Ciudad de México (Proceso).-- Con 27 años, a cumplir el 23 de agosto, B. O., originario de Honduras, ha sido declarado muerto en tres ocasiones. Sobreviviente del incendio en la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo, su nombre --que se omite a petición de la víctima-- fue incluido en la lista de personas fallecidas en la conflagración y en dos ocasiones los médicos de alta especialidad en la Ciudad de México, a donde fue traslado junto con otros 11 a finales de marzo, pidieron a sus padres entrar al área de terapia intensiva a despedirse de él, porque “de esa noche no pasaba”.

En entrevista con Proceso, B. O. da cuenta de las vicisitudes que tuvo que pasar para intentar pasar por tercera ocasión a Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida, de la corrupción de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN) y los guardias de seguridad privada que resguardan las estaciones migratorias, así como de las dificultades de acceso a la justicia y a la atención médica y psicológica.

“Ninguno de los que sobrevivimos al incendio somos los mismos. Yo salí con 20 kilos menos del hospital, escupo flemas negras por haber respirado humo y siempre estoy tosiendo, no puedo mover mi mano derecha y yo soy derecho. Me cortaron las alas, ya no puedo volver a intentar pasar a Estados Unidos porque no voy a poder trabajar”, dice B. O.

Él y otros siete sobrevivientes son representados legalmente por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), así como por el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi).

 B.O. tiene un reporte médico de quemaduras en el 20% de su cuerpo de manera particular en vías aéreas que le provoca expulsar flemas negras; una lesión en el plexo branquial, derivado muy probablemente de la mala manipulación de su cuerpo cuando fue sacado de la estancia incendiada, y que le ha dejado el brazo y mano derechos con escasa movilidad, además de sufrir problemas grastrointestinales, ansiedad e insomnio.

De acuerdo a un reporte de la FJEDD, los otros siete padecen de manera generalizada problemas respiratorios por las quemaduras en vías aéreas; dos tienen secuelas neuronales; lesiones en riñones; hay quemaduras en los rostros, manos, tobillos, y a uno de ellos le amputaron el brazo derecho y tiene quemaduras en el 80% del brazo izquierdo, así en la oreja derecha, abdomen, hombro y rostro, y otro más registró quemaduras de tercer grado en la mano izquierda, misma que tuvo que ser reconstruida.

“Impuesto de guerra”

Desde hace más de un año, B.O. había intentado cruzar a Estados Unidos, intentos que le costaron 15 mil dólares, y ocho años para reunir la cifra, trabajando como ayudante de mantenimiento en un supermercado.

“Yo no migro por querer ir a pasear a Estados Unidos, yo migro por querer algo bueno para mi familia y para mí y que en nuestro país no se da, hay mucha violencia, mucha corrupción, y uno pasa por estos países, por Guatemala, Belice y México, y es lo mismo, hay mucha corrupción”, dice B.O.

El joven hondureño cuenta que en su país el terror que generan las maras, quienes suelen cobrar el “impuesto de guerra” a todo comerciante o empresarios a cambio de su vida y la de su familia, provoca desazón constante, siendo el motor de la migración.

“Habrá quien me critique y diga que por qué no use mejor los 15 mil dólares que ahorre para abrir un negocio en mi país, pero si lo hacía, al otro día ya estaba la mara salvatrucha o la 18, u otras bandas más nuevas a pedir el impuesto de guerra, por eso las empresas cierran, porque tienen que pagar hasta a tres bandas distintas”, narra.

Por el monto que logró reunir, B.O. pagó a “polleros” para que, una vez llegando a Belice por tierra, fuera trasportado por canoa a Quintana Roo, donde fue trasladado al aeropuerto de Cancún y de ahí volar, en dos ocasiones a Reynosa y en la última a Ciudad Juárez.

“Viajamos siempre en grupos de ocho, y todo el tiempo es pagar sobornos, en el aeropuerto, los guías (polleros) nos dan un sobre amarrillo, y al pasar por Migración el encargado nos dice ‘no tienes algo para mí’, y le tenemos que dar el sobre para que nos deje subir al avión.

“En Ciudad Juárez, los que nos agarraron fueron los de la Guardia Nacional, a unos pasos del muro, nos encañonaron y nos dijeron, ‘llamen a sus guías, para ver cómo nos arreglamos’. Les estuvimos marcando durante 15 minutos, pero no contestaban, entonces nos dijeron que ya venían los de Migración (INM) y que ya no podían hacer nada por nosotros. Nos subieron a su camioneta y nos llevaron a la estancia donde ocurrió el incendio”, apunta el joven.

“No volveremos a ser los mismos”

De los tres intentos por pasar a Estados Unidos, en dos B.O. ha estado detenido en estancias migratorias del INM, una anterior en Reynosa, desde donde fue enviado de regreso a su país en avión. En otra ocasión logró pasar a Estados Unidos por Reynosa y fue detenido antes de llegar a Mac Allen por agentes de la Patrulla Fronteriza estadunidense. Fue deportado por avión a Tegucigalpa.

De la experiencia de haber estado en dos estancias migratorias, B.O. sostiene que todas ellas “están en riesgo de que ocurra lo que en (Ciudad) Juárez. No hay ventilación, no hay extintores, tanto los guardias como los de INM le piden dinero a uno para comida o cigarros o para dejarte salir y no deportarte a tu país. Eso cuesta entre 800 y mil dólares”.

