federal y Guardia Nacional, montaron un tendedero donde exhibieron a militares desaparecidos en diversos estados del país.

 Señalaron que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, muchos miembros de las fuerzas armadas han desaparecido, principalmente en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

Ramos Hernández dijo que también los elementos de las fuerzas armadas están siendo víctimas de este flagelo, por lo que urgió que a que los secretario de Defensa y Marina, intervengan, así como el presidente –como mando supremo de las fuerzas armadas en todo el país– para frenar esta ola de desapariciones forzadas que deja viudas, huérfanos y muchas otras familias cuyos padres, hermanos o hijos se formaron y trabajaron al servicio de la patria.