CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que ayer Óscar Zamudio, abogado del exdirector de Pemex Carlos Treviño, fue vinculado a proceso acusado por la FGR del delito de abogados, la Fiscalía le lanzó una nueva advertencia: procederá penalmente contra él ahora por el delito de extorsión supuestamente cometido por denunciar al titular de dicha institución, Alejandro Gertz Manero, y al fiscal Juan Ramos López por tortura.

En tanto, la defensa de Zamudio responsabilizó a Gertz Manero, Ramos López y a los fiscales Manuel Granados Quiroz y Cristian Ramírez, estos últimos encargados de la investigación en su contra por delitos de abogados en la modalidad de alegar con conocimiento hechos falsos, de cualquier cosa que pueda ocurrirle a su cliente.

Ayer, durante la audiencia inicial contra Zamudio, la cual inició con tres horas de retraso y tuvo una duración de ocho horas y media, el juez de control José Rivas, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, vinculó a proceso al abogado de Carlos Treviño.

Al inicio de la diligencia la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez realizarla a puerta cerrada por considerar que se ventilarían datos de otras carpetas de investigación y procesos en curso que podían afectar la honra y el nombre de los involucrados.

Marco Tulio Martínez, abogado de Zamudio, afirmó que esto era un intento de la FGR por mantener en lo obscuro un proceso que por regla general debe ser público.

El juzgador rechazó la petición de la FGR al considerar que no estaba justificada.

“La excepción al principio de publicidad establece que se pueda afectar la integridad de una de las partes, que en este caso es la Fiscalía General de la República y el imputado, o alguna persona citada para participar en el proceso, pero la Fiscalía no ha acreditado nada de esto”, dijo el juzgador.

“No encuentro ninguna justificación y, por lo tanto, declaro infundada la solicitud de la FGR de aplicar la excepción al principio de publicidad”.

La FGR procedió penalmente contra Zamudio porque denunció a Gertz Manero y Ramos López de supuestamente torturar psicológicamente a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y a su familia para, con ello, lograr que denuncie a otras personas, entre ellas su cliente, Carlos Treviño, de posibles actos de corrupción.

Durante su exposición la FGR señaló que Zamudio utilizó los audios filtrados en redes sociales en los que se escucha al fiscal Gertz Manero hablar con Emilio Lozoya Thalmann, padre de Emilio Lozoya, y con Juan Ramos para dar instrucciones y presionar sobre cómo debía proceder el exdirector de Pemex para lograr ciertos beneficios en sus procesos penales.

La FGR indicó que esos audios derivaron de una intervención ilegal de comunicaciones y que por eso dichas pruebas no podían ser admitidas, lo que después fue confirmado por el juez Rivas.

Añadió que la denuncia que Zamudio presentó tenía como objetivo que se declaren nulos los actos de investigación y las declaraciones en contra de su defendido, Carlos Treviño, actualmente prófugo.

Zamudio cuestionó a la Fiscalía para que le indique cómo se acredita que él sabía que los hechos que denunció son falsos.

“Los servidores públicos tienen que ser sujetos de responsabilidades y denunciar es una forma de hacerlo y una denuncia es una relatoría de hechos. Si no nos dicen de qué manera creen que yo sabía que era falso lo que denuncié, tergiversan el tipo penal que me están imputando”, señaló Zamudio.

El fiscal Granados Quiroz le indicó que en noviembre de 2022 entrevistó a Lozoya y a su padre, quienes rechazaron haber sido torturados.

“Se sustenta en actos de investigación y en las resoluciones que se han emitido en las que se confirmó que usted denunció sin tener pruebas ni interés jurídico y que su denuncia no debía tener como objeto la nulidad de declaraciones para favorecer a su cliente”, dijo el fiscal.

“En el acuerdo de abstención de investigar del 21 de diciembre de 2022, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura señaló que ‘no debe pasarse por alto que los hechos denunciados fueron una simulación creada por ellos (Zamudio y Treviño) porque el propio Óscar Augusto Zamudio Campos señaló que los hechos los creó con información obtenida de medios de comunicación”.

Indicó que Lozoya Thalmann afirmó que alguna vez llegó a conocer a Zamudio y Treviño, pero que no autorizó a ninguno de ellos a denunciar en su nombre ninguna tortura.

Mientras que Emilio Lozoya Austin dijo que no conoce a Zamudio y que no lo autorizó para denunciar a su nombre y que “no ocurrieron hechos en los términos señalados por quien los denunció”.

En su denuncia, Zamudio solicitó suspender la fecha de audiencia fijada para imputar a Carlos Treviño por lavado de dinero, por lo que el fiscal consideró que el abogado actuó maliciosamente al denunciar hechos falsos y lanzó la advertencia de que la FGR podría proceder en su contra por el delito de extorsión.

“Los audios de una conversación entre otras personas (Gertz, Ramos y Lozoya Thalmann) son ilegales y, por lo tanto, no debió exhibirlos como prueba anexa a su denuncia, y presionó a través de medios de comunicación como para intentar una extorsión en bien propio y de su cliente.

“Es por eso, que en este momento esta Fiscalía General se reserva el derecho para proceder posteriormente en su contra por el delito de extorsión, pues lo que usted cometió fue un verdadero atentado al ejercicio de la abogacía”, enfatizó Granados Quiroz.

Por lo que Marco Tulio Martínez, abogado de Zamudio, consideró que el actuar de la Fiscalía era un intento de criminalizar el ejercicio de la profesión de derecho y lanzó la advertencia de que si le llega a pasar algo a su cliente los responsables serán el fiscal general, Juan Ramos y los dos fiscales presentes en la audiencia.

“Es irresponsable la afirmación que hace la defensa porque para que yo no incurra en esto tendría que estar cuidando al imputado en todo momento para que no le pase nada”, reviró el fiscal Granados Quiroz.

Pese a los señalamientos de la defensa de Zamudio Campos, el juez Rivas determinó vincularlo a proceso pues, sin tomar en cuenta que es posible que el titular de la FGR actuó de manera incorrecta e ilegal en el caso Lozoya al hacer recomendaciones a su padre y exigirle que cambie de abogado y se desista de amparos, consideró que como abogado tenía el deber de conocer las consecuencias de presentar una denuncia afirmando hechos que ni siquiera le constaban.

“La intención y de la redacción del escrito de denuncia no era la de inculpar, sino que sirviera como medio defensivo para que utilizara esa denuncia para que impactara en la carpeta de investigación en contra de su defendido y con ello se nulificaran las declaraciones en su contra”, enfatizó el juez.