Agrega que llegó a ver a migrantes consumiendo drogas, vendidas por los mismos guardias de seguridad o los agentes del INM, a otros portando armas blancas y vio como encendían cigarrillos provocando cortos circuitos, ante los ojos de los agentes del INM.

“Pero que a mí me pongan con una persona que es peligrosa, que entra a la estancia con armas, con drogas, en un espacio reducido con 50 o 30 personas es muy malo.

“Llegué a ver en Reynosa gente de Guatemala que ya llevaban 20 días encerrados, no se por qué hacen eso si migrar no es un delito; se olvidan que también hay mexicanos que migran, que quieren ir a Estados Unidos”, resalta B.O., quien contó sus experiencias con el INM a senadores de la comisión especial encargada en elaborar un informe sobre el incendio de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez. 

En víspera de que se cumpla un mes más de los hechos, el joven hondureño pide justicia para él y para sus compañeros, tanto los sobrevivientes como para las víctimas fatales.

“Justicia para mí es que los que iniciaron el fuego paguen por lo que hicieron, pero también las autoridades, porque si hubieran hecho algo por tratar de apagar el fuego, por abrir las puertas, tal vez hubiera habido lesionados, pero no todos los que hay. Me parece muy irónico que el comisionado (Francisco Garduño) siga en su puesto, de declaraciones sobre el caso.

“Se dice fácil decir ‘cuarenta’, pero decir ‘cuarenta muertos’, no es tan sencillo, porque son padres que ya no están más para sus hijos y para sus esposas, son hijos que ya no van a ayudar a sus padres o a sus familiares, y quienes sobrevivimos, nunca volveremos a ser los mismos, nos cortaron las alas, ya no podremos trabajar ni ayudar a nuestras familias”, puntualiza B. O.

Desde la representación de ocho de los sobrevivientes, Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la FJEDD, refiere que en materia de acceso a la justicia, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido exhaustiva ya que “ha omitido actuaciones importantes relevantes con el antes y el después” del incendio que cobró la vida de 40 personas.

De la revisión de 17 tomos y cinco anexos que la FGR le entregó parcialmente a la representación de ocho de las víctimas, la abogada destaca que la dependencia evade investigar sobre “por qué estaban detenidos los migrantes, cuál era su situación jurídica, cuánto tiempo llevaban ahí, por qué estaban detenidos cuando no es un delito migrar y todo esto no está investigado en la carpeta”.

Recuerda que se tuvo acceso a la carpeta de investigación dos meses después de los acontecimientos y que la FGR le ha negado alguna información alegando que las organizaciones de la sociedad civil no representan a la totalidad de las víctimas, “lo cual es una aberración jurídica, porque estamos hablando de un solo hecho, no se puede determinar en qué parte el incendio afectó a la víctima que representas y en que parte no”.

La defensora apunta que lo que revela el incendio del 27 de marzo forma parte de las fallas de la  política pública en materia de migración; es decir, “estamos en un hecho que se fue al extremo y que esta tragedia es responsabilidad  del Estado mexicano, porque no se previó desde el primer momento en que se crearon las estancias migratorias cuáles eran serían los lugares que pudieran brindar seguridad a los migrantes y no ponerlos en riesgo, lo que va de la mano de no violar los derechos humanos del migrante”.

Abunda que el hecho pone en cuestionamiento el trato que se da a las personas migrantes, “desde cómo se detiene al migrante, quién lo detiene, las formas que se utilizan y luego el lugar donde se lleva para mantenerlo detenido, ya estamos hablando de diversas violaciones, y yo me atrevo a decir, a responsabilidades que podrían ser penales por parte de las autoridades de migración y las policías que intervengan, sea Guardia Nacional o policía estatal”.

Tras resaltar que al menos durante los últimos 10 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos ((CNDH) ya emitido más de 80 recomendaciones al INM, Valdez apunta que los hechos ocurridos en Ciudad Juárez alentarían a preguntarse “qué está pasando con los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la seguridad de los migrantes, desde los guardias de seguridad pero también el personal administrativo, médico y psicológico”.

Pese a la gravedad de los hechos, Yesenia Valdez lamenta que no han provocado cambios en la actuación del INM, “en voz de los propios migrantes sabemos que siguen padeciendo y sufriendo violaciones a sus derechos humanos, que en el sur del país siguen en incremento los secuestros en contra de migrantes o las extorsiones; sigue el trato indigno por parte de funcionarios del INM a cualquier tipo de migrante de cualquier nacionalidad. No vemos cambios en verdad y mucho menos cambios estructurales en la política migratoria”.

Ante episodios divulgados por el gobierno  federal, como mostrar imágenes del comisionado del INM Francisco Garduño pintando la fachada de la estación migratoria de las Agujas en Ciudad de México, la abogada de la FJEDD hizo un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que “ha manifestado desde el primer día ser un  gobierno diferente, a no ser como los otros gobiernos, y es la oportunidad que tiene este gobierno para marcar la pauta y mostrar que quiere hacer las cosas diferentes con relación a la política migratorias y con relación a los migrantes”